Compartimos en formato PDF el libro El proceso competencial en la jurisprudencia (1996-2015) que editó el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional.
PRESENTACIÓN
Carlos Ramos Núñez
Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú
Director General del Centro de Estudios Constitucionales
Una de las tareas más importantes que la Constitución le ha encomendado al Tribunal Constitucional es conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas.
En un Estado constitucional, que tiene como uno de sus pilares la división de poderes, es inevitable que en algún momento surja una discrepancia o conflicto entre entidades estatales de rango constitucional respecto de sus atribuciones o competencias y a la correcta interpretación del marco constitucional y legal que las regula. En tal sentido, a fin de que el Estado pueda funcionar correctamente y no exista una superposición de competencias y atribuciones, o una negativa a cumplirlas, es necesario que un tercero dirima estos conflictos jurídicos, a tenor de lo estipulado en la Constitución y a lo desarrollado en las leyes orgánicas pertinentes. Esta importantísima función recae, como ya se dijo, en el Tribunal Constitucional, que es la única instancia del llamado proceso competencial.
Sumariamente, y a partir de la jurisprudencia del Tribunal sobre el tema, podemos afirmar que en un proceso competencial únicamente pueden oponerse:
(i) el Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;
(ii) dos o más gobiernos regionales o municipales entre sí; y,
(iii) los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o estos entre sí.
Debido entonces a esta singularidad, la de monopolizar la jurisdicción sobre el también denominado conflicto de competencias, es que el Tribunal Constitucional, sobre la base de una sostenida jurisprudencia, ha ido delineando la forma y estructura de este proceso, en un decurso en el que se ha logrado configurar cabalmente su ámbito, sus condicionamientos y exigencias, a quiénes cabe la legitimación activa y a quiénes la pasiva, sus límites y los efectos de las sentencias que se emiten en su interior. En buena cuenta, la jurisprudencia ha ido esclareciendo diversos tópicos e incidencias que acaecen en este proceso, que van desde la interposición de la demanda hasta la emisión de la sentencia, e incluso ha detallado, también, las medidas cautelares que puede interponerse.
El canon que ha propulsado esta configuración jurisprudencial es, sin duda, la tutela del orden constitucional objetivo.
Sobre el texto, podemos afirmar que su división, didáctica y útil, tiene un franco propósito expositivo, que allega notablemente la comprensión de este importantísimo proceso constitucional.
Así, en el primer capítulo se da cuenta de los aspectos generales y básicos del proceso competencial, y se enfatiza en su dimensión objetiva y subjetiva, así como en su finalidad. Se incluye también información que muestra el uso que se ha hecho de este proceso desde mediados de los años 90.
En el segundo y el tercer capítulo se analiza la procedibilidad de la demanda, es decir, las causas por las que una demanda puede ser declarada procedente o improcedente. En este tipo de proceso la condición necesaria para la procedencia de la demanda es la existencia de una actuación estatal que adolezca de vicios competenciales. Pero también debe analizarse entre quiénes se ha producido el conflicto, y determinar si se trata de un conflicto de atribuciones o de un conflicto de competencias propiamente dicho; asimismo, debe dilucidarse cuál es el petitum y qué tipo de decisión estatal se está cuestionando. Por último, se tendrá que verificar si la demanda ha sido presentada por los sujetos legitimados.
El capítulo cuarto se dedica al estudio de la admisibilidad de la demanda. Allí se analiza la identificación de los representantes procesales, la identificación del abogado patrocinante y la determinación de los argumentos esgrimidos.
El desarrollo del proceso y la participación del legitimado pasivo y otros sujetos es analizada en el capítulo quinto, mientras que el capítulo sexto está dedicado al estudio de la sentencia, su estructura, efectos y ejecución.
El capítulo séptimo, el último del libro, está dedicado a analizar las medidas cautelares.
Se trata, entonces, de una exhaustiva y acabada perspectiva del proceso competencial, quizás el proceso constitucional menos estudiado por los juristas y el menos recurrido por los entes legitimados (acaso por un desconocimiento que a estas alturas resulta incomprensible), pese a que su fin expreso es dirimir las desavenencias y franca oposición de competencias entre entidades estatales, que suelen ser recurrentes e inevitables en la vida democrática de un país. El presente trabajo es también oportunidad para reflexionar no solo sobre la naturaleza e implicancias de este proceso, sino también sobre su dimensión e importancia, si no perdemos de vista que es, por sí mismo, una herramienta poderosa para fortalecer la institucionalidad del Estado y, con ello, la paz y la armonía social.
Este libro –segundo dentro de la serie denominada Procesos Constitucionales y que es fruto del impecable trabajo de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales de nuestra institución, cuyo esfuerzo reconocemos expresamente–, significa mucho para el Centro de Estudios Constitucionales, a quien el Tribunal Constitucional le ha confiado la vasta y exigente tarea de difundir la jurisprudencia y cultura constitucional. Esta significación es porque, más allá de que servirá como fuente de consulta oportuna para el operador jurídico y como vigorosa incitación al debate para la comunidad académica, se trata de un texto que cumple con el objetivo que nos hemos impuesto desde que asumimos la jefatura de este centro de estudios: acercar la Constitución a la comprensión del ciudadano, y que conozca de manera cabal los derechos fundamentales que esta consagra –derechos que son los suyos y de todos– así como los procesos que ha diseñado para asegurar su ejercicio y vigencia.
» Del Magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Nuñez.){kind=link}