La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, alertó este martes 11 de febrero que la Ley 32130, la cual faculta a acusados/as impugnar el auto de enjuiciamiento para dar inicio a un juicio oral, propiciará caos en la administración de justicia.
«Nunca jamás se impugnó un auto de enjuiciamiento, esto será un caos, no tendrá solución y será una hecatombe como ya viene siendo», sostuvo la magistrada durante su intervención en Congreso de la República.
Ella fue invitada a participar en la Mesa de Trabajo de Lucha contra la Delincuencia e Inseguridad Ciudadana, que encabezó el parlamentario Eduardo Salhuana Cavides.
La jueza suprema hizo referencia a que aproximadamente 100 causas que estaban para señalarse fecha de juzgamiento, en la jurisdicción de la Corte Nacional Penal Especializada, fueron afectadas por la referida ley.
Puso como ejemplo el caso de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que, de 3000 expedientes en octubre del año pasado, la cifra se incrementó a 14 500 en enero del presente año.
«Se ha desnaturalizado la casación, que es excepcional y ha devenido en un mecanismo de impugnación, prácticamente de oficio», remarcó la máxima autoridad judicial.
«Estoy muy satisfecha porque se ha hecho eco del llamado a la unidad que pedí, ese eco hoy se hace una realidad, y la ciudadanía verá que los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos nos reunimos para hacer un frente común contra la delincuencia y contra el crimen organizado», afirmó.
Destacó, por ello, que el Congreso considere la opinión de los jueces y juezas para la evaluación y aprobación de normas legales que incidan en el sistema de administración de justicia.
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Detención preliminar en casos de no flagrancia
Así, insistió en la necesidad de restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, para combatir la criminalidad y la impunidad, figura legal que es evaluada a la fecha por el Congreso.
«Día que pasa, hora que pasa, se está perdiendo la posibilidad de encontrar a los autores de los delitos; si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune», expresó.
Tello Gilardi resaltó, de otro lado, la importancia de crear un Sistema Especializado en Flagrancia, pero para su mayor efectividad, no solamente resuelva casos llamados de bagatela, como hurtos o conducir en estado de ebriedad, sino delitos como los del feminicidio y el sicariato.
«Ahí tenemos frente a un feminicida que casi prácticamente tiene el cuchillo ensangrentado en la mano y el cadáver de la mujer con quien ha tenido una relación, enterrada en su casa, ¿qué más necesitaríamos?», señaló.
Dijo, además, estar de acuerdo de que el Poder Judicial sea el ente rector del sistema de flagrancia, iniciativa promovida por esta institución con recursos propios y que actualmente ocupa un lugar preponderante en la lucha contra la inseguridad.
No obstante, demandó la necesidad de un presupuesto acorde a las necesidades y prioridades de este sistema, como centros de detención transitoria para los delincuentes procesados por flagrancia, laboratorios, entre otros.
Responsabilidad de infractores
Sobre el proyecto de ley que busca incorporar a adolescentes como imputables dentro del sistema penal de adultos, la jueza suprema observó que la Comisión Multisectorial de Implementación de Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, de la que el Poder Judicial forma parte, expresó su postura en contra.
Señaló que los adolescentes, entre 14 y 18 años, que cometen infracciones a la ley penal están sujetos al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y existen medidas socioeducativas para ellos, que van hasta los 10 años.
En ese sentido, instó al Ministerio de Economía y Finanzas a asignar el presupuesto adecuado para implementar juzgados penales especializados en materia de justicia restaurativa juvenil.
Con información del Poder Judicial.
