Tu plata es mi progreso. A propósito de la inconstitucionalidad de la ‘Ley Mulder’

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la Ley 30793, bajo los siguientes argumentos: vulnera el derecho a la libertad de información, el derecho a la legalidad penal, y el derecho de la libertad de contratar con fines lícitos.

Se debe respetar la sentencia del TC y empezar un auténtico debate sobre la publicidad estatal. Más aún si la propia congresista oficialista Mercedes Araoz declaró que es necesario normar (o reglamentar) dicho gasto porque se hace mal y no hay un control.

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Expongo, por tanto, algunas cuestiones:

– ¿Es un problema solamente de gasto excesivo o esta publicidad siempre se distribuyó de acuerdo con el humor de los gobiernos de turno? Humor: intereses políticos, acuerdos de cobertura, tratamiento de la información, etc.

Los periodistas más destacados de los medios de comunicación ante ese señalamiento alegan su independencia profesional por encima de provechos de los directivos, y se aliaron a la causa de las empresas que pagaban sus planillas. Influencia que no necesariamente se deban coordinar con las unidades periodísticas desde luego, sino por instancias gerenciales.

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Veamos las tendencias de los últimos gobiernos desde Alberto Fujimori (Ministerio de la presidencia, compra de línea editorial de los medios, coacción con la publicidad estatal a la prensa) hasta el del Vizcarra y veremos qué medios son “amigos” o “enemigos” de cada régimen. Ejemplo: Ollanta Humala: 881 millones 525 mil 785 soles; Alan García: 413 millones 493 mil 593 soles; PPK (nueve meses): 350 millones 914 mil 599 soles.

Estas cifras nos plantean un gran problema. Esto vas más allá de que se gaste por necesidad comunicativa, sino porque el desembolso de dichos montos no se cuantifica en función a criterios de audiencia, estándares de control e interés del ciudadano. Es decir, la utilidad.

Si el Ministerio de Salud gasta medio millón de soles en una campaña informativa trimestral, digamos sobre una cruzada de nutrición, ¿no es lógico que este gasto deba evaluarse bajo criterios técnicos y de incidencia efectiva en la ciudadanía? ¿O eso no debe importar si se cumple la publicidad?

– Los medios hicieron campaña contra la ley. Una entrevista central de coyuntura y luego en los intermedios un especialista legal, técnico o político que ajusticiara la ‘Ley Mulder’. Trajeron expertos extranjeros, abogados y hasta intervino la Sociedad Interamericana de Prensa. Al respecto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa institución, Roberto Rock, declaró que la propuesta de Mauricio Mulder lesionaba el derecho a la libre competencia. ¿Si los medios son empresas privadas y libres de contratar con quien sea, ¿cómo una ley que no interfiere con sus decisiones comerciales podía lesionar sus principios de competencia?

– Los medios además trazaron una ruta discursiva con lo mejor que saben hacer: mediatizar un ánimo de abuso (Congreso vs. la libertad de expresión) contra principios constitucionales de libertad de información. Crearon el monstruo y demonizaron sus acciones en cada rincón del Perú. Bajo el precepto de defensa de los derechos de los ciudadanos a estar informados.

–  La lucha de los medios por presionar en todos los frentes casi a diario con articulistas, especialistas, eventos hasta internacionales y toda una agenda bien programada fueron amparados en la defensa de la libertad informativa, y en realidad era porque la torta publicitaria estatal se les escapaba de las manos.

La defensa de un derecho que venía con soles bajo el brazo de por sí destroza la ética y los principios que decían defender. Rosa María Palacios hablaba de las provincias y su afectación por la ley, pero sin ofrecer algún conocimiento de esas zonas o las capacidades adquisitivas o de posesión de aparatos tecnológicos de sus habitantes para estar informados.

– Los que bregaron contra la Ley lo hicieron sobre el criterio de necesidad del Estado de comunicar sus actos (programas, campañas, y sus políticas públicas). Quiere decir que el Estado necesita de esos medios (que sabemos se refieren a medios masivos o con alto nivel de audiencia nacional). Si la resultante de cómo se debe comunicar devino un criterio técnico de igual manera debe suponerse que un estudio solvente respalda toda la estrategia de gasto desde la selección del medio, criterios estratégicos comunicativos, estudio de públicos, en afán de garantizar un correcto uso de los recursos. Pero eso lamentablemente no se dio.

Marissa Pozo García (Chief Operations Officer/Havas Group Perú) dijo:

El Estado y el Gobierno del Perú tienen el derecho y también el deber de comunicar. La comunicación que tienen que hacer no es publicitaria, pero requiere -al igual que ésta- que impacte a la mayor cantidad de público. ¿Por qué razón? Porque las campañas del Estado tienen como fin principal informar a la población: informar acerca de eventos importantes como campañas de vacunación, informar acerca de campañas cívicas, procesos electorales, impuestos, etc.

– Entendámonos entonces, el gobierno no debe gastar en comunicar sin esperar nada a cambio. Debe administrarse su impacto, niveles de audiencia y cobertura de sus mensajes. Porque si la excusa son las políticas públicas cualquier campaña comunicativa debe dirigirse precisamente a implementar y mejorar los estándares de atención e impacto de dicha política.

– Y con las cifras expuestas de gasto del ejecutivo y de los municipios, gobiernos regionales y de otras dependencias podemos asumir que no se estaban haciendo bien las cosas. Una mirada a nuestro entorno y se nos vislumbran los gasto en materiales y formatos comunicativos (calendarios, boletines, spots de tv y radio, avisos, etc.) innecesarios. ¿Tienen alguna justificación las campañas de amnistía tributaria de las municipalidades si la recaudación en la mayoría de esas jurisdicciones se mantiene igual todos los años? ¿Qué nivel de interés e impacto en el ciudadano tendrán los boletines por millares que digamos compartió el Gobierno Regional de Arequipa en el 2017?

– Los medios se defendieron con uñas y dientes y más allá de discutir el asunto de fondo se encargaron de asesinar políticamente al mensajero (Mauricio Mulder) criticando las supuestas intencionalidades “reales” (venganza del fujimorismo contra los plurales y democráticos medios) de los congresistas que votaron por dicha ley.

– ¿Por qué el estado no usa sus medios (TV Perú, Radio Nacional, El Peruano) para comunicar sus mensajes a pesar de tener una mayor cobertura a nivel nacional? Porque precisamente su busca el interés de anunciar en medios de alta audiencia nacional expresado en los programas de televisión de mayor sintonía (“Esto es guerra”, “Combate”, noticieros estelares, partidos de las selección entre otros), radios y, desde luego, los diarios de mayor tiraje. ¿Pero estos medios creadores de esa programación no son cuestionados por cosificar a la mujer, promover el amarillismo, la noticia roja, farandulera y escandalosa o llamados televisión basura? Pues precisamente a ellos irán nuestros impuestos.

– Otro argumento expuesto es que el gobierno no puede anunciar en los medios que exigía el artículo 2 de la referida ley: “Dichas entidades públicas deberán igualmente suscribir cuentas en las principales aplicaciones de redes sociales, en especial, aquellas que tengan mayor difusión y número de usuarios y consignar en ellas sus comunicados, avisos y demás temas de difusión social.”

¿Qué entidad pública no cuenta hoy en día con estos mínimos soportes? ¿O en las zonas alto andinas no tienen aparatos (celulares) que puedan recibir dicha información? Además cuentan con oficinas de Comunicación o Relaciones Publicas.

La Universidad Nacional de San Agustín se compró el pleito contra la ‘Ley Mulder’ y adujo que no podían publicitar sus exámenes de admisión. Pero en el examen de Admisión Ordinario UNSA (2018)-I Fase alcanzó la cifra de 13000 postulantes, con la ley vigente. Cifra que no se distancia de anteriores procesos. ¿Cómo se pudo dar esto si la ley vulneraba el derecho a informar de la universidad? ¿O es que no tienen un estudio del público y de su interés por informarse de las convocatorias y por eso recurren a lugares comunes de algo que no conocen concretamente?

El constitucionalista Aníbal Quiroga y el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma coincidieron en señalar que dicha ley vulneraba “el derecho a la libre contratación” del gobierno a comunicar las actividades del Estado. García Toma agregó: “Controlar el manejo de los recursos públicos no puede pesar más que el derecho de la ciudadanía a informarse”. Quiroga también sentenció que “La ley Mordaza es una suerte de “chantaje económico y una forma estatal de amedrentamiento a la prensa libre por lo que informa diariamente, bajo la clarísima amenaza: más informas, menos publicidad te doy”. Pero en estos meses de vigencia de la ley no hubo denuncia alguna de abuso, atentando o amenaza explícita o implícitamente que se haya hecho público.

El voto en contra de la magistrada del TC Marianella Ledesma puede ser una luz divergente pero muy ecuánime sin perder de vista el problema de fondo y sus implicancias. La magistrada expresó acerca del tema en una entrevista: “La tendencia es a preservar la constitucionalidad de las normas, salvándolas a partir de una interpretación conforme a la Constitución. Toda norma es perfectible; la expulsión de la norma es una posición muy drástica.”

Pero, la suma de hechos y malgasto estatal conocido y expuesto no debe dejarse de lado en este debate y la valoración de una ley del congreso o los argumentos por los cuales el TC la anula deben sopesarse objetivamente. No tenemos un Estado rico (y los que lo son tampoco despilfarran sus recursos) ni estable. Cualquier fenómeno natural o crisis política afecta terriblemente nuestra economía y a nuestras instituciones.