Fundamento destacado: 29. El Tribunal no considera posible ni necesario intentar una definición exhaustiva del concepto de «vida privada». Sin embargo, sería demasiado restrictivo limitarlo a un «círculo íntimo» en el que cada persona puede vivir su vida personal como desee, excluyendo por completo el mundo exterior que no se encuentra dentro de dicho círculo. El respeto a la vida privada también debe comprender, en cierta medida, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos.
Además, no parece haber ninguna razón de principio para que esta interpretación del concepto de «vida privada» excluya las actividades de carácter profesional o empresarial, ya que, después de todo, es durante la vida laboral cuando la mayoría de las personas tienen una oportunidad significativa, si no la mayor, de desarrollar relaciones con el mundo exterior. Esta opinión se ve respaldada por el hecho de que, como bien señaló la Comisión, no siempre es posible distinguir claramente qué actividades de una persona forman parte de su vida profesional o empresarial y cuáles no. Así, especialmente en el caso de una persona que ejerce una profesión liberal, su trabajo en ese contexto puede formar parte integral de su vida hasta tal punto que resulta imposible saber en qué calidad actúa en un momento dado.
Negar la protección del artículo 8 (art. 8) con el argumento de que la medida impugnada se relacionaba únicamente con actividades profesionales —como sugirió el Gobierno en el presente caso— podría además dar lugar a una desigualdad de trato, ya que dicha protección seguiría estando disponible para una persona cuyas actividades profesionales y no profesionales estuvieran tan entrelazadas que no hubiera forma de distinguirlas. De hecho, el Tribunal no ha establecido hasta ahora tales distinciones: concluyó que había existido una injerencia en la vida privada incluso cuando las escuchas telefónicas abarcaban tanto las llamadas profesionales como las privadas (véase la sentencia Huvig c. Francia de 24 de abril de 1990, Serie A núm. 176-B, pág. 41, párr. 8, y pág. 52, párr. 25). y, cuando una búsqueda se dirigía únicamente a actividades comerciales, no se basó en ese hecho como fundamento para excluir la aplicabilidad del artículo 8 (art. 8) en el ámbito de la «vida privada» (véase la sentencia Chappell contra el Reino Unido de 30 de marzo de 1989, Serie A nº 152-A, págs. 12-13, párr. 26, y págs. 21-22, párr. 51).
COURT (CHAMBER)
CASE OF NIEMIETZ v. GERMANY
(Application no. 13710/88)
JUDGMENT
STRASBOURG
16 December 1992
In the case of Niemietz v. Germany,
The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 (art. 43) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms («the Convention») and the relevant provisions of the Rules of Court, as a Chamber composed of the following judges:
Mr R. Ryssdal, President,
Mr R. Bernhardt,
Mr L.-E. Pettiti,
Mr B. Walsh,
Mr C. Russo,
Mr A. Spielmann,
Mr N. Valticos,
Mr A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
and also of Mr M.-A. Eissen, Registrar, and Mr H. Petzold, Deputy Registrar,
Having deliberated in private on 29 May and 23 November 1992,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:
PROCEDURE
1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights («the Commission») on 12 July 1991, within the three-month period laid down by Article 32 para. 1 and Article 47 (art. 32-1, art. 47) of the Convention. It originated in an application (no. 13710/88) against the Federal Republic of Germany lodged with the Commission under Article 25 (art. 25) on 15 February 1988 by a German citizen, Mr Gottfried Niemietz, who is a lawyer.
The Commission’s request referred to Articles 44 and 48 (art. 44, art. 48) and to the declaration whereby Germany recognised the compulsory jurisdiction of the Court (Article 46) (art. 46). The object of the request was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the respondent State of its obligations under Article 8 (art. 8) of the Convention.
2. In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 para. 3 (d) of the Rules of Court, the applicant stated that he wished to take part in the proceedings and sought leave, which was granted by the President of the Court, to present his own case (Rule 30) and to use the German language (Rule 27 para. 3).
3. The Chamber to be constituted included ex officio Mr R. Bernhardt, the elected judge of German nationality (Article 43 of the Convention) (art. 43), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court (Rule 21 para. 3 (b)). On 29 August 1991 the President drew by lot, in the presence of the Registrar, the names of the other seven members, namely Mr J. Cremona, Mr L.-E. Pettiti, Mr C. Russo, Mr A. Spielmann, Mr N. Valticos, Mr A.N. Loizou and Sir John Freeland (Article 43 in fine of the Convention and Rule 21 para. 4) (art. 43). Subsequently, Mr B. Walsh, substitute judge, replaced Mr Cremona, whose term of office had expired and whose successor at the Court had taken up his duties before the hearing (Rules 2 para. 3 and 22 para. 1).
[Continúa…]


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