La recusación se sustentó en la formulación de una denuncia penal y administrativa sin que exista pronunciamiento definitivo (caso Rodolfo Orellana) [Recusación 15-2022, Lima]

706

Sumilla: Infundada la recusación. Se observa que los fundamentos esbozados en la solicitud de recusación se sustentan en la formulación de una denuncia penal y una denuncia administrativa, mas no en un pronunciamiento de fondo expedido con motivo de dichas denuncias; y, tal como lo ha destacado la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, las referidas denuncias formuladas son actos unilaterales en ejercicio de un derecho.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
Recusación N.º 15-2022, Lima

Lima, veintiocho de junio de dos mil veintidós

VISTOS: el presente incidente en mérito a la Resolución número 1, del veintiocho de abril de dos mil veintidós, en virtud de la cual la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, por competencia, dispuso reconducir y elevar a este Tribunal Supremo la solicitud de recusación formulada por el procesado Rodolfo Orellana Rengifo contra los señores jueces superiores Luz Victoria Sánchez Espinoza, César Augusto Vásquez Arana y Bonifacio Meneses Gonzales en su calidad de integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del proceso que se le sigue por el delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

I. Antecedentes

Primero. La defensa del procesado Rodolfo Orellana Rengifo formuló recusación contra los señores jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, al amparo de lo dispuesto en el inciso e) del numeral 1 del artículo 53 concordante con el artículo 54 del Código Procesal Penal, y sobre el particular sostuvo lo siguiente:

1.1. Recusa a los jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima por la denuncia presentada contra ellos el siete de abril de dos mil veintidós por abuso de autoridad, prevaricato, encubrimiento personal y omisión de denuncia ante el Ministerio Público; así como la denuncia de administración presentada el ocho de abril de dos mil veintidós ante la Junta Nacional de Justicia, en la cual solicita la investigación sancionatoria de destitución por violación del derecho a ser oído, a interrogar testigos y a la igualdad de armas.

1.2. Precisa que se vulneró el derecho a la defensa, y se configuraron actos de abuso de autoridad y prevaricato por parte de los integrantes de la Sala Superior, en razón de lo
siguiente:

1.2.1. Se le negó su derecho a ser oído en juicio. Asimismo, señaló que no se le dejó hablar en las audiencias del juicio y especialmente en la audiencia del primero de abril de dos mil veintidós a las 11:20 horas, aproximadamente, en la cual los magistrados de la Sala Superior utilizaron su facultad disciplinaria para impedir que el procesado hiciera uso de palabra y dejara constancia de las irregularidades que se habrían estado produciendo en el proceso. Además, se le indicó que no podía intervenir en las audiencias y todo debía plantearlo a través de la defensa pública en las audiencias posteriores, pese a encontrarse en el penal de Puno y no tener forma alguna de comunicarse con  su abogado dentro de la propia audiencia, aun cuando es su derecho. También se le habría amenazado con ser
expulsado de las audiencias, lo cual habría convertido su juicio en un “linchamiento” que culminará con una condena.

1.2.2. Se vulneró su derecho a interrogar a los testigos, toda vez que el tenor del artículo 375 del Código Procesal Penal no determina que los procesados y, más aún, aquellos que sean abogados no puedan ejercer el derecho a interrogar a los testigos. En este punto, se
aplica supletoriamente el artículo 227 del Código Procesal Civil y guarda relación con lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que en su condición de procesado y abogado tiene derecho a interrogar a los testigos, lo cual fue desconocido por la Sala Superior y se violó su derecho de defensa.

1.2.3. Se vulneró su derecho a ser tratado con igualdad, conforme a lo previsto en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal, por cuanto era necesario que ejerciera su derecho a ser escuchado durante el proceso, más aún si no contaba con un abogado a su lado para transmitir argumentos. Se le señaló que se valorarían sus argumentos si eran presentados y que solo podía conversar con su abogado cuando terminara la audiencia, es decir, cuando el momento de dejar constancia de una actuación irregular hubiera pasado.

1.2.4. Especificó que, respecto al delito de abuso de autoridad que se atribuye a los integrantes de la Sala Superior, el acto arbitrario que se ha cometido, en el caso en particular, consiste en haber realizado actos concretos para vulnerar el derecho de defensa:
derecho a ser oído, derecho a interrogar y derecho a la igualdad de armas en audiencia de juicio mediante el abuso de su cargo y acallar a la defensa mediante actos arbitrarios de supuesto orden disciplinario.

1.3. Respecto al delito de prevaricato que se atribuye a los integrantes de la Sala Superior, indica que se emitieron resoluciones consecutivas sin motivación, que impidieron el derecho de defensa: derecho a ser oído, derecho a preguntar a los testigos y derecho a la igualdad de armas frente al Ministerio Público.

1.4. Respecto al encubrimiento delictivo, destaca que se recibió la declaración testimonial de la abogada Maribel Castillo Chihuán, quien tenía la condición de colaboradora eficaz
identificada con la clave número 05-2015 y cuya identidad se reveló a partir de un escrito que la citada presentó solicitando que se resolviera su petición de cosa juzgada. Empero, aun cuando la Sala Superior informó en audiencia que se había resuelto su petición, dicha resolución se mantendría en secreto, pese a la protesta de los abogados de la defensa, que
argumentaban que los fundamentos de dicha resolución de cosa juzgada podrían aplicarse a los procesados. Además, la citada testigo admitió que la información proporcionada por
ella había sido extraída de un disco perteneciente a su empresa, lo cual se llevó a cabo sin ninguna autorización, por lo que se habría incurrido en el delito de hurto y, producto de ello, tenía información que estaba presentando a la Fiscalía, lo que  constituiría prueba ilícita por haber nacido de la comisión de un delito. Pese a ello, la Sala Superior indicó que eso lo podría resolver en la sentencia, que no se permitiría ninguna intervención porque correspondía a su abogado defensor de oficio y que, si volvía a intervenir, se le excluiría del juicio oral por indisciplinado.

II. Absolución del grado

Segundo. El trámite de recusación cuando el juez no conviene o rechaza de plano, como en el caso que nos ocupa, se rige por el artículo 56 del Código Procesal Penal, que establece que “formará el incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil a la Sala Penal competente”; asimismo, por lo señalado en la Ley número 31308, publicada el veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, que modifica el artículo 454, numeral 4, del código adjetivo, que glosa lo siguiente: “Contra las decisiones emitidas por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Especial Superior procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema”, y deja zanjada la competencia de esta Sala Suprema como segunda instancia.

Tercero. Invocamos los principios y derechos de la administración de justicia, como son las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, previstas en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, así como la debida motivación de las resoluciones judiciales, contemplada en el artículo 139, inciso 5, del mismo texto normativo.

Cuarto. Igualmente, destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sobre la imparcialidad, ha señalado que “considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”[1], y ha
precisado, en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, que la posición que adopta sigue la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

[Continúa…]

Descargue la resolución aquí


[1] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Serie C No. 107, del veintidós de noviembre de dos mil diez.

Comentarios: