La Defensoría del Pueblo nació en nuestro país con la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, con la necesaria finalidad de defender los derechos fundamentales de las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
La Defensoría del Pueblo tiene autonomía, ahí radica su potencia institucional, que es independiente de interese públicos o privados. En razón de su legitimidad, resulta vital que la ciudadanía sienta a la Defensoría del Pueblo como una institución no solo cercana, sino comprometida con la solución de sus problemas, y con la fiscalización de una correcta gestión estatal.
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El Congreso de la República tiene la misión de elegir al próximo defensor del Pueblo, después de cinco años de ser incapaz para ponerse de acuerdo, esperamos que esta vez se logre el consenso de los 87 votos. Dentro de la terna de aspirantes para asumir tan importante cargo, se hallan: Samuel Abad, Walter Gutiérrez y Enrique Mendoza. Esta elección debe ser abierta, transparente, y es medular que la ciudadanía conozca la trayectoria académica y compromiso con los derechos humanos de cada uno de ellos.
Para aportar un poco en ese sentido, compartimos con ustedes extractos de una interesante entrevista que hace algunos días, La República le hiciera a Samuel Abad Yupanqui, quien ha trabajado once años en la Defensoría del Pueblo y veinticinco como docente. Asimismo, es autor del libro El proceso constitucional de amparo, y de centenares de artículos de investigación sobre derecho constitucional, además es una referencia obligada para quienes cultivamos esa rama del derecho. En esta entrevista, Abad expone cuál es su visión y proyección de la Defensoría como institución democrática, su postura acerca de investigaciones en curso que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, e incluso de cómo supervisar la labor del sistema de justicia sin afectar su autonomía para recudir las altas tasas de feminicidios.
Esperamos también que los otros aspirantes a la Defensoría del Pueblo, también tengan la misma apertura de debatir y exponer sus ideas a la ciudadanía.
¿Qué le puede ofrecer usted a la Defensoría?
Si he aceptado este reto es porque creo que tengo las calificaciones necesarias para ejercer el cargo. Trabajé en la Defensoría durante once años. La Defensoría ha estado durante mucho tiempo con un respetable defensor interino. Eso, lamentablemente, lo digo con mucho aprecio y respeto, debilita a la institución. Por ejemplo, actualmente todos los cargos de adjuntos han vencido por mandato legal y no pueden ser nombrados. Es indispensable fortalecer su institucionalidad y eso pasa por nombrar al titular.
¿Y cómo la fortalecería?
El defensor no solamente debe estar en Lima, tiene que estar en todo el país. Hay que modernizarla y fortalecer su trabajo descentralizado para que sea mucho más ágil su respuesta. El 11 de setiembre cumple veinte años de atención al público, el contexto del país cambia. La Defensoría debe enfocarse en temas trascendentes de políticas públicas, los que se vinculan con las necesidades más críticas de la población, especialmente las personas más vulnerables, y que están vinculados al agua, a la salud, la lucha contra la corrupción, etc. Sin dejar de lado la atención de casos concretos.
Usted ya conoce la Defensoría por dentro, el cargo no le quedaría grande.
He tenido la oportunidad de ser defensor adjunto en asuntos constitucionales y primer adjunto de la Defensoría del Pueblo. Conozco muy bien la institución desde dentro. Tengo otras experiencias laborales en el sector público y el sector privado que me permiten afirmar que estoy en condiciones de conducir esta importante institución. La Defensoría está cumpliendo una etapa que llegará finalmente con el nombramiento del titular.
En materia de pensiones, ¿cómo sería su labor en caso de ser elegido?
La ONP es una de las instituciones que más quejas ciudadanas motiva y más procesos judiciales tiene. Lo que se debería hacer es coordinar con el Ejecutivo, porque la ONP depende del Ejecutivo, para solucionar este problema. No podemos seguir resolviendo quejas o procesos individuales. Lo que hay que hacer es enfrentar el problema de fondo, y el problema está en la ONP.
Reduciendo la burocracia.
Claro y fortaleciendo, en general, la meritocracia.
¿Cómo piensa acercar la Defensoría a la ciudadanía?
Hay diversas maneras. La Defensoría se acerca a la ciudadanía cuando llega, cuando hay módulos itinerantes. Es una bisagra entre la ciudadanía y el Estado. No basta quedarse en la oficina para recibir casos, hay que estar presente. El titular tendrá que viajar por todo el país para difundir lo que viene desarrollando y actuar. Los medios de comunicación son un aliado clave en esta labor.
Si el mejor defensor de sus derechos es el ciudadano, y si ellos quieren la píldora del día siguiente, ¿cómo actuaría?
Hoy día un juez ha autorizado su distribución por parte del Ministerio de Salud. A la Defensoría le corresponde supervisar el cumplimiento. Hace 13 años, la Defensoría hizo un informe sobre el tema que sigue vigente y que, obviamente, compartimos.
En el caso de las mujeres esterilizadas, ¿qué plantearía?
Hay que investigar, nadie está exento de una investigación. A la Defensoría le corresponde supervisar una investigación objetiva e imparcial.
Hay varios temas que, lamentablemente, no se tocan o demoran mucho.
En materia de derechos humanos no hay prescripción. No hay amnistía, las investigaciones deben continuar. La Defensoría no puede descansar porque los derechos humanos nunca salen de vacaciones. En materia de violencia contra la mujer, se han dado marchas contra el Poder Judicial por decisiones arbitrarias. Hay que tratar de lograr que exista unidad de criterio y ahí el tema de la reforma del sistema de justicia es fundamental.
En ese contexto, hay innumerables casos de feminicidios que están en la agenda de la opinión pública, ¿qué plantea?
Supervisar la labor del sistema de justicia respetando su autonomía pero denunciando las arbitrariedades. En un feminicidio intervienen varios actores: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y todos deben actuar coordinadamente.
¿Y con estas instituciones se pueden salvaguardar los derechos de los ciudadanos?
Ese es el reto. La Defensoría del Pueblo no es un juez, no impone multas. Buena parte del rol de la Defensoría es la coordinación y la persuasión, y el trabajo con otras instituciones para lograr objetivos. Por ejemplo, hay que trabajar en coordinación con Reniec para temas de identidad, trabajar con el sistema de justicia para enfrentar temas como el feminicidio, trabajar con los órganos electorales porque hay una reforma que se debe hacer urgente.
