El congresista Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca extender la pena de muerte a «nuevos delitos graves».
Para ello, la iniciativa permitiría al Estado Peruano «iniciar el proceso de denuncia» respectivo contra los tratados que impidan dicha medida.

La necesidad probada de incorporar nuevos delitos con pena de muerte, especialmente vinculados con ilícitos graves como el narcotráfico, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión y la integridad de los niños y adolescentes, habilita al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia respecto del tratado que corresponda.
Proyecto de Ley N°9827/2024-CR
PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA EXTENSIÓN DE LA PENA DE MUERTE PARA DELITOS GRAVES SIN TRASGREDIR LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO PERUANO
El congresista de la República ALFREDO PARIONA SINCHE, miembro de la BANCADA SOCIALISTA, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con los artículos 22 inciso c) 67, 75 y 76 del reglamento del Congreso de la República presenta en siguiente proyecto de Ley.
FÓRMULA LEGAL
El Congreso de la República, Ha dado la ley siguiente:
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA EXTENSIÓN DE LA PENA DE MUERTE PARA DELITOS GRAVES SIN TRASGREDIR LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO PERUANO
Artículo 1. Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto garantizar el Estado de derecho en el Perú con relación a la aplicación de la pena de muerte y la posibilidad posterior de extender sus alcances a otros delitos graves sin trasgredir las obligaciones internacionales vigentes.
Artículo 2. Modificación de la Constitución Política del Perú
Modifícase el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, con el siguiente texto:
“Artículo 140. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
La necesidad probada de incorporar nuevos delitos con pena de muerte, especialmente aquellos vinculados con ilícitos graves como el narcotráfico, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión y la integridad de los niños y adolescentes, habilita al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia respecto del tratado que corresponda.”
Lima, diciembre de 2024.
[Continúa…]
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