Fundamento destacado.- Cuarto.- Que, el artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil, contiene una causal de nulidad de los actos jurídicos, precisando que esto serán nulo, entre otros supuestos, si son contrarios a las leyes que interesan al orden público; debiendo entenderse por orden público al “conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas, de ser necesario recurrir a ellas” (Rubio Correa, Marcial. Título Preliminar, Biblioteca para Leer el Código Civil; Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Lima, mil novecientos noventiocho, página noventicinco), es decir una norma de orden público es cuando su observancia es obligatoria para todas las personas, y se diferencian de las normas imperativas, que son normas de observancia obligatoria sólo para todas las personas que se encuentran dentro del supuesto de hecho de tales normas; en tal sentido las normas del derecho de familia, y en particular las normas referidas al régimen patrimonial del matrimonio no son normas de orden público, sino normas imperativas, porque sólo son obligatorias para aquellas personas que se encuentran dentro de una relación jurídica matrimonial.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA
Casación N° 3702-2000, Moquegua
Lima, 8 de junio del 2001.-
VISTA. la causa número tres mil setecientos dos-dos mil; en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia.
MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por Elsa Flores de Maldonado a fojas doscientos setentidós, contra la resolución de vista de fojas doscientos setenta, su fecha doce de octubre del dos mil, que confirmando la sentencia apelada de fojas doscientos dieciocho, su fecha veintisiete de junio del año próximo pasado, declara infundada la demanda.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
Por resolución de esta Sala del veintiséis de enero del presente año, se declaró procedente dicho recurso, por las siguientes causales: a) la inaplicación de los artículos doscientos noventa y nueve y trescientos cuatro del Código Civil, agravio sustentado en que el régimen patrimonial comprende tanto los bienes que los cónyuges tenían antes de entrar en vigor el matrimonio como los adquiridos por cualquier título durante su vigencia, en consecuencia los bienes donados se encuentran dentro del régimen patrimonial del matrimonio y por tanto benefician a la sociedad conyugal, además porque los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad constituyen bienes sociales así como todos los que no se hallan comprendidos en el artículo trescientos dos del Código material además ningún cónyuge puede aceptar o renunciar a una herencia, legado o donación sin el asentimiento del otro cónyuge, en consecuencia no era necesario que la actora esté expresamente nombrada en la donación ya que ha mediado aceptación del otro cónyuge, y como consecuencia beneficia a la sociedad conyugal con los frutos de lo donado; y b) la interpretación errónea del artículo quinto del Título Preliminar del Código sustantivo, en agravio sustentado en que el Colegiado considera erradamente que en la norma acotada no se encuentra contenida una causal de nulidad del acto jurídico, resultando que dicha norma si bien es de carácter general, tal como se sostiene en la impugnada, pero ello debe entenderse en el sentido de que para aplicarla no es necesario que cada dispositivo específico vaya acompañado de una nulidad expresa, siendo el sentido de la norma que si analizada la norma concreta, se aprecia que se trata de una norma que interesa al orden público ella se encuentra prevista dentro de los efectos del artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil y que cualquier acto que la contraríe sufrirá de vicio de nulidad, resultando que las normas que rigen los derechos de familia son de orden público, es decir de ineludible cumplimiento, por ser de carácter imperativo, por ello cualquier acto que no esté dentro de lo dispuesto por ellas resulta nulo, siendo el caso que cualquier acto que no se ajuste a la norma imperativa necesariamente es nulo, por esta contemplada dicha nulidad en el inciso octavo del artículo doscientos diecinueve del Código Civil, por aplicación estricta del artículo quinto del Título Preliminar del mismo Código, por ende esta norma sí indica cuando son nulos los actos jurídicos y no establece otra causal de nulidad como se dice; siendo que en el caso de autos COFOPRI desconociendo los convenios sobre donación del inmueble, va en contra de las normas del derecho de familia, dando intervención en una de la sociedad conyugal a la conviviente, expidiendo un título sobre datos falsos cuando se dice que el esposo y beneficiado con la donación es soltero cuando en realidad era casado, perjudicándose con los frutos del bien a la sociedad de gananciales, existiendo disposiciones expresas al respecto, todo lo cual implica ir contra leyes que interesan al orden público.
CONSIDERANDO:
Primero.- Que, la organización económica de la familia constituida matrimonialmente se regula a través de los llamados regímenes patrimoniales que, de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, son la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios, estableciendo el artículo doscientos noventinueve del Código acotado que el régimen patrimonial comprende tanto los bienes que los cónyuges tenían antes de entrar aquel en vigor como los adquiridos por cualquier título durante su vigencia.
Segundo.- Que, la norma acotada está referida al régimen patrimonial del matrimonio en general y no a un tipo de régimen en particular, en consecuencia dicho dispositivo no permite establecer que un determinado bien pertenezca o no a la sociedad de gananciales, ya que para ello será necesario que los contrayentes hayan optado por dicho régimen de acuerdo a lo establecido por el artículo doscientos noventicinco del Código material, y de ser el caso que dicho bien tenga la calidad de bien propio o de bien social, en consecuencia la norma acotada no resultaba de aplicación indispensable para resolver la presente controversia.
Tercero.- Que, el artículo trescientos cuatro del Código Civil, establece entre otros supuestos, que ninguno de los cónyuges puede dejar de aceptar o rechazar una donación sin consentimiento del otro, norma que no resulta aplicable al presente caso, por cuanto el demandado sí aceptó la transferencia a título gratuito que efectuó a su favor su empleadora, y por ende al tratarse de un bien propio, de acuerdo a lo establecido por el inciso tercero del artículo trescientos dos del Código sustantivo, no requería del asentimiento de su cónyuge; y si bien es cierto que el artículo trescientos diez del acotado establece que los títulos y productos provenientes de los bienes propios de cada cónyuge constituyen bienes sociales, sin embargo no es materia controvertida en este proceso el cobro de frutos.
Cuarto.- Que, el artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil, contiene una causal de nulidad de los actos jurídicos, precisando que esto serán nulo, entre otros supuestos, si son contrarios a las leyes que interesan al orden público; debiendo entenderse por orden público al “conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas, de ser necesario recurrir a ellas” (Rubio Correa, Marcial. Título Preliminar, Biblioteca para Leer el Código Civil; Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Lima, mil novecientos noventiocho, página noventicinco), es decir una norma de orden público es cuando su observancia es obligatoria para todas las personas, y se diferencian de las normas imperativas, que son normas de observancia obligatoria sólo para todas las personas que se encuentran dentro del supuesto de hecho de tales normas; en tal sentido las normas del derecho de familia, y en particular las normas referidas al régimen patrimonial del matrimonio no son normas de orden público, sino normas imperativas, porque sólo son obligatorias para aquellas personas que se encuentran dentro de una relación jurídica matrimonial.
Quinto.- Que, si bien es cierto que el Colegiado incurre en un error de interpretación al considerar que la norma contenida en el artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil, no contiene una causal de nulidad del acto jurídico, por constituir un principio general, máxime si el inciso octavo del artículo doscientos diecinueve del Código acotado establece que el acto jurídico es nulo en el caso del artículo quinto mencionado, salvo que la ley establezca sanción diversa; sin embargo determinar si en el caso de autos se ha incurrido o no en dicha causal, implicaría efectuar una revaloración de los medios probatorios actuados, lo que excede las facultades casatorios de esta Sala por no constituir una instancia de mérito.
Sexto.- Que, no habiéndose incurrido en los errores in judicando alegados, resulta de aplicación lo establecido en el artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil.
Séptimo.- Que, atendiendo a lo señalado por el Fiscal Supremo, debe tenerse en consideración que el artículo doscientos noventa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que en los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley, apreciándose de lo expuesto por el artículo setenticinco del Código adjetivo, que se requiere poder especial.
Octavo.- Que estando a los considerandos precedentes y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal;
DECISIÓN
I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos setentidós; en consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas doscientos sesenta su fecha doce de octubre del dos mil;
II. CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso así como a una multa de una Unidad de Referencia Procesal;
III. ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Felipe Percy Maldonado Coahila y otros con Elsa Flores de Maldonado; sobre Nulidad Parcial de Título de Propiedad y otros; y los devolvieron.
S.S.
ECHEVARRÍA A.
CELIS Z.
TORRES T.
LAZARTE H.
ZUBIATE R.
