La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, abrió investigación preliminar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.
En esta investigación, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.
De esta manera, se le atribuye al jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III.
Para tal efecto, habría contado con la participación de Karelim López Arredondo, con quien mantendría una relación cercana quien, en su condición de asesora de una de las empresas que forma parte del citado consorcio, se presume realizó gestiones ante el presidente de la República para favorecer la adjudicación de dicho proyecto al consorcio Tarata III, por S/ 232.5 millones, como ocurrió el 19 de octubre de 2021.
Al jefe de Estado también se le atribuye haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de US$ 74 millones.
A fin de lograr este propósito, el primer mandatario de la República habría contado con la intervención de Karelim López Arredondo, quien registra un ingreso a Palacio de Gobierno en la misma fecha y hora que el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y el proveedor de biodiesel Samir Abudayeh, es decir, el 18 de octubre de 2021. Cabe precisar que tres días después de esta reunión (21 de octubre), Petroperú emitió una orden de servicio para comprar biodiesel para sus plantas.
En ambos casos resulta relevante la intervención de Karelim López Arredondo, quien tendría un vínculo amical con Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia de la República, y con el propio presidente Pedro Castillo, como lo evidencian las visitas realizadas a la casa ubicada en el jirón Sarratea (Breña), en donde el primer mandatario habría concurrido en varias oportunidades, en horas de la noche, para reunirse con distintas personas.
De igual forma, López Arredondo también se habría encargado de la organización de la fiesta infantil de cumpleaños de la menor hija del presidente de la República, realizado el 27 de octubre de 2021, para lo cual habría contactado directamente con una conocida animadora de eventos.
La investigación que se abrió al jefe de Estado se sustenta en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el cual indica que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal.
La disposición fiscal N° 1, del 4 de enero de 2021, ha sido debidamente notificada a la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
Fiscal de la Nación también abre investigación por ascensos a militares
El despacho de la fiscal de la Nación también emitió una segunda disposición con la que abre investigación preliminar al presidente Castillo Terrones por la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Antecedentes
Esta es la segunda vez, en la historia del Ministerio Público, en la que un Fiscal de la Nación, abre investigación a un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo. Como se recuerda, el primer antecedente se registró en octubre de 2020, cuando la fiscal suprema y titular del MP, Dra. Zoraida Avalos Rivera, dispuso abrir investigación al entonces presidente Martín Vizcarra por sus vínculos con el ciudadano Richard Cisneros Carballido (conocido como Richard Swing), quien se vio favorecido con diversas contrataciones en el Ministerio de Cultura.
La investigación fue suspendida toda vez que Martín Vizcarra se encontraba en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, no obstante, una vez que dejó el cargo, (luego que el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia en su contra), la Fiscal de la Nación emitió una nueva disposición para iniciar los actos de investigación. Culminada esta etapa se formuló la correspondiente denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
Fuente: Ministerio Público
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos abrió una investigación preliminar al presidente Pedro Castillo. Esto debido a presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión a raíz de las visitas recibidas en su vivienda de Breña y a Palacio de Gobierno.
Recordemos que entre los personajes que se hicieron presentes en estos dos lugares de interés se encuentra la empresaria Karelim López, a quien hemos descrito a profundidad en post anteriores.
Según fuentes de La República, la fiscal de la Nación abrió la investigación en el marco del artículo 117 de la Constitución Política y el antecedente del expresidente Martín Vizcarra.
El artículo en cuestión señala que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Y en relación a la segundo, de acuerdo con el antecedente Vizcarra, se abre la investigación preliminar y en la misma resolución se suspende cualquier diligencia indagatoria hasta que concluya el mandato presidencial, en julio del 2026.
Otros puntos que se investigarán serán la relación entre las visitas que el empresario Samir Abudayeh realizó a Palacio de Gobierno y la decisión que el 28 de octubre tomó Petroperú de comprar a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) 280 mil barriles de biodiésel B100 por 74 millones de dólares.
[Nota previa 28.12.2021, 11:09 horas]
Respecto a la declaración testimonial que brindará el Presidente de la República
En relación a la declaración testimonial que brindará el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en el marco de las investigaciones por la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares, cumplimos con informar a la opinión pública lo siguiente:
1. La fecha para recibir la declaración testimonial del jefe de Estado fue fijada para el 29 de diciembre del 2021. Sin embargo, a solicitud del mandatario fue reprogramada para hoy 28 de diciembre a las 11:00 horas en la sede de Palacio de Gobierno.
2. El lunes 27 de diciembre, la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera ingresó de emergencia a una clínica local por una dolencia física, obteniendo un diagnóstico de cálculo renal que le exige tratamiento y descanso médico de 72 horas lo que le impide participar en la diligencia en la que se tomará la declaración testimonial del presidente.
3. La recepción de la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo Terrones estará a cargo del fiscal adjunto supremo, Ramiro González Rodríguez, Coordinador del área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; en la fecha, hora y lugar programados.
Fuente: Ministerio Público
[Nota previa 28.12.2021, 09:30 horas]
Presidente Pedro Castillo declarará hoy ante la fiscal de la Nación
El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, deberá rendir este martes 28 de diciembre, desde las 10:00 a. m., su declaración en calidad de testigo como parte de la investigación preliminar que inicio la Fiscalía de la Nación sobre la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso de ascensos de oficiales del Ejército Peruano y de la Fuerza Aérea del Perú.
Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre, la fiscal de la Nación abrió la indagación contra el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, además del hoy exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
En el marco de ese proceso, el mandatario fue citado inicialmente para el 14 de diciembre. Sin embargo, a través de un oficio Pedro Castillo solicitó la reprogramación, la cual fue agendada para el día miércoles 29 de diciembre.
No obstante, el mandatario Pedro Castillo acudió con su abogado defensor, Eduardo Pachas Palacios, al despacho de la fiscal de la Nación para solicitar que se reprograme su testimonial para hoy 28 de diciembre, debido a que su recargada agenda de trabajo.
[Actualización 28/112/2021]
Congresista Chirinos presentó denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos
La congresista Patricia Chirinos presentó esta tarde una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, por presuntamente haber infringido la Constitución y el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Mediante esta denuncia se solicita la destitución e inhabilitación por 5 años para la función pública, a continuación les compartimos el documento.
SUMILLA: FORMULO DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ZORAIDA AVALOS RIVERA, FISCAL DE LA NACIÓN, POR INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y DELITO DE OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES, SOLICITANDO SU DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESAMIENTO PENAL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS, Congresista de la República, identificado con D.N.1.10280036, con domicilio procesal en Palacio Legislativo (Plaza Bolívar s/n) Cercado de Lima, con correo electrónico [email protected], ante usted, con el debido respeto, me presento y digo:
Que, FORMULO DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ZORAIDA AVALOS RIVERA, FISCAL DE LA NACIÓN, POR INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y DELITO DE OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES, SOLICITANDO SU DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESAMIENTO PENAL, en base a los fundamentos de hecho y derecho que detallo a continuación:
I. FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. Que, la señora ZORAIDA AVALOS RIVERA es la única funcionaria legitimada por Ley para investigar por presuntos delitos a los altos funcionarios públicos a los que hace referencia el artículo 99° de nuestra Constitución Política, siendo el más alto funcionario al servicio de la nación el Presidente de la República (actualmente, el señor José Pedro Castillo Terrones).
2. Que, durante los pocos meses de gestión del actual Presidente de la República, se han evidenciado diversos hechos irregulares (con características delictivas) que se vendrían cometiendo desde la Presidencia de la República, los cuales involucrarían no sólo a los funcionarios de mando medio en el Despacho Presidencial, sino también al mismo Presidente de la República. Pese a ello, estos hechos hasta ahora no han sido considerados ni merituados por la actual Fiscal de la Nación para (al menos) disponer actos de corroboración preliminar respecto a la posible responsabilidad del actual jefe de estado.
3. Que, un ejemplo de ello es la información referida al presunto pago de una suma de dinero al Presidente de la República, por parte de la señora Karelim Lópéz -y por intermedio del ex Secretario General del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco-, con la finalidad de “tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos”1. Pese a que este hecho noticioso involucra al mismo Presidente de la República, la Fiscalía de la Nación no ha llevado a cabo ninguna diligencia de corroboración ni investigación contra el jefe de estado.
4. Que, otro ejemplo es la denuncia periodística que acredita que en la sede del despacho presidencial paralelo ubicado en el distrito de Breña, se recibió la visita de la señora Karelim López Arredondo, asesora de una empresa que logró la adjudicación de un contrato por más de 230 millones de nuevos soles en Provías Descentralizado2. En este “despacho presidencial paralelo”, el Presidente de la República venía despachando a escondidas y a altas horas de la noche, a través de reuniones clandestinas para esconderse de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Sin embargo, pese a que estaríamos ante situaciones de presuntos delitos cometidos por el Presidente de la República, la Fiscal de la Nación denunciada aún no realiza una investigación preliminar o una mínima diligencia de corroboración contra el jefe de estado Pedro Castillo.
5. Que, también es de público conocimiento la existencia de un acta del Ministerio Público en la cual se da cuenta que el Presidente de la República habría impedido el ingreso de magistrados de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a la sede de Palacio de Gobierno, cuyo objetivo era recabar información sobre la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso de contratación en Petroperú3.
6. Que, el último acontecimiento es un hecho que refleja una aparente obstrucción al trabajo de las autoridades fiscal, supuesto que tiene contenido penal y que se encuentra acreditado en un documento público suscrito por un fiscal en ejercicio. Pese a ello (y que la actuación del jefe de estado obstruye la labor de investigación de su institución), la actual Fiscal de la Nación hasta ahora no se ha pronunciado con la apertura de una investigación preliminar al primer funcionario de la nación.
7. Que, ello resulta extraño debido a que ante hechos noticiosos aún más relevantes, la actual fiscal de la nación suele abrir investigaciones preliminares de forma más expeditiva, sin embargo, en el presente caso se observa una inoperancia, pasividad, silencio y omisión de funciones que debe ser investigado y sancionado con todo el peso de la Ley.
[Continúa…]
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[Actualización 21/12/2021, 12 h]
Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, recibió al presidente Pedro Castillo
La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, recibió al presidente Pedro Castillo, quien acudió para solicitar se programe su testimonial para el 28 de diciembre, en Palacio de Gobierno.
La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, recibió al presidente Pedro Castillo, quien acudió para solicitar se programe su testimonial para el 28 de diciembre, en Palacio de Gobierno. Esto en razón a su recargada agenda de trabajo que le imposibilita la diligencia el 29 próximo. pic.twitter.com/rC4t6npTlv
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 21, 2021
Vea la transmisión en vivo aquí.
[Nota original 21/12/2021, 10:10 h]
Presidente Castillo solicita a la fiscal de la Nación que se le levante el secreto bancario y telefónico
El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas Palacios, solicitó a la titular de la Fiscalía de la Nación, Zoraida Avalos, el levantamiento de su secreto bancario, tributario y telefónico.
Sra. Fiscal de la Nación, por medio del presente escrito solicito y entrego MI SECRETO BANCARIO, TRIBUTARIO Y TELEFÓNICO, todo ello con el único objetivo de colaborar con un proceso claro y transparente, es por ello que le pido a usted proceda de acuerdo a ley para que se efectivice el levantamiento de toda esa información y me allano la pedido de la fiscalía en caso de que ya se habría realizado.
Esto sucede después de conocerse que el presidente Pedro Castillo no autorizó ingreso del personal fiscal a oficina de Secretaría del Despacho de Presidencia, en la dilogencia realizada el 20 de diciembre.
Este pedido se produce en el marco del proceso seguido contra el gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, por haber cometido el presunto delito de negociación incompatible tras la reunión en Palacio junto al proveedor de biodiesel que ganó una licitación de más de US$70 millones.
