Sumario: 1. Los sistemas de gobierno; 1.1. Sistema parlamentarista; 1.2. Sistema presidencialista; 1.3. Sistema semipresidencialista; 2. El sistema de gobierno en la realidad del Estado peruano; 3. Los sistemas de gobierno en Latinoamérica; 3.1. El sistema de gobierno en Chile; 3.2. El sistema de gobierno en Ecuador; 3.3. El sistema de gobierno en Argentina.
1. Los sistemas de gobierno
A efectos de poder iniciar con el desarrollo del tópico denominado «Los sistemas de gobierno», resulta necesario que previamente se proponga una definición de Estado. Por eso, lo definiremos como:
[…] un mecanismo, que se formó de manera voluntaria y que ha resultado ser útil, para lograr una adecuada organización de la sociedad a efectos [de] alcanzar una apropiada convivencia social con estándares mínimos de desarrollo y dignidad; dicho esto, queda claro que el fin inmediato de todo Estado será el desarrollo, bienestar y dignidad de la ciudadanía en general[1].
Así las cosas, podemos indicar que el Estado se encuentra constituido por el conjunto de personas que conforman al pueblo, quienes se encuentran asentadas en un ámbito territorial con soberanía.
En complemento, podemos precisar que:
En la vida moderna los pueblos hacen uso de esa soberanía para establecer un orden jurídico coactivo, en el cual regulan sus actividades como individuos aislados o como pueblo en conjunto. Surge así de este ordenamiento jurídico creado por el estado con su personalidad política, dos tipos de personas jurídicas: Las personas jurídicas individuales, correspondientes a cada uno de los seres humanos, y la persona jurídica estatal, correspondiente a la totalidad de ellos, tomados como conjunto[2].
En razón a lo expuesto, queda claro que el Estado es quien ostenta y ejerce el poder que le ha sido otorgado por el pueblo a efectos de gobernarlo y lograr una adecuada convivencia en sociedad. Así, para lograr tales fines, se requiere de un determinado sistema que le permita organizar y hacer funcionar a todo el aparato estatal, sobre la base de una serie de objetivos y elementos consustanciales.
Dicho esto, podemos definir a los sistemas de gobiernos como la interacción del conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que dan paso a las decisiones, en comunicación e influencia recíprocas con el medio[3], la cual «[s]e compone de valores que orientan la acción política, de normas que guían el comportamiento, de colectividades que le dan sentido y de papeles específicos que los actores y grupos políticos cumplen» [4].
[Esto] abarca el conjunto de procesos y funciones que permiten definir y alcanzar los objetivos de gobierno de una sociedad, e implica decisiones que movilizan recursos materiales y humanos y que conllevan acciones colectivas y la regulación y coordinación de las relaciones entre los actores y los grupos de actores que integran el sistema político [5].
Bajo este orden de ideas, podemos concluir que los sistemas de gobierno constituyen un conjunto de acciones, interacciones, relaciones y demás, que permitirán procesar y adoptar de manera legítima decisiones en el marco y desarrollo de una sociedad. Es importante tener en consideración que el sistema que adopte cada tipo de sociedad responderá a una serie de parámetros históricos, sociales, culturales y coyunturales, que buscarán lograr los objetivos comunes planteados y superar los conflictos existentes.
Ahora bien, tenemos que precisar que, dentro de los sistemas de gobierno más trascendentales, encontramos al parlamentarista, presidencialista y semipresidencialista. Estos son los sistemas de aplicación más usual en la mayoría de los países a nivel latinoamericano y hasta mundial.
1.1. Sistema parlamentarista
Con relación a este sistema, cabe señalar que tiene una serie de distintivos muy particulares, tales como:
(i) la existencia de un jefe de Estado y un jefe de Gobierno, que reposan en personas distintas y que genera una dualidad en el Poder Ejecutivo; siendo este último el que ejerce la función política del Estado;
(ii) la responsabilidad política del Poder Ejecutivo, quien es el que gobierna, con relación al parlamento, quien es el que le brinda la confianza para gobernar; y,
(iii) la existencia de mecanismos de control político entre el parlamento y el Poder Ejecutivo, de ida y vuelta; por lo que es posible que el jefe de Estado pueda ordenar la disolución del parlamento si tiene motivos específicos.
Como uno de sus aspectos más resaltantes podemos precisar lo siguiente:
[…] el gobierno nace del Parlamento [y] tiene responsabilidad política ante éste […], la misma que se traduce en la posibilidad de un voto de censura al gabinete o un voto de no confianza, con lo cual se produce la caída del gobierno y la convocatoria a nuevas elecciones. Como contrapartida, el gobierno puede solicitar al jefe de Estado la disolución de la Cámara de Representantes. […] Por lo tanto, todo mecanismo que suponga control político, como la interpelación ministerial, la censura, y otros, además de instituciones como el voto de investidura, la cuestión de confianza, son típicos del régimen parlamentario[6].
Dentro de este tipo de sistema, queda claro que la agenda de gobierno y su ejecución depende en mayor parte del parlamento, por lo que dicho poder estatal jugará un rol predominante en el desarrollo de la sociedad a la que pertenezca; por ello, se puede afirmar que recae un alto grado de responsabilidad en sus espaldas.
1.2. Sistema presidencialista
Este sistema cuenta con una serie de particularidades, tales como:
(i) la existencia de un presidente de la República, sobre quien recae la calidad de jefe de Estado y jefe de Gobierno, lo que genera un Poder Ejecutivo monista;
(ii) la confianza para gobernar tanto del Poder Ejecutivo, como del parlamento, nace de la elección popular, por lo que no existe responsabilidad política del Poder Ejecutivo ante el parlamento; y,
(iii) la inexistencia de mecanismos de control político entre el parlamento y el Poder Ejecutivo, que son propios del régimen parlamentario o del parlamentarismo.
Dentro de sus principales aspectos, podemos indicar lo siguiente:
Estados Unidos es el paradigma del régimen presidencial, es su progenitor. La mayoría de países latinoamericanos y algunas repúblicas africanas lo han adoptado, incorporando figuras como el refrendo ministerial, el voto de investidura, la existencia de un Primer Ministro, entre otras instituciones propias del régimen parlamentario, con el único fin de adaptarlo a cada una de sus realidades socio políticas. […] Al ser el Presidente de la República jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene la potestad para designar y remover a su jefe de gabinete, y con la anuencia de éste a los demás miembros que encabezarán cada una de las carteras ministeriales. […] Este rasgo típico del régimen presidencial permite que el gobierno ejerza el poder aunque carezca de mayoría en el Congreso o en una de las cámaras[7].
Para el caso del sistema presidencialista, la formulación y ejecución de la respectiva agenda de gobierno recaerá sobre el Poder Ejecutivo, específicamente en el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y jefe de Gobierno, para lo cual se valdrá de su respectivo gabinete, quienes tendrán la tamaña responsabilidad de lograr el desarrollo de su sociedad.
1.3. Sistema semipresidencialista
Este sistema se distingue por:
(i) la existencia de un jefe de Estado, que es elegido por elección popular, no cuenta con responsabilidad política frente al parlamento y se materializa en el presidente de la República;
(ii) la existencia de un jefe de Gobierno, que suele recaer sobre el primer ministro;
(iii) la facultad por parte del jefe de Estado de designar al jefe de Gobierno, quien se mantendrá en su cargo mientras goce de la confianza del parlamento; y,
(iv) la existencia de mecanismos de control político, como el voto de censura del gabinete y jefe de Gobierno, y, la facultad de disolución del parlamento por parte del jefe de Estado.
Entre sus rasgos más predominantes, podemos indicar lo siguiente:
[…] Este modelo político lo tiene Francia en la teoría, en su Constitución. En la práctica, las funciones que desempeña el presidente francés escapan lo meramente protocolar, extendiéndose a ciertos actos de gobierno. […] Aunque el primer ministro y el presidente comparten el poder de gobierno, el segundo designa al primero, y con acuerdo de éste al gabinete ministerial; pero el presidente no puede remover al premier y a su gabinete, si éstos cuentan con la confianza del Parlamento. Por lo demás, está vedado en Francia que un ministro sea a la vez miembro del Parlamento, lo que marca la diferencia con el sistema inglés y obviamente con el nuestro[8].
Asimismo, podemos agregar que:
El sistema semipresidencial o mixto avanza en una dirección distinta de los sistemas presidenciales y parlamentarios. En este sistema la división de poderes tiene un grado mayor de complejidad que en los anteriores, porque el Ejecutivo y el Legislativo están al mismo tiempo separados y unidos[9].
Podemos advertir que el sistema semipresidencialista establece un punto medio entre los sistemas parlamentarista y presidencialista, pues busca que tanto el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente de la República, como el parlamento adopten diversas responsabilidades en el desarrollo de la sociedad.
2. El sistema de gobierno en la realidad del Estado peruano
Para iniciar el presente acápite, consideramos necesario tener en cuenta que:
En el Perú, como en la mayoría de países latinoamericanos, al iniciarse la vida independiente y republicana se adoptó como forma de gobierno el régimen político de tipo presidencial, inspirado en el «modelo» de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se sabe, el régimen presidencial clásico o «puro», de raíz estadounidense, se caracteriza por la elección popular (indirecta) del presidente de la República (por medio de colegios electorales integrados por «compromisarios» de cada Estado, según la votación popular), con un Poder Ejecutivo unipersonal donde el presidente ejerce simultáneamente las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno[10].
Mientras que, para el caso específico del Perú:
[…] ha existido siempre la necesidad de controlar el poder presidencial, recogiéndose con cierto temor el sistema presidencial puro o clásico, que como hemos señalado aparece en Estados Unidos. Así, desde las primeras constituciones se fueron incorporando elementos propios del sistema parlamentario. Sin embargo, el resultado, en los textos constitucionales y en la realidad política ha sido siempre una asignación de poder significativamente grande a favor del presidente de la república en desmedro de otros organismos del Estado y en particular, del Congreso[11].
En dicho contexto, el Estado peruano ha optado por tomar el régimen presidencialista, no obstante, atendiendo a una sucesión de aspectos históricos, sociales, culturales y coyunturales, ha ido adoptando una serie de características del régimen parlamentarista. Esto ha ocasionado que en la práctica se cuente con un sistema de gobierno mixto o híbrido, pero con mayor tendencia hacia el régimen presidencialista.
Dentro de dichas características, podemos encontrar:
(i) el refrendo de los ministros respecto de los actos presidenciales;
(ii) la interpelación, la censura y el voto de confianza de los ministros frente al congreso de la República;
(iii) la posibilidad que los congresistas puedan ejercer funciones de ministro de Estado; y,
(iv) la existencia del presidente del Consejo de Ministros, como jefe del gabinete ministerial y del Consejo de Ministros.
Así las cosas, tenemos que
[…] incluso dentro de esta característica «híbrida» del régimen presidencial imperante en muchos países latinoamericanos, el caso peruano resulta particularmente interesante. Y es que se trata del régimen político latinoamericano que incorpora, bajo un esquema de tipo presidencial, la mayor cantidad de instituciones de origen parlamentario, insertadas con la intención de establecer límites y contrapesos frente al significativo poder real del presidente de la República[12].
Consideramos que dentro de las razones que dieron lugar al llamado régimen mixto o híbrido, adoptado por el Estado peruano, guardan especial trascendencia las históricas, en el sentido de que en su desarrollo político ha existido una gran cantidad de Gobiernos de facto, militares, autoritarios, entre otros. Dichas razones motivaron la imposición de límites propios del régimen parlamentarista a efectos de evitar abusos del poder presidencialista.
Sin embargo, es importante traer a colación que, en la actualidad, dichas soluciones conllevaron una serie de problemas que ya van arrastrándose desde un tiempo considerable, puesto que tales mecanismos han sido utilizados indebidamente por parte de parlamentos mayoritariamente opositores, materializando actuaciones antagonistas y obstruccionistas respecto de la ejecución de la agenda política planteada por el Poder Ejecutivo. Ello ha impactado negativamente en la población, básicamente por la inestabilidad política generada.
En tal sentido, en atención a las diversas razones que motivaron la materialización de un régimen mixto o híbrido por parte del Estado peruano, podemos concluir que dicho régimen ha funcionado acorde a la posición mayoritaria que ha obtenido el Congreso de la República, llegando en casos extremos a obstruir el ejercicio de funciones y materialización de la agenda de gobierno establecida por el Poder Ejecutivo, bajo en mal llamado régimen presidencialista.
Dicho esto, queda en evidencia la necesidad de efectuar cambios para lograr un verdadero y adecuado equilibrio de poderes, que siempre pondere el bien común, puesto que las potestades que ostentan las autoridades del Gobierno no pueden utilizarse para fines políticos ni personales en desmedro de la sociedad, pues ello genera inestabilidad política.
Ahora bien, es importante mencionar que lograr tales cambios importa realizar modificaciones a nivel constitucional, lo que, como es de conocimiento general, no es una tarea fácil de realizar, sino que implica un consenso mayoritario por parte del Congreso de la República y, a su vez, una agenda consensuada de este con el Poder Ejecutivo, al menos en dicho aspecto, lo cual, deberá ser evaluado de manera minuciosa y responsable a efectos de que no se generen consecuencias negativas y colaterales, como las ya mencionadas.
Así las cosas, consideramos que existe una ardua tarea por parte de nuestras autoridades, puesto que no pueden ser indiferentes frente a la realidad que nos acontece y que afecta el adecuado desarrollo de la población —que se encuentra conformada por las personas—, máxime porque, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política del Perú, el fin supremo del Estado es la vida de la persona humana en dignidad.
3. Los sistemas de gobierno en Latinoamérica
Latinoamérica es una de las regiones que ha sufrido en mayor parte de su historia reacomodos democráticos históricos, teniendo al presidencialismo como sistema de gobierno. Sin embargo, no se ha generado una tradición democrática, pues las marchas y contramarchas no han fortalecido plenamente sus instituciones; por eso, este es uno de sus principales retos en la actualidad. Aunque no existan tanques en las calles, el autoritarismo, los modelos de gobierno caducos y la tiranía son tareas pendientes para la región, además de la deuda con sus habitantes.
Otro elemento importante es la devaluación de los sistemas de partidos políticos en Latinoamérica, ya que ahora se orientan al mercantilismo y han dejado de tener presencia en su agenda los temas ideológicos y programáticos. Por eso, la calidad de los cuadros que ingresan a ser parte del Estado no conocen la cosa pública, por ende, las gestiones se tornan deficientes y no llegan a solucionar los problemas que tienen los ciudadanos en el día a día.
Por otro lado, los sistemas de gobierno en América Latina, con motivo de la pandemia, han demostrado que tiene muchas deficiencias en la gestión pública. Los presupuestos y las reservas se utilizaron en función de pensamientos populistas y clientelistas, no midiendo una situación como la que se afrontó en los últimos tiempos. Esto ha ocasionado mayores fisuras sociales como consecuencia de la pobreza que se ha incrementado, lo que conllevó los conflictos sociales a nivel de la población.
Además, podemos advertir que esta región tiene una constante de generar caudillismos que no tienen más que una duración de pocos años y que solo buscan en la perpetuación del poder su legitimidad, sobre la base de reformas que solo apuntan a una estancia mayor de su régimen.
Así las cosas, el análisis de los sistemas de gobierno que realizaremos a continuación se trata de tres países que, si bien sus sistemas de gobierno han ido evolucionando, también han sufrido interrupciones de sus democracias. Así, podemos decir que Chile, Ecuador y Argentina han tenido una evolución parecida a nuestra democracia, ya que fueron gobernados por juntas militares. Quizá en muchos casos los gobiernos militares, a través de una puerta de entrada en el presidencialismo, fueron los que abrieron grietas para tener democracias endebles en estos países.
3.1. El sistema de gobierno en Chile
Chile es un país situado al sur del Perú. Con una población que bordea los 19 millones de habitantes, ha sido un modelo para la región latinoamericana por muchos años, por su crecimiento económico y su paz social. Sufrió la envestidura de dos Gobiernos militares de 1927 a 1931 y de 1973 a 1990, siendo esta última la que marcó la estructura de la democracia actual que gozan los chilenos, incluida la carta magna actual que está en discusión y que pronto será cambiada.
Según su Constitución política, Chile es un estado unitario, una república democrática, y su soberanía reside principalmente en la nación. En el artículo 24 de su Constitución se indica lo siguiente:
El Gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
El sistema presidencialista es el que mayor peso tiene dentro del sistema de gobierno chileno. El presidente, con una serie de atribuciones, es el funcionario público con mayor poder en el Estado. El Poder Legislativo chileno está constituido por 2 cámaras: la cámara de diputados y la cámara de senadores, el otro poder del estado es el judicial que también, según la Constitución, es autónomo: ni el ejecutivo ni el legislativo tienen injerencia en él. El sistema de gobierno chileno, además de sus 3 poderes del Estado, cuenta con instituciones regulatorias que buscan mejorar la calidad de los servicios de los ciudadanos.
En el ámbito administrativo, en el interior del Estado, Chile está dividido en 16 regiones, las cuales están integradas por provincias, y estas, a su vez, están formadas por comunas (las municipalidades en la realidad peruana). Hay que señalar que el intendente está a cargo de la región, y el gobernador, de la intendencia. Este último es designado por el presidente, mientras que el alcalde es elegido mediante un proceso de voto popular en elecciones.
La descentralización en el país del sur, si bien ha tenido como objetivo primordial que los servicios sean iguales en todo el territorio, no se ha logrado. Según el Índice de Desarrollo Comunal Chile 2020, ha existido desigualdad en forma muy alta en 8 comunas y en otras 8 se ha dado el desarrollo de forma satisfactoria. Es muy probable que esto se haya debido a diversos factores. Sin embargo, el sistema de gobierno en Chile ha sufrido reveses, por lo que hoy en día el ejecutivo ha convocado a elecciones para una nueva constituyente y elegir una nueva carta magna.
Por muchos años, Chile ha sido ejemplo de muchos países, por la alternancia de poder que se venía dando después del régimen militar. Pese a ello, el sistema de gobierno actual, debido a que no ha cubierto las demandas de la población, es probable que sea reformado a partir de una nueva carta magna.
Para los chilenos, sus sistemas de gobierno han sido ineficientes, por eso no tienen confianza en sus instituciones. El proceso de esta desconfianza se ha generado en un horizonte desde que el régimen de Pinochet dejara el poder. En los primeros años de democracia, el modelo económico, por ejemplo, ayudó a que el país pueda tener un crecimiento interesante; sin embargo, estos mismos sistemas llevaron a que poco a poco el modelo económico necesite reformas para que pueda llegar a satisfacer las necesidades y demandas de la población.
Esto no implicaba quizás un cambio de Constitución, sino algunas reformas. Sin embargo, el pueblo optó por la opción del cambio de la carta magna, y en ese camino van debido a que no se presintió este escenario por Gobiernos anteriores, pues no se hicieron los ajustes necesarios para evitar ese escenario.
Hoy están a puertas de escribir una Constitución y la expectativa de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos es grande. No obstante, el cambio también se debería dar por el dinamismo de los sistemas de gobierno y hoy esa oportunidad se encuentra con mayor viabilidad; un Gobierno más abierto y participativo sería la alternativa ideal.
3.2. El sistema de gobierno en Ecuador
Ecuador es un país que se ubica al norte del Perú. Con una población aproximada de 17 millones de habitantes, siempre ha mantenido una inestabilidad institucional en muchos casos. A finales de la década del 70 del siglo pasado regresó a un sistema democrático. En la historia de este país también se han dado etapas de presencia de las fuerzas armadas como conductores del gobierno.
Un dato importante para entender por qué muchas de las políticas elaboradas por los sistemas de gobierno en América Latina no son ejecutadas de manera adecuada, como en el caso de Ecuador, es que 3 de cada 4 ciudadanos en nuestra región tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, según los informes de la CAF, por lo que muchos de estos sistemas están desgastados totalmente.
Ecuador tiene un sistema presidencialista que conjugaba un sólido sistemas de partidos, con incidencia en los poderes constitucionales como en poderes políticos, y tiene en el Poder Legislativo el ejercicio de controlar y fiscalizar. En esta época de la historia ecuatoriana, el legislativo es un actor clave en temas como la aprobación del presupuesto; el ejecutivo podía expandir decretos ley, y ambos debían de ponerse de acuerdo en el nombramiento de algunas autoridades.
En el 2008 se escribió una nueva Constitución, la cual, en su artículo 1, define al Estado ecuatoriano de la siguiente manera:
El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y de manera descentralizada.
Así, podemos evidenciar que Ecuador es una república con una división de poderes como en todos los sistemas de gobierno de Sudamérica. El Poder Ejecutivo en Ecuador está constituido por la Presidencia de la República, ministerios, gabinetes sectoriales, secretarías técnicas y consejos. El Poder Legislativo está conformado por la Asamblea Nacional, que es unicameral. En cuanto a la función judicial, Ecuador tiene un Poder Judicial autónomo que incluye a una justicia indígena. Los órganos que administran justicia son la Corte Nacional de Justicia, las cortes nacionales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los juzgados de paz. La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado completan el Poder Judicial de Ecuador.
Con respecto al sistema de gobierno al interior de la república, Ecuador tiene una división regional, tal como consta en su Constitución del Estado, y estos son órganos autónomos que cuentan con un gobernador regional. Están también las prefecturas, que tienen como autoridad un prefecto. Los cantonales cuentan también con una autoridad que es el alcalde. El último nivel de gobierno son los distritos, que tienen autonomía para ejercer su administración.
Si bien la distribución del gobierno está dividida en distintos niveles, lo que significa un esfuerzo por parte del Estado en tener presencia y llegar a todos los ciudadanos, esta no ha sido acertada. Tal como se da en la actualidad en varios países de la región, el desgaste ha sido grande por parte del aparato estatal. Esto y más se refleja en un informe presentado por diversas instituciones transnacionales:
Los sistemas políticos con niveles bajos de legitimidad política se encuentran limitados a la hora de enfrentar la crisis […] Junto con la supervivencia y la estabilidad del régimen, la legitimidad política es necesaria para que un gobierno sea efectivo y para que la sociedad prospere[13].
Esta crisis fue la que la desmembró el sistema de gobierno ecuatoriano en el gobierno de Lenín Moreno, por la poca fortaleza de su forma de gobierno. En la actualidad, el pueblo ecuatoriano se sostiene sobre la base del mismo sistema de gobierno, con un nuevo presidente. Como cada ciclo, se espera que esta vez la administración del Estado mejore y pueda estar al servicio pleno del ciudadano.
Ecuador vive una nueva etapa en la cual, sin embargo, en algunos niveles de gobierno, como los gobiernos locales donde podría tener la gestión del Estado mayores problemas, no tiene una gestión tan eficiente como la ejecución en el gasto público, temas pendientes en la agenda que son necesarios abordar a partir de este nuevo gobierno.
La convivencia social en armonía depende mucho en la actualidad, de la calidad de la administración de los sistemas de gobierno, por lo que se hace imprescindible mejorar estos sistemas, y de esta forma no se generen mayores condiciones para poner en riesgo la gobernabilidad. En Ecuador esta debilidad del Estado ha sido aprovechada para que se atente contra el sistema democrático, por lo que es importante también el fortalecimiento de sus instituciones.
3.3. El sistema de gobierno en Argentina
Argentina era uno de los países más ricos del mundo en el siglo pasado. Hoy, con una población de 45 millones de habitantes aproximadamente, es un país llevado por la recesión y diversas crisis políticas, económicas y sociales. Como consecuencia, en la actualidad tiene un Estado débil institucionalmente y con una serie de acontecimientos que han debilitado su sistema democrático.
Este país también ha tenido gobiernos militares, en el mismo horizonte de tiempo de nuestro país. El gobierno militar de Argentina abrió una de las heridas más grandes que tienen como sociedad. Fue una de las etapas más difíciles de este país latinoamericano.
Argentina tiene una forma de gobierno representativa, republicano federal, además de que cuenta con 3 poderes del Estado. El sistema de gobierno argentino, según su Constitución del Estado, tiene tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Sin embargo, existen algunas ideas sobre la crisis de legitimidad que afronta este país.
Los 3 poderes del Estado son el Poder Ejecutivo, constituido por secretarías; el Poder Legislativo, integrado por una cámara de senadores y una cámara de diputados, y el Poder Judicial, formado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. El Poder Legislativo tiene 2 cámaras, como lo habíamos mencionado anteriormente. La cámara de diputados tiene una representación directamente del pueblo y los senadores a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.
El artículo 5 de la Constitución del Estado argentino de 1994 refiere lo siguiente sobre las provincias:
Cada provincia dictará para sí, una constitución bajo el sistema representativo, republicano de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la constitución nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el gobierno federal, garante de cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Al decir que es un gobierno federal, se debe entender que es un régimen cuya organización política de una nación se rige sobre la base del federalismo; esto quiere decir que asocia a las provincias, estados, territorios a una organización política central. Hablar del federalismo es definirlo como un proceso dinámico y con numerosas fórmulas posibles de configuración. El esquema federal pugna por establecer la unidad dentro de la variedad sobre la base de los principios de autonomía y participación.
Esto quiere decir que el sistema federalista argentino busca una mayor integración de sus niveles de gobierno, los cuales pasaremos a describir a continuación. Argentina se divide en un Estado federal autónomo con 23 provincias. Estas provincias tienen un gobernador y un vicegobernador elegidos en el mismo tiempo, con periodo de mando de 4 años. Estos gobernadores son jefes supremos de la administración pública en su provincia, con las relaciones con el Estado central.
Esta división de la administración del país ayuda a la participación de los diferentes actores que están inmersos en la sociedad y en el Estado, aunque esto, en la realidad, no se ha dado en la Argentina. Por esta razón, no se ha podido desarrollar condiciones adecuadas para la mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios del ciudadano en Argentina.
En cuanto se refiere al Poder Legislativo, el escenario es polarizado en dos bloques, en la cámara de diputados y senadores. Ambas cámaras están en las mismas condiciones, con un número importante de representantes, pero con pequeñas fuerzas políticas, sin peso. Los ciudadanos, muchas veces, no se sienten representados por el legislativo. Los bloques son los que tendrían la facilidad para manejar la agenda parlamentaria.
Hay que señalar que el parlamento argentino tiene una renovación parcial, lo que genera una renovación de bloques y poderes constante. En la actualidad, en la cámara de senadores no se cuenta con una representación total del país. Este aspecto genera un descontento en la población. Por ejemplo, la Patagonia y el noroeste argentino (NOA) actualmente son las regiones que no tienen representación.
La Argentina, en sus gobiernos subnacionales, tiene mayor presencia con el partido oficialista, mientras que un porcentaje menor tiene representación del partido de oposición y de movimientos independientes. En esta configuración del poder, podría leerse, en líneas generales, que la fuerza política oficialista, al tener la administración de diferentes niveles del Estado, desarrollaría una mejor administración del Estado.
El sistema federalista, a diferencia de otros sistemas, podría ser una alternativa para poder satisfacer las demandas de la población de manera más eficiente. Sin embargo, por la debilidad de los sistemas de gobierno, no ha sido posible llegar a este nivel de eficiencia, por lo que es importante también que se generen cambios que permitan mejorar la gestión pública.
[1] Cáceres, Cristian. «El Estado haciendo empresa». En La abeja [en línea]: Disponible en: https://www.laabeja.pe/el-estado-haciendo-empresa/ [Consultado: 5 de setiembre de 2021].
[2] Gordillo, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 9: Primeros manuales. Libro II. Principios generales del derecho público. Buenos Aires: Fondo Agustín Gordillo, 1978, p. 577.
[3] Espinoza, Ricardo. Sistemas parlamentario, presidencial y semipresidencial. México: Fondo INEI, 1978, p. 13.
[4] Idem.
[5] Espinoza, Ricardo. Op. cit., p. 14.
[6] Cavero, Jans. «Notas sobre la disfuncionalidad del régimen presidencial en el Perú». En Revista del Foro Constitucional Iberoamericano, núm. 9, (2005), pp. 132-149.
[7] Idem.
[8] Idem.
[9] Idem.
[10] Eguiguren, Francisco. «El régimen presidencial ‘‘atenuado’’ en el Perú y su particular incidencia en las relaciones entre gobierno y congreso». En Tendencias del Constitucionalismo en Iberoamérica. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, pp. 357-388.
[11] Guzmán, Christian. «El sistema político peruano». En Blog de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental [en línea]. Disponible en: https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-sistema-politico-peruano [Consulta: 5 de setiembre de 2021].
[12] Eguiguren, Francisco. Op. cit.
[13] Carrión, Julio; Zárate, Patricia; Boidi, Fernanda y Zeichmester, Elizabeth. Cultura Política de la Democracia en el Perú y las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2020, p. 21.
