La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz, de Punto Final, y César Prado, de IDL-Reporteros, en el marco de una investigación que también alcanza a la fiscal Marita Barreto. La Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Centro emitió una providencia el 4 de septiembre dando trámite a dicho requerimiento.
El pedido no implica que la medida se ejecute de inmediato, pues corresponde al Poder Judicial autorizarla. Sin embargo, la tramitación de esta diligencia generó preocupación en organizaciones de defensa de la libertad de prensa.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció señalando que la Procuraduría solicitó la medida dentro de una investigación por presuntos delitos de cohecho que se remontan a 2022, cuando Barreto integraba el subsistema de lavado de activos. La investigación contra los periodistas y la fiscal se originó en el marco del Caso Valkiria, en donde precisó:
La fiscalía abrió investigación preliminar a raíz de declaraciones del ex asesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, Miguel Girao, quien es investigado en el Caso Valkiria. Girao dijo haber presenciado que Barreto pidió a Cruz informar en un sentido negativo sobre la entonces fiscal superior Delia Espinoza. Respecto de Prado, dijo haber presenciado afirmaciones de Barreto asegurando que el periodista atacaría a Delia Espinoza por su presunta vinculación con el clan Orellana. Pero el mismo Girao, ante la fiscalía, sostuvo que no vio en ello algún ilícito.
El IPYS remarcó que aun si estos hechos fueran ciertos, no se justifica que a Cruz y Prado se les haya abierto investigación por cohecho activo. Además, que no se trata de otorgar inmunidad a los periodistas o que sean «intocables» frente a investigaciones, sino de garantizar que el ejercicio periodístico cuente con protección suficiente frente a medidas que comprometen la reserva de las fuentes.
En la misma línea, Luis Vargas Valdivia, quien asume la defensa de Latina Noticias, precisó que no existen elementos que vinculen a Rodrigo Cruz con la fiscal Marita Barreto o con Patricia Benavides. En entrevista para el programa, comunicó:
Todo parte de una entrevista que realizó a Benavides cuando era fiscal suprema adjunta y postulaba a la Fiscalía de la Nación. Esa entrevista fue pública, y a partir de allí surgieron especulaciones sin fundamento, como si buscara algún beneficio. Incluso, en la diligencia de reconstrucción, Miguel Ángel Girao —uno de los coinvestigados— declaró que jamás escuchó a Cruz pedir algo indebido. Fue únicamente una entrevista.
Además, el abogado sostuvo que la medida constituye «un ataque directo a la prensa» y anunció que presentará un escrito de oposición. Según afirmó, el requerimiento «no cumple con los requisitos legales» y representa un «grave atentado contra el secreto profesional y el derecho de todo periodista a proteger sus fuentes».
Diversas instituciones se pronunciaron frente al pedido de la Procuraduría. El Colegio de Periodistas del Perú expresó su «profunda preocupación» ante la solicitud presentada el 21 de agosto, que ya recibió conformidad del Ministerio Público, advirtiendo que «constituye un grave atentado contra la libertad de prensa, la reserva de las fuentes y el ejercicio del periodismo de investigación».
La orden gremial recordó que la jurisprudencia nacional e internacional protege la confidencialidad de las fuentes como garantía esencial de la democracia, e instó a las autoridades a respetar los estándares constitucionales e internacionales de libertad de expresión.
