Un halo de pesimismo recorre el futuro de nuestro planeta. La crisis climática y ambiental a nivel global, los cambios de temperatura que vienen ocurriendo en las grandes urbes, y un sinfín de etcéteras nos indican que no volveremos a un medioambiente predictible y menos hostil al ser humano. Todo indica que el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados en los próximos años se cumplirá y el Acuerdo de París, como todos los esfuerzos por cumplirlo, es un total fracaso. La era de la “ebullición global” se inauguró, esto se debe al accionar del ser humano; en principio, al accionar irresponsable del Estado y el mercado.
Una principal causa de la crisis climática es el modelo extractivo insostenible en el mundo. Este tiene como característica la pugna por debilitar la regulación ambiental a nivel global y en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Es lo que Vergara y Quiñón han mencionado como “grupos de interés y agendas particulares que degüellan a la democracia como medio de erradicar la capacidad regulatoria del Estado” o lo que Dargent mencionaba como “los corruptos harán lo posible por acabar con los espacios estatales que se fortalecen para enfrentar este flagelo”. Este es un asalto por todos lados, desde grupos de interés económicos lícitos e ilícitos. Las empresas formales no deben hacer juego a los grupos ilegales en debilitar la regulación estatal.
Por ejemplo, en un artículo anterior señalábamos cómo el sector empresarial —con una campaña muy efectiva— se opuso a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Esto ha pasado en Colombia, Chile, Costa Rica y tantos más países. Y desde hace unos meses, se iniciaron acciones de comunicación para debilitar la institucionalidad ambiental —incluso preparando el terreno para una intento de retirarnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos—, desarrollar actividades de hidrocarburos en áreas protegidas, entre otras propuestas que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural.
Se pretende salir de la crisis económica —causada por la pandemia— de manera equivocada: reduciendo o eliminando los requerimientos ambientales para la viabilidad de las inversiones. El discurso principal es aprovechar los recursos que tenemos, reducir las demoras para aprobar los estudios de impacto ambiental mediante la fusión de varias agencias ambientales y así las inversiones mineras que se ampliarían o las nuevas podrían “beneficiarnos” a corto plazo. Asimismo, se proponen actividades extractivas en parques nacionales como Sierra del Divisor, Manu, Bahuaja Sonene, y otras áreas, que son los últimos espacios que detienen el mal avance de las actividades ilegales, y con ello la deforestación y degradación de los bosques amazónicos.
El sector empresarial tiene pendiente demostrar cómo la institucionalidad ambiental supuestamente impide las inversiones y cómo sus propuestas atraerán más inversiones. Solo el sector hidrocarburos no ha conseguido en una década aumentar la inversión en exploración pese a la reducción de las regalías, facilidades ambientales y promoción de las inversiones, porque solo empresas juniors han llegado y nadie quiere invertir en la Amazonía peruana porque no se asegura una licencia social ni ambiental. Es más, pueden seguir echándole la culpa a las comunidades indígenas ante este desafío, pero el consorcio del lote 88 ha tenido un EIA aprobado desde el 2013 para explorar y encontrar nuevas áreas para perforar y explotar y no ha conseguido nada.
Pero no es solo el sector privado el que debe demostrar que estas propuestas mejorarán la gestión de las inversiones sin generar daños ambientales, sino también el Ministerio de Energía y Minas, con un liderazgo más claro. En un contexto de crisis climática y apreciando visiones de transición energética de Colombia y Ecuador —este último con una consulta ciudadana que votó por mantener hidrocarburos en el subsuelo para proteger el Yasuní, es notorio que Perú no tenga una propuesta al respecto. El silencio climático es evidente, como parte de las inversiones y el rol del sector energético, es aún más. ¿Cómo apostar por cambiar la legislación ambiental, si desde hace ocho años el Ministerio de Energía y Minas no ha tenido la capacidad de liderar la remediación ambiental en la zona norte de la Amazonía peruana?, dejando a su suerte a cientos de comunidades indígenas contaminadas (Ley 30321). Si en ocho años no han podido remediar con un fondo de más de 400 millones de soles, con varios cambios legales; es difícil creer que, por unos cambios legales con un alto riesgo, vamos a ser más atractivos para las inversiones.
Proponer que se diluya la gestión ambiental, que primen los hidrocarburos en cualquier Área Natural Protegida (ANP) y que las decisiones de su autoridad (SERNANP) dependa de lo que decida el Ministerio de Energía y Minas, o desaparecer la participación ciudadana en la evaluación ambiental, solo traerá más conflictos, más costos y más demoras. Desde hace años se intenta y lo que se ha conseguido es incrementar los riesgos y causar daños ambientales y sociales. Los cambios legales traen riesgos de que unos cuantos hagan negocios que atenten al bien común, poniendo en riesgo nuestro patrimonio natural. Pensemos no más en el riesgo en el que se encuentra, desde hace años, nuestro patrimonio arqueológico y cultural con el silencio positivo administrativo para el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA.
El sector empresarial debería demostrar cómo estos posibles cambios son convenientes para todos los peruanos. Después de los escándalos de “Lava Jato”, nada profundo ha cambiado, ninguna empresa después de Odebrecht ha sido sancionada y menos un acto de constricción —solo una empresa peruana lo hizo, sin un efecto real— que nos haga creer que las cosas han cambiado. Si bien la cláusula de “corrupción” es un desincentivo para la inversión – sintomático, ¿no? —, la percepción llena de evidencias nos dice que la corrupción se sigue extendiendo, malas autoridades y malos empresarios siguen usurpando el bien común, para su propio disfrute, sin tomar en cuenta los derechos de todos los peruanos. En regiones extractoras de recursos naturales, en las localidades de donde se extraen estos recursos naturales los índices de desarrollo humano están por los suelos, pero solo algunos se benefician de ello.
Estos intentos de debilitar la institucionalidad o afectar el patrimonio natural ya han ocurrido en los últimos 20 años. La iniciativa de reducir el Parque Nacional Bahuaja Sonene (2007), la Ley de la Selva (2008), la Ley de “Paquetazos Ambientales” (2013 y 2014), el cuestionamiento de la fiscalización ambiental (2017), son algunas de las situaciones en que se logró debilitar la regulación ambiental y que trajeron consecuencias. No generarán automáticamente conflictos socioambientales, pero aumentan el riesgo de que esto ocurra. Por ejemplo, la evaluación ambiental conjuga una evaluación técnica de los proyectos, una viabilidad social con la participación ciudadana y finalmente una decisión política y jurídica de la autoridad administrativa. Si una de ellas termina por primar, especialmente recibiendo influencias desde el poder de la Presidencia del Consejo de Ministros, pues no duden que tendremos más casos como el “Baguazo”, más desconfianza y más problemas que resolver.
Querer solo pensar en sus ganancias a corto plazo no ayuda a salir del problema en que nos encontramos. Si realmente queremos pensar a largo plazo y en promover las inversiones, no basta con cambios legales o institucionales, es importante fortalecer a la administración y promover el cumplimiento de la norma. En vez de fusionar y reducir el personal de las instituciones ambientales, debemos contratar y mejorar su trabajo con recursos disponibles, que no solo les permita aprobar estudios ambientales, sino de calidad y en poco tiempo. No olvidemos recientes accidentes de contaminación en el litoral peruano (2022) o en el histórico y reciente en Loreto, los aniegos de San Juan de Lurigancho (2019), es más, muchos accidentes de las inversiones se producen porque no se realizaron estudios preventivos adecuados. Recordemos que la falta de previsión es lo que genera riesgos ambientales y sociales para la población.
Otra razón más para oponernos a propuestas de cambios legales es que no tienen sustento técnico. Tomemos nota que estas áreas protegidas y la institucionalidad ambiental son dos compromisos del Estado peruano en la conservación de nuestro rico patrimonio natural y la lucha contra el cambio climático. Desde el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos (2006), pasando por acuerdos de financiamiento climático como la DCI (2014) y finalmente por la candidatura del Perú para ser parte de la OCDE, estos dos compromisos son los mínimos que deberemos cumplir si queremos ser un país moderno y coherente con la protección ambiental.
Finalmente, debilitar el Estado por nuestros intereses particulares es un riesgo inadmisible. Debería evaluarse profundamente cuáles son los cambios necesarios y no hacer un “make up” que solo permita constreñir a un funcionario que debe revisar más de 30 estudios de evaluación ambiental por año y que no tiene más recursos que sus estudios universitarios, su experiencia y algún software en su computadora, en un plazo menor a “noventa días”. Es ese el debate que debemos tener y no la misma cantaleta empresarial contra el derecho ambiental. Es como si siguieran viviendo en tiempos del precalentamiento global.
