Fundamento destacado: 29. El Tribunal no considera posible ni necesario intentar una definición exhaustiva del concepto de «vida privada». Sin embargo, sería demasiado restrictivo limitarlo a un «círculo íntimo» en el que cada persona puede vivir su vida personal como desee, excluyendo por completo el mundo exterior que no se encuentra dentro de dicho círculo. El respeto a la vida privada también debe comprender, en cierta medida, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos.
Además, no parece haber ninguna razón de principio para que esta interpretación del concepto de «vida privada» excluya las actividades de carácter profesional o empresarial, ya que, después de todo, es durante la vida laboral cuando la mayoría de las personas tienen una oportunidad significativa, si no la mayor, de desarrollar relaciones con el mundo exterior. Esta opinión se ve respaldada por el hecho de que, como bien señaló la Comisión, no siempre es posible distinguir claramente qué actividades de una persona forman parte de su vida profesional o empresarial y cuáles no. Así, especialmente en el caso de una persona que ejerce una profesión liberal, su trabajo en ese contexto puede formar parte integral de su vida hasta tal punto que resulta imposible saber en qué calidad actúa en un momento dado.
Negar la protección del artículo 8 (art. 8) con el argumento de que la medida impugnada se relacionaba únicamente con actividades profesionales —como sugirió el Gobierno en el presente caso— podría además dar lugar a una desigualdad de trato, ya que dicha protección seguiría estando disponible para una persona cuyas actividades profesionales y no profesionales estuvieran tan entrelazadas que no hubiera forma de distinguirlas. De hecho, el Tribunal no ha establecido hasta ahora tales distinciones: concluyó que había existido una injerencia en la vida privada incluso cuando las escuchas telefónicas abarcaban tanto las llamadas profesionales como las privadas (véase la sentencia Huvig c. Francia de 24 de abril de 1990, Serie A núm. 176-B, pág. 41, párr. 8, y pág. 52, párr. 25). y, cuando una búsqueda se dirigía únicamente a actividades comerciales, no se basó en ese hecho como fundamento para excluir la aplicabilidad del artículo 8 (art. 8) en el ámbito de la «vida privada» (véase la sentencia Chappell contra el Reino Unido de 30 de marzo de 1989, Serie A nº 152-A, págs. 12-13, párr. 26, y págs. 21-22, párr. 51).
