El 30 Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Fenirupd Leky Chagua Payano, dictó auto de enjuiciamiento contra Fiorella Molinelli Aristondo y otros doce imputados en el proceso penal seguido por el presunto delito de colusión agravada vinculado a la concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero.
La decisión se adoptó tras evaluar el requerimiento acusatorio formulado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que atribuye a Molinelli Aristondo la condición de autora del delito previsto en el artículo 384 del Código Penal. El Ministerio Público sostiene que la imputada habría intervenido en actos funcionales relacionados con la modificación del contrato de concesión del referido proyecto aeroportuario.
En su acusación, la Fiscalía solicita que se le imponga 10 años de pena privativa de libertad, así como 10 años de inhabilitación para el ejercicio de función pública y el pago de una multa equivalente al 25 % de sus ingresos diarios por un total de 487 días. Asimismo, se requiere el pago solidario de $268 545 974 por concepto de reparación civil a favor del Estado, monto que comprende daño patrimonial y extrapatrimonial.
De acuerdo con la tesis fiscal, la responsabilidad atribuida a la imputada se sustenta en su participación en las negociaciones y en la suscripción de la adenda al contrato original del aeropuerto de Chinchero, cuando ejercía funciones públicas vinculadas al proyecto. Según el requerimiento, junto con otros funcionarios y representantes de la concesionaria, habría intervenido en la elaboración, negociación y aprobación de modificaciones contractuales que alteraron las condiciones de financiamiento y el esquema de pagos inicialmente pactado, lo que habría generado un beneficio indebido para la empresa Kuntur Wasi y un perjuicio económico para el Estado.
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Entre los medios probatorios admitidos se encuentran informes periciales oficiales, declaraciones testimoniales de funcionarios y exdirectivos de Proinversión y OSITRAN, así como comunicaciones electrónicas que, según la Fiscalía, evidenciarían coordinaciones entre los investigados durante el proceso de modificación contractual. También se incorporaron informes de la Contraloría General de la República que analizan el impacto económico de la adenda suscrita.
Durante la audiencia de control, la defensa de Molinelli sostuvo que no se produjo perjuicio patrimonial al Estado y presentó pericias de parte para respaldar su posición; sin embargo, el juzgado consideró que tales cuestionamientos deben ser evaluados en el juicio oral. En el proceso interviene la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios como actor civil, con el fin de obtener la reparación integral del daño que el Ministerio Público estima superior a USD 268 millones.
