¿Es seguro adquirir terrenos por acciones y derechos? Implicancias legales y qué documentos necesitas para protegerte

Escrito por: Sergio Tolentino Gutiérrez

Sumario: 1. Introducción, 2. Adquisición de terrenos por acciones y derechos: Definición, 3. Implicancias legales y riesgos, 4. Documentos clave para garantizar seguridad jurídica, 5. Procedimientos notariales y registrales, 6. Habilitación urbana y normativa aplicable, 7. Conclusiones.

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1. Introducción

La adquisición de terrenos mediante acciones y derechos se ha convertido en una opción atractiva para muchas personas que buscan invertir en bienes raíces a un costo menor. Sin embargo, este tipo de adquisiciones conlleva ciertos riesgos legales que pueden generar conflictos de titularidad y afectar la seguridad jurídica del comprador.
En este artículo, exploraremos qué significa comprar terrenos por acciones y derechos, sus implicancias legales, los documentos necesarios para evitar problemas y los procedimientos adecuados para garantizar una compra segura.

2. Adquisición de terrenos por acciones y derechos: definición

Comprar un terreno por acciones y derechos significa adquirir una parte de la propiedad sin que exista una delimitación física concreta. Es común en propiedades que no han sido independizadas ni inscritas adecuadamente en Registros Públicos.

Al adquirir derechos sobre un inmueble, el comprador obtiene una fracción ideal del terreno, lo que no garantiza una titularidad exclusiva sobre una parte específica. Esta situación puede generar inconvenientes al momento de vender, construir o inscribir la propiedad.

3. Implicancias legales y riesgos

Si bien la compra por acciones y derechos permite acceder a terrenos a un menor costo, también conlleva riesgos legales como:

• Falta de individualización del predio: Al no existir una delimitación física concreta, podrían surgir disputas con otros copropietarios.

• Dificultades en la inscripción: Si el terreno no está independizado, no se podrá inscribir en Registros Públicos – Sunarp.

• Posibles litigios: En caso de conflictos con otros compradores o herederos del vendedor, podrían generarse juicios largos y costosos.

• Limitaciones para la construcción: La falta de habilitación urbana podría impedir el acceso a servicios básicos como agua y luz.

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4. Documentos clave para garantizar seguridad jurídica

Para minimizar los riesgos mencionados, es fundamental contar con ciertos documentos que brinden respaldo legal a la adquisición:

• Contrato de cesión de derechos y acciones: Debe estar firmado ante notario y detallar con precisión los derechos adquiridos.

• Escritura pública: Si es posible, se recomienda formalizar la compra mediante escritura Pública para darle mayor validez legal.

• Certificado de búsqueda catastral: Permite verificar si el terreno tiene restricciones o está en litigio.

• Informe de zonificación y habilitación urbana: Indica si el terreno es apto para edificación.

5. Procedimientos notariales y registrales

Para garantizar que la compra de un terreno por acciones y derechos sea legalmente válida, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Firma del contrato ante notario: Es esencial formalizar la transacción con un contrato que especifique claramente los derechos transferidos (Escritura Pública), tener en cuenta que no hablamos de una firma legalizada, toda vez que, la firma legalizada solo otorga fecha cierta en que se suscribió el documento, muy distinto a la Escritura Pública que viene a ser el título de Propiedad.

2. Verificación en Registros Públicos: Antes de efectuar el pago, es importante comprobar la situación registral del inmueble.

3. Inscripción de la cesión: Si es viable, se debe inscribir el contrato en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

4. Independización y saneamiento legal: Para garantizar la propiedad exclusiva, se recomienda gestionar la independización del predio.

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6. Habilitación urbana y normativa aplicable

La habilitación urbana es un requisito fundamental para desarrollar proyectos en un terreno. Se deben tener en cuenta las siguientes normativas:

• Ley 29090 (Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones): Establece los procedimientos para la habilitación urbana.

• Reglamento Nacional de Construcciones: Define las condiciones para edificaciones según la zonificación del terreno.

Normas municipales: Cada municipio puede tener regulaciones específicas sobre uso de suelos y acceso a servicios.

7. Conclusiones

Comprar terrenos por acciones y derechos es una opción viable, pero requiere precauciones legales para evitar conflictos y asegurar la inversión. Es fundamental verificar la documentación, formalizar el contrato ante notario y evaluar la posibilidad de inscripción en Registros Públicos.

Si bien esta modalidad permite acceder a terrenos a menor costo, es recomendable contar con asesoramiento legal para evitar problemas futuros y garantizar la seguridad jurídica de la compra. Además, es importante considerar que la independización del terreno y su habilitación urbana serán claves para evitar limitaciones en su uso o desarrollo.

Otro punto relevante es que las regulaciones sobre este tipo de adquisiciones pueden variar en función de cada jurisdicción. Por ello, antes de concretar una compra, es recomendable informarse sobre las normativas locales y verificar si existen restricciones adicionales que puedan afectar la transacción y futura construcción.

Finalmente, para asegurar que la inversión sea rentable y legalmente sólida, los compradores deben exigir claridad en los términos de la cesión de derechos, solicitar informes legales sobre la situación del predio y considerar la asesoría de especialistas en derecho inmobiliario. De esta manera, se podrá minimizar el riesgo de conflictos legales y se garantizará que el terreno adquirido pueda utilizarse conforme a los intereses del comprador.

En el contexto actual, donde la adquisición de terrenos sigue siendo una inversión atractiva, la precaución y el conocimiento de las implicancias legales juegan un rol determinante en la seguridad y estabilidad patrimonial de los inversionistas. Una decisión informada y asesorada puede marcar la diferencia entre una inversión exitosa y un problema legal de difícil resolución.

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