El riesgo de que los procesos de extinción de dominio de los bienes vinculados al crimen organizado, corrupción y lavado de activos sean desactivados a raíz del proyecto de ley 3577/2022-CR, propuesto desde el Congreso de la República, fue uno de los temas abordados el viernes último en la «Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial». Allí participó la fiscal Vanessa Milagros Díaz Ramos, en su condición de encargada de la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Extinción de Dominio.
Entre las amenazas detectadas, la fiscal Díaz Ramos advirtió que la propuesta legislativa que pretende modificar el Decreto Legislativo 1373 (actual Ley de Extinción de Dominio) plantea que los bienes de origen o destino ilícito ya no podrían pasar al poder del Estado, sin contar previamente con una sentencia condenatoria penal firme y consentida, impidiendo de esta manera desarticular el patrimonio obtenido de forma ilegal.
Asimismo, respecto al catálogo de delitos precedentes sobre los cuales puede requerirse la extinción de dominio, precisó que el proyecto de ley busca exonerar delitos tan graves como lavado de activos, corrupción de funcionarios y delitos medioambientales, sumándose a ello la reducción del plazo de prescripción a solo cinco años.
En tal sentido, la fiscal Díaz Ramos propuso que se realicen reuniones mensuales para seguir de cerca lo que se pueda resolver en el Poder Legislativo sobre este tema y, con ello, plantear iniciativas que aminoren cualquier efecto negativo a los procesos de extinción de dominio en curso contra patrimonios ilícitos.
Los participantes conversaron, además, sobre la importancia de implementar nuevas herramientas y recursos operativos, asegurando una respuesta más eficaz ante la criminalidad organizada y los delitos vinculados al lavado de activos.
En la mencionada reunión, también participaron la Procuradora Pública Especializada en Extinción de Dominio, Liliana Meza Quito, quien es además presidenta de la Mesa, el fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, de la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima; el coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, juez supremo Manuel Luján; entre otros representantes de instituciones públicas.
Con información del Ministerio Público.
