Sumario: 1. Introducción, 2. Marco normativo del espacio público, 3. Desafíos contemporáneos del espacio público, 4. Dimensiones clave del espacio público, 5. Conclusiones y reflexiones finales.
1. Introducción
El espacio público ha emergido como un elemento central en el debate sobre la configuración y desarrollo de las ciudades contemporáneas. Este protagonismo no es fortuito; refleja una evolución histórica en la que el espacio público, inicialmente el núcleo en torno al cual se estructuraron las primeras ciudades ha pasado a ser un tema de intensa relevancia social, política y económica. La transformación del espacio público, desde ser el punto de partida para la organización urbana hasta convertirse en lo que queda tras la distribución de usos privados, evidencia una inversión en su funcionalidad original.
Una forma valiosa de comprender la importancia del espacio público es relacionarlo con el concepto de “tercer lugar” del sociólogo Ray Oldenburg. Aunque Oldenburg no se refiere directamente al espacio público, su noción de “tercer lugar” ilumina el rol esencial de estos espacios en la vida urbana. El “tercer lugar” es un entorno neutral y accesible, diferente del hogar (primer lugar) y del trabajo (segundo lugar), donde las personas se encuentran de manera informal. Estos espacios son fundamentales para la vida social, ya que facilitan la interacción, el sentido de comunidad y la cohesión social.[1]
En la ciudad contemporánea, la función del espacio público como “tercer lugar” ha sido desafiada y transformada por diversas dinámicas urbanas y socioeconómicas. Los intereses privados a menudo desplazan los intereses colectivos, lo que puede llevar a la creación de espacios que priorizan el consumo y el exclusivismo sobre la inclusión y la interacción social. Así, el espacio público enfrenta el reto de mantener su función integradora y accesible, adaptándose a las nuevas realidades urbanas mientras sigue promoviendo el encuentro y la cohesión entre los ciudadanos.
La legislación vigente en el Perú, refleja estos cambios y las tensiones inherentes al tratamiento del espacio público. Aunque estas normativas subrayan la importancia de estos espacios como componentes esenciales del tejido urbano, un análisis más profundo revela que su enfoque sigue siendo mayormente técnico y funcionalista, dejando en segundo plano su dimensión social y simbólica. Este artículo se propone explorar estas limitaciones y destacar la necesidad de una perspectiva normativa más integral que reconozca y promueva el carácter multifacético del espacio público en la ciudad contemporánea.
2. Marco normativo del espacio público
En el Perú, los marcos normativos clave que regulan los espacios públicos son la Ley 31199, Ley de Protección y Gestión de los Espacios Públicos, con su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 001-2023-VIVIENDA, y la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, cuyo reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo 012-2022-VIVIENDA. Estas normativas destacan la importancia de los espacios públicos como componentes esenciales del tejido urbano y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, un análisis más detallado revela que su enfoque predominante está centrado en la protección física y la sostenibilidad ambiental, dejando en segundo plano aspectos relacionados con la función social de estos espacios.
La Ley 31199 establece un marco normativo exhaustivo para la protección y gestión de los espacios públicos en Perú. Según esta legislación, el espacio público se define de la siguiente manera:
“Artículo 3. Definición de espacios públicos
Están constituidos por una red de espacios abiertos, de uso y dominio público del Estado, localizados en la ciudad y que están destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas, como el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el entretenimiento y la movilidad a lo largo del ciclo de vida de los ciudadanos.
(…)
Son espacios públicos las zonas para la recreación pública activa o pasiva, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección, así como todas aquellas que son definidas como tales por la autoridad competente.”
En esa línea, la legislación delimita la naturaleza jurídica de este concepto de la siguiente manera:
“Artículo 4. Naturaleza jurídica del espacio público
Un espacio público es un área de la ciudad destinada por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes, sometido a un régimen jurídico especial que rige las condiciones de su utilización y el desarrollo de diversas actividades en él.
Los espacios públicos, al ser bienes de dominio público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Las áreas verdes de uso y dominio público son además de carácter intangible.”
En cuanto al resto del cuerpo normativo, a pesar de que la ley proporciona una base sólida para la preservación física de los espacios públicos, su enfoque se limita principalmente a garantizar su protección y mantenimiento, asegurando que estos espacios sean accesibles, seguros y funcionales. Sin embargo, esta perspectiva puede ser insuficiente al considerar el potencial transformador de los espacios públicos en la vida urbana. Así, el marco regulador actual no aborda de manera integral cómo diseñar, gestionar y dinamizar estos espacios para fomentar la interacción social, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido comunitario.
Por otro lado, el Reglamento de la Ley 31313, en su sección de definiciones, incorpora el concepto de espacio público, reconociendo su importancia dentro del marco del desarrollo urbano sostenible. De este modo, lo define de la siguiente manera:
“Artículo 4.- Términos y definiciones
(…)
4.3. Definiciones: Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se entiende como:
(…)
10. Espacio público: Área de uso público destinada por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes, como el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el entretenimiento y la movilidad. Se consideran espacios públicos las áreas requeridas para la movilidad, áreas destinadas a la recreación pasiva o activa, playas, áreas verdes, áreas de protección, así como todos aquellos espacios de uso y disfrute público, o definidos como tales por la autoridad competente.
(…)”.
Aunque el reglamento proporciona una definición comprensiva del espacio público, su aplicación sigue un enfoque predominantemente funcionalista, tratando estos espacios como elementos dentro de una planificación urbana más amplia y priorizando su rol en la organización y sostenibilidad de la ciudad. Este enfoque, aunque crucial para una gestión eficiente, puede pasar por alto el papel de los espacios públicos como centros para la interacción social y la construcción de identidad comunitaria.
En resumen, el marco normativo actual en Perú sienta una base significativa para la protección y gestión de los espacios públicos, destacando su importancia en el tejido urbano. Sin embargo, su énfasis en la preservación física y la sostenibilidad limita la consideración de aspectos sociales fundamentales. Para promover un desarrollo urbano más inclusivo y cohesivo, las futuras normativas deben integrar de manera más integral la promoción de la interacción social, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido comunitario en la gestión de estos espacios
3. Retos contemporáneos del espacio público
En el urbanismo contemporáneo, los espacios públicos enfrentan desafíos críticos que afectan su capacidad para promover la cohesión urbana y cumplir su función social. Carrión (2022) describe este fenómeno como un asedio al espacio público, que lo expone a riesgos como la fragmentación, la segmentación, la dispersión espacial, la inseguridad y la privatización.[2]
La fragmentación urbana surge como un problema grave, sustituyendo la segregación tradicional basada en la diferenciación funcional de las áreas urbanas. Mientras que en el pasado las ciudades mantenían su unidad integrando sus diversos componentes, las ciudades modernas se han fragmentado en zonas que priorizan actividades específicas como la producción, vivienda y administración. Esta fragmentación debilita la cohesión espacial y erosiona el sentido de pertenencia de los residentes, quienes se sienten cada vez más alienados en sus propias ciudades. Como resultado, se pierde la referencia espacial crucial para la construcción social.
La segmentación del espacio urbano agudiza las desigualdades sociales y representa un desafío crítico en la ciudad contemporánea. El espacio público, que antes era un punto de encuentro entre diferentes grupos sociales, ha perdido esta función y ha exacerbado la polarización entre clases sociales. En Perú, esta problemática se ve amplificada por la actual distribución urbana, evidenciada por la proliferación de espacios privados que replican las funciones del espacio público, pero están reservados para sectores privilegiados. Mientras los espacios públicos tradicionales se convierten en escenarios para las clases populares, las élites se reubican en enclaves privados, lo que refuerza la segregación y debilita la cohesión social.
La dispersión espacial y la expansión periférica de baja densidad son otro desafío significativo. Estas dinámicas fragmentan las ciudades y debilitan la centralidad urbana, afectando la capacidad de los espacios públicos para funcionar como elementos integradores. En este contexto, las conexiones físicas y simbólicas entre los habitantes se diluyen, dificultando la construcción de un sentido compartido de pertenencia y fragmentando aún más el tejido social.
La creciente inseguridad en las ciudades latinoamericanas también agrava la situación del espacio público. La violencia urbana restringe no solo el uso de estos espacios en términos de tiempo y accesibilidad, sino que también limita la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos de ciudadanía. La proliferación de espacios cerrados y controlados como respuesta a la necesidad de seguridad contribuye a la erosión del sentido colectivo. El miedo y la desconfianza limitan la vida pública, debilitando la función integradora del espacio público.
Finalmente, la privatización del espacio público representa un desafío importante. Este proceso se manifiesta en la gestión privada de espacios tradicionalmente públicos y en la creciente cultura de “a domicilio”, donde las interacciones sociales se trasladan a entornos controlados por el mercado. La privatización convierte el espacio público en un bien semi privado, cuyo acceso y uso están determinados por la lógica del mercado. Esto no solo restringe el acceso a los espacios públicos, sino que también altera su naturaleza, limitando su función como lugares de encuentro e intercambio social.
Estos desafíos subrayan la necesidad urgente de revisar la gestión y el diseño de los espacios públicos, no solo en Perú, sino en toda América Latina. Es fundamental que estos espacios continúen siendo inclusivos y fomenten la cohesión social, especialmente en un entorno urbano cada vez más fragmentado y segmentado.
4. Dimensiones clave del espacio público
En el análisis del espacio público, es esencial considerar cuatro dimensiones clave para garantizar su funcionalidad y relevancia en la vida urbana: la dimensión simbólica, la dimensión simbiótica, la dimensión de intercambio y la dimensión cívica. Estas dimensiones proporcionan un marco integral para entender cómo los espacios públicos pueden contribuir a la cohesión social y al desarrollo urbano sostenible.[3]
Primero, la dimensión simbólica del espacio público es esencial. Este enfoque sostiene que el espacio público no es solo un lugar físico, sino también un ámbito donde se construyen y representan identidades colectivas. La normativa debe reconocer y proteger la diversidad de usos y significados asociados a estos espacios, promoviendo la coexistencia de múltiples identidades. Las políticas urbanas deben incluir mecanismos para gestionar conflictos derivados de estas identidades diversas, canalizando las tensiones hacia el fortalecimiento de la cohesión social y permitiendo una resignificación constante en función de las dinámicas sociales cambiantes.
La dimensión simbiótica destaca la necesidad de tratar el espacio público como un lugar de integración social y encuentro. La normativa debe fomentar la creación de espacios que respeten y potencien la diversidad, garantizando que todos los ciudadanos encuentren un sentido de pertenencia colectiva. El diseño y la gestión del espacio público deben celebrar la pluralidad y promover políticas inclusivas que fortalezcan la interacción entre diferentes grupos sociales.
La dimensión de intercambio resalta el papel del espacio público como lugar para el intercambio de bienes, servicios, información y comunicación. La normativa debe asegurar que estos espacios faciliten estas funciones mediante la promoción de la accesibilidad universal y la optimización de las condiciones para el flujo de personas, ideas y productos. Es crucial que la regulación fomente la centralidad urbana como un nodo de intercambio simbólico y material, manteniendo los espacios públicos como centros activos y vibrantes en el tejido urbano.
Finalmente, la dimensión cívica subraya la importancia del espacio público en la formación de ciudadanía y la vida democrática. La normativa debe garantizar que estos espacios continúen siendo escenarios de expresión y movilización social, protegiendo su uso para actividades que fortalezcan la conciencia ciudadana y la participación pública. La regulación también debe adaptarse a los cambios en las formas de participación, reconociendo nuevos medios y espacios de expresión cívica, sin desestimar el papel del espacio físico como lugar de encuentro y formación de la polis.
En conclusión, la normativa urbana debe adoptar una perspectiva multifuncional y simbólica del espacio público. No es suficiente con proteger los espacios existentes; es crucial fomentar la creación de nuevos espacios que respondan a las necesidades actuales, respetando sus dimensiones simbólica, inclusiva, intercambiadora y cívica. Este enfoque integral permitirá una integración más efectiva del espacio público en el tejido urbano, reforzando su papel como eje fundamental para un urbanismo más cohesivo y participativo.
5. Conclusiones
El análisis del marco normativo en Perú revela que, aunque existe una protección sólida para los espacios públicos en términos físicos y de sostenibilidad, la normativa actual presenta limitaciones significativas. La normativa vigente asegura la inalienabilidad y accesibilidad de estos espacios, pero su enfoque predominantemente técnico y funcionalista no aborda adecuadamente la dimensión social y simbólica de los espacios públicos.
Los retos contemporáneos, como la fragmentación, segmentación, difusión espacial, inseguridad y privatización, no están suficientemente contemplados en la normativa actual. Estos desafíos han llevado a una reducción del espacio público a un rol secundario, relegado tras los usos predominantes de vivienda y comercio. La privatización y el control exclusivo de estos espacios por sectores privilegiados también limitan el acceso y la equidad.
Para que el marco normativo sea efectivo, es necesario un enfoque más integral que reconozca y potencie la multifuncionalidad y el carácter simbólico del espacio público. La normativa debe ir más allá de la protección física y técnica e incluir medidas que promuevan la cohesión social, la inclusión y la participación cívica. Solo así se garantizará que los espacios públicos cumplan su rol fundamental en la vida urbana, como lugares de inclusión, intercambio social y construcción de identidad colectiva.
En conclusión, es esencial cuestionar si las disposiciones normativas actuales están diseñadas para enfrentar de manera integral los retos del espacio público, si revalorizan adecuadamente la interacción ciudadana, y si otorgan al espacio público el tratamiento que merece. Una normativa adaptada a estos requisitos puede asegurar que los espacios públicos continúen siendo ejes centrales para la cohesión social y la calidad de vida en las ciudades.
[1] Oldenburg, Ray. The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community. 1989.
[2] Carrión Mena, Fernando. El espacio público es una relación, no un espacio. En Derecho a la ciudad: una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina, pp. 34-38. 2022.
[3] Ibid., pp. 39-40.
