Hoy, nuevamente, las puertas del Poder Judicial amanecieron cerradas. Esta vez debido al paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial (Sutrapoj) de Lima.
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Como se recordará, el 22 de noviembre de 2016 los trabajadores llevaron a cabo una huelga indefinida que fue levantada tras la asunción de la presidencia del Poder Judicial del magistrado Duberlí Rodríguez Tineo, a quien ahora le reclaman cumplir con los compromisos que firmó.
Dada la gravedad de este hecho y las consecuencias que genera en los justiciables, Legis.pe entrevistó a Luis Sánchez López, quien en su calidad de Secretario General del Sutrapoj (Lima) nos explicó algunas de las preocupaciones que han motivado que se tome esta medida radical. A continuación sus declaraciones.
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En primer lugar, ¿quién convoca este paro de alcance nacional?
Nosotros, los trabajadores judiciales, por convicción misma, vamos a acatar un paro de 24 horas llamando también a la movilización que va a realizar la CGTP, que tiene una amplia plataforma de lucha y en la que nosotros también nos encontramos inmersos, por ejemplo, la evolución de la Ley Servir y el pase de los trabajadores CAS al régimen 728.
Es por eso que nosotros, conforme a nuestros estatutos, hemos tenido una asamblea el día 11 de junio, en la que nuestras bases han decidido acatar una paralización de 24 horas para el 19 de julio. En ese sentido, dentro de nuestra plataforma, son nueve los ejes importantes que procedemos a manifestar:
1. Exigir al presidente Duberlí Rodríguez que cumpla con todos los compromisos, por ejemplo, los contenidos en el Acta de Suspensión del año pasado, los cuales se han visto dilatados innecesariamente por parte de las mismas autoridades del Poder Judicial. También se encuentra dentro de esos compromisos, el pase al régimen indeterminado de trabajadores que cuenten con más de 3 años de servicio para que logren tener estabilidad, ya que dichos trabajadores cuentan con un mes o tres meses de contrato.
2. La transparencia de la Derrama Judicial, que lamentablemente se ve abochornada por actos de corrupción por parte de sus directivos, dentro de ellos se encuentra el gerente general Jaime Gómez Valverde y el juez supremo Hugo Príncipe Trujillo, quienes desde el año 2014 no rinden cuentas. Al respecto, estamos hablando de más de veinte millones de soles que no se sabe en dónde están.
3. El aumento de remuneraciones, compromiso que se llevó a cabo con el mismo presidente del Poder Judicial y que fue iniciada por una Mesa de Trabajo en donde se evalúan la Ley del trabajador judicial, la nueva escala remunerativa, el nuevo proyecto de ley que elaboramos (de CAS a 728). Sin embargo, desde el mes de enero hasta la fecha, nosotros estamos constituyendo semana tras semana esa Mesa de Trabajo pero no hay resultado alguno.
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Esta lucha tiene sustento en nuestro puesto de trabajo, debido a las políticas antilaborales que está implementando el gobierno y que ocasiona que nosotros busquemos una manera de protestar. ¿Por qué decimos esto? Porque el señor Duberlí Rodríguez está empecinado en sacar el expediente judicial digital. Por ejemplo, ya se ha iniciado el plan piloto en la Corte de Lima, tanto por mesa de partes, juzgados comerciales, juzgados laborales y juzgados civiles. ¿Qué consecuencias trae esto? Que las demandas se presenten vía correo electrónico, y a su vez, que ya no se haga uso del papel como todos lo conocen.
No obstante, hay un punto en el que no se ha pensado: se dejaría sin trabajo a muchas personas. Ya no habría personal de mesa de partes, de archivo, ni de notificaciones. De esta manera, los trabajadores que realizan funciones técnicas ya no laborarían en el Poder Judicial; vale decir, se suprimiría su plaza tal como lo establece la Ley Servir.
Al respecto, ¿no podría contemplarse reubicar a estos trabajadores?
Sería una propuesta que se daría al Poder Judicial por parte del Dr. Duberlí, pero lamentablemente cada vez que él sale a dar declaraciones a los medios, solo habla de hacer prevalecer la justicia por medio de los jueces y en ningún momento se refiere a los trabajadores. En consecuencia, nosotros no sentimos ese respaldo que en su momento el Dr. Duberlí nos dio a conocer cuando el recién iba a asumir el cargo.
¿Qué diferencia existe entre esta huelga y la que tuvo lugar en noviembre del año pasado, que duró casi 40 días?
Tal como lo indicas, el año pasado nosotros suscribimos un Acta de Suspensión con compromisos por parte de la autoridad (Dr. Duberlí). Lamentablemente, han pasado más de 6 meses y de dicha Mesa de Trabajo no hay ningún resultado. Nosotros hemos presentado el proyecto de una nueva escala remunerativa, hemos presentado el Proyecto de Ley de CAS a 728, el proyecto de la Ley de carrera del trabajador judicial; sin embargo, a pesar de que esto ya se ha presentado hace tres o cuatro meses (debido a que iba a entrar a evaluación por los asesores de la presidencia) no hay ningún resultado, no hay ningún acta firmada por la autoridad indicando que todos estos proyectos van a ser viables.
¿Ni siquiera el tema de los trabajadores CAS? Porque según tenemos entendido se les iba a aumentar el sueldo a una suma no menor de S/ 1300.00.
Dentro del Acta hay 28 acuerdos, de los cuales se han cumplido en cierta parte. Por ejemplo, como bien dices, el acuerdo de los trabajadores CAS, quienes ganaban 800 o 900 soles y ahora están percibiendo S/. 1300. Sin embargo, a pesar de toda la lucha que se ha llevado a cabo, sigue siendo injusto porque ellos deberían estar ganando igual que un trabajador del régimen 728. Lamentablemente la autoridad se niega a concederles este derecho.
Muy aparte de eso tenemos los contratos anuales, pero solo son beneficiados aquellos trabajadores que hayan tenido un contrato hasta el 30 de diciembre del año pasado. En consecuencia, si hay un trabajador que ha ingresado en enero o en febrero de este año, se le renueva de igual manera, es decir, de mes a mes o por cada tres meses.
¿Y qué ha pasado con la Ley Servir? Porque ya ha pasado bastante tiempo desde que fue promulgada.
Bueno, nosotros sabemos que hay hasta un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a que todas las entidades deberían estar inmersas dentro de esta Ley. Por ello, nosotros lo que buscamos es que nos excluyan de esta ley, debido a que nosotros tenemos una carrera especial; en ese sentido, denunciamos que el día de ayer en el Congreso se ha aprobado la exclusión de los trabajadores del BCR y de los trabajadores del Congreso de la Ley Servir.
Vale decir, a pesar de que ya existe un pronunciamiento de ley, el legislativo se burla de las leyes y no las cumple. Si la ley es aplicable para todos, debería serlo entonces, pero no se cumple y eso no es justo, porque a su vez, nosotros también, como Poder Judicial (ente autónomo), tenemos nuestra propia carrera y hemos presentado ya un proyecto que lo único que falta es que el Congreso lo apruebe.
¿Este paro convocado para el 19 de julio solo tendrá una duración de 24 horas o podría ampliarse?
Por el momento este es un llamado a todos los trabajadores a reflexionar y ver en qué condición estamos. En definitiva, este va a ser el primer paro que vamos a hacer, luego evaluaremos junto con las bases en distintas sesiones, el acatar diferentes medidas de lucha.
¿Qué impacto, económico y procesal puede provocar este paro nacional?
En materia económica, por día se pierden millones, debido a que nosotros recaudamos aranceles judiciales. Pero así como recaudamos necesitamos que la ciudadanía escuche y conozca las condiciones en las que nosotros trabajamos, queremos que entienda que no es que nosotros no queramos trabajar, lo que queremos es mejorar el servicio.
Vídeo | ¿Por qué trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 24 horas?
