Denuncian a López Aliaga por contratos con estudio de su «amigo personal» de casi cien millones de soles

El Estudio Arbizu & Gamarra denunció a Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por nueve presuntos contratos suscritos con el estudio estadounidense Boies Schiller Flexner.

De acuerdo a la firma, el monto ascendería a S/97 510 450 ―cifra que representaría el 82% del total de los fondos de la comuna dirigidos a servicios legales externos― y el socio del bufete norteamericano sería Martín de Luca, «amigo personal» de López Aliaga. Los delitos sindicados son presunta colusión y negociación incompatible.

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Además, la medida advierte de «presuntas irregularidades graves» que impedirían algún tipo de control. El contrato, efectuado para litigar en Estados Unidos contra Rutas de Lima, estaría «incompleto» y «mutilado»:

Algunos contratos aparecen mutilados, otros incompletos, y varios fueron declarados como «reservados». Esto impide verificar el uso adecuado de fondos públicos y vulnera principios elementales de transparencia.

La relación personal entre ambos implicados, señala el estudio liderado por Julio Arbizu, se habría hecho «evidente» en la investidura presidencial de Donald Trump, realizada el 20 de enero. «Poco después de este encuentro, el 6 y 13 de marzo de 2025, se suscribieron dos contratos adicionales con el mencionado bufete por un monto de $10.8 millones«, detalló el bufete a La República.

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El pasado 24 de junio, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la obligación de la MML en cumplir con el pago de más de $200 millones al consorcio Rutas de Lima. Según el medio antes citado, los montos derivan de dos laudos arbitrales internacionales emitidos en 2020 y 2022, en el marco de una disputa por el contrato de concesión suscrito en 2013.

La Corte desestimó todos los argumentos vertidos por el municipio peruano. Señaló que no se demostró vínculo directo entre actos de corrupción y la adjudicación, y que el proceso arbitral respetó las garantías esenciales del procedimiento.

«El Tribunal de Distrito no incurrió en error al rechazar la alegación de Lima de que no pudo presentar su caso […] debido a las supuestas respuestas falsas de Rutas al descubrimiento de pruebas», concluye la sentencia.

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