Jueza de Surquillo consideró Acuerdo Plenario 01-2016 de la Corte Suprema, que establece penas en casos de lesiones leves.
En no más de 90 minutos de audiencia, el Juzgado Distrital de Flagrancia de Surquillo dictó hoy dos años y 11 meses de prisión suspendida contra Lisbeth Obando Banchero, por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad en agravio del suboficial Hans Rivera Huamaní, así como de peligro común (conducción en estado de ebriedad) en perjuicio de la sociedad.
La jueza Celia San Martín Montoya dispuso también la inhabilitación de la licencia de conducir de la sentenciada por el mismo periodo de la pena, al igual que el pago de una reparación civil total de seis mil soles (tres mil a favor del Ministerio del Interior, dos mil a favor del agraviado y mil a favor de la sociedad).
La sentencia consideró el Acuerdo Plenario 01-2016 del Segundo Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema (de junio de 2016), el cual determina que, en el delito de violencia y resistencia contra la autoridad, la pena a imponerse será de tres a seis años cuando son lesiones leves, y de seis a 12 años cuando son lesiones graves.
En tal sentido, la magistrada indicó que el caso de Obando Banchero se configura como lesiones leves. Además, tuvo en consideración que la procesada, quien fue detenida en San Isidro tras agredir al policía, admitió los cargos y no registra antecedentes penales.
Por ello, le impuso 36 meses por violencia y resistencia contra la autoridad, y seis meses por conducción en estado de ebriedad. A la sumatoria de 42 meses se le aplicó la rebaja de un sexto de la pena por el beneficio de la terminación anticipada al que se acogió la inculpada, resultando un total de dos años y 11 meses de prisión suspendida.
Como reglas de conducta se ordenó a Obando Banchero cumplir con pagar la reparación civil (en dos partes: 7 noviembre de 2016 y 16 de enero de 2017), comparecer ante el juzgado, no cometer delito doloso ni ausentarse sin autorización judicial. De incumplir estas medidas, la jueza variará el carácter de la pena de suspendida a efectiva.
La gestión del doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, viene impulsando la implementación de juzgados descentralizados de flagrancia a través de alianzas estratégicas con concejos distritales, con el fin de acercar la judicatura al ciudadano e impartir una justicia más célere y eficaz frente a la delincuencia y delitos comunes.
[Fuente: Justicia TV]
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