1. Introducción
Contra viento y marea, y además contra todo pronóstico judicial, el día de ayer juramentaron solo cinco de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, órgano constitucionalmente autónomo que reemplaza al extinto Consejo Nacional de la Magistratura.
2. Desarrollo del tema
El disuelto Congreso de la República, aprobó el año pasado, su Ley Orgánica, en demostración del primer resultado de la consulta de referéndum, realizada en el mes de octubre del 2018 y cuya aprobación fue con 78 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.
Por tal razón, para el día de ayer, estaba prevista la juramentación, de los flamantes miembros de la Junta Nacional de Justicia, declarados aptos.
– Aldo Alejandro Vásquez Ríos
– Henry José Avila Herrera
– Luz Inés Tello De Ñecco
– María Amabilia Zavala Valladares
– Marco Tulio Falconí Picardo
– Imelda Julia Tumialán Pinto
– Antonio Humberto de la Haza Barrantes.
Sin embargo, la Comisión Especial realizó una sesión extraordinaria, para analizar los cuestionamientos que pesaban contra el Dr. Marco Falconí Picardo y María Zavala Valladares y en consecuencia se suspendió su juramentación y se ha previsto una nueva convocatoria para mañana, a fin de resolver su situación jurídica.
Al Dr. Marco Falconí[2] se le cuestiona luego de que un informe periodístico de Perú21 mostrara que se le sumó 10% de bonificación al puntaje que presentara, cuando, supuestamente fue miembro de las Fuerzas Armadas y licenciado de esa institución castrense.
Por lo que a decir de la abogada y experta de Derecho Constitucional Beatriz Ramírez, no le correspondía la bonificación del 10% por haber realizado el servicio militar voluntario, debido a que el artículo 37-B de la ley publicada en el 2008, no debía recibir la mencionada bonificación, pues la ley expresamente los excluye, es decir a quienes han egresado de colegios militares.
De la misma forma, se ha precisado que su situación jurídica, se resolverá el día de mañana y se tendrá en cuenta la denuncia sobre presuntos plagios de su tesis doctoral, de la maestría y de un libro, amén de que a lo largo de tres años, tendría llamadas con el Dr. César Hinostroza y con personajes seriamente cuestionados.
Es importante no perder de vista, que según el comunicado 019-2019-CE, el Dr. Falconí Picardo tiene el siguiente puntaje y que lo catapultó al quinto lugar:
– Puntaje de conocimientos: 26
– Puntaje curricular 23.50
– Puntaje de la entrevista 32
– Resultado final 81.50.
La Comisión Especial, a través del referido comunicado oficial, precisó que la juramentación de todos los siete miembros titulares y los siete suplentes, se debía llegar a cabo el día de ayer y hasta el jueves 02 de enero, no había ningún inconveniente para la juramentación.
Sin embargo, a medida que pasaban las horas, comenzaron a circular serios cuestionamientos a tres candidatos, referidos a su conducta democrática, su conducta ética e idoneidad, lo que originó una urgente e inmediata convocatoria de sus miembros, pues tanto la fiscal de la Nación, Dra. Zoraida Avalos, y la flamante presidenta del Tribunal Constitucional Dr. Mariela Ledezma, demandaron la suspensión de la juramentación y hasta se dio a conocer el voto singular de una de ellas que opinaba que el Dr. Marco Falconí no debía ser declarado apto y además se emitió su último comunicado y se denunció que no había sido autorizado por dos de sus miembros, lo que desenvocó en una crisis institucional, con los resultados ya conocidos, pues solamente juramentaron cinco de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Dentro de este contexto, diferentes juristas precisaban que la Comisión Especial no debía ceder a las presiones de un sector político, pues las etapas del concurso público, ya habían precluido y las personas interesadas y la sociedad civil, había tenido la oportunidad de interponer las tachas y denuncias dentro de la etapa correspondiente, que la propia Comisión Especial habilitó.
Sin embargo, también se comenzó a precisar que si los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, se encuentran salpicados por la duda de la probidad, es mejor suspender la juramentación, pues aún se tiene tiempo hasta el 20 de enero y existe la posibilidad de revisar nuevamente su hoja de vida, a fin de que las personas que integren esta nueva institución, sea de la más diáfana y transparente, toda vez que se trata de una institución muy importante, en donde reposa el sistema nacional de justicia.
No cabe duda, que la presente elección de la Comisión Especial de la JNJ, se debe a la convocatoria a concurso público de méritos y además se encuentra bajo el cumplimiento de un escrupuloso cronograma de trabajo, la realización de la prueba de confianza, la publicación de cada una de las entrevistas a través del canal de televisión Justicia TV y la entrega oficial de los resultados a los postulantes.
Los peruanos hemos sido testigos, de las entrevistas realizadas a cada uno de los aspirantes en esta recta final y para tal efecto, los miembros de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, se dividieron el trabajo y para cada aspirante había un Ponente o digamos Director de Debates, encargado de la conducción de la entrevista y que tenía mayor estudio sobre el expediente de cada uno de los postulantes, pues entendemos tenía el currículum vitae, el legajo de la conducta e idoneidad del aspirante, sus quejas y denuncias, su patrimonio, su declaración jurada de rentas y bienes, así como también su desempeño personal, familiar, profesional y ético, es por ello que nos preguntamos que pasó con el legajo del Dr. Marco Falconí Picardo ¿No lo tuvieron en cuenta, se les pasó la bonificación, realmente le correspondía el bono, tuvieron acceso a las quejas a denuncias sobre supuesto fraude, o existe una campaña de demolición de un sector político que quiere poner a otros candidatos de su preferencia?
En tal sentido, no está demás precisar que algunos juristas, consideran que la etapa de las entrevistas personales han pasado completamente desapercibido y la sociedad civil, no ha tenido la oportunidad de presenciarlos a través de los medios de comunicación de alcance nacional y es más, un grupo de profesores universitarios de una conocida casa superior de estudios, denunciaron que no los habían dejado ingresar a presenciar físicamente las entrevistas y los derivaron a un salón contiguo, para proseguir con las entrevistas a través de unos monitores y en consecuencia, decían que esta etapa del proceso de concurso de selección y méritos estaba manchada por el secretismo y la no transparencia.
En cambio, otro sector de juristas y de la sociedad civil, ha observado con beneplácito, el desarrollo de cada una de la entrevistas a los finalistas y ha permitido conocer su perfil profesional, personal, democrático y ético, pues a decir verdad, han existido preguntas objetivas, incómodas, necesarias y además agudas, que han permitido conocer la reacción de cada postulante y sobretodo saber aspectos desconocidos de la vida académica, familiar, moral y ética de los postulantes a tan importante cargo público y que se ha reflejado en los votos singulares de sus miembros.
En estas últimas horas, también se han publicado informaciones contra otros aspirantes a la Junta Nacional de Justicia, aduciendo que no cuentan con el perfil profesional y ético, sin embargo es importante precisar que la propia Comisión Especial dio a conocer el cronograma de actividades de trabajo y dentro de ellas, se encontraba la etapa de quejas y denuncias, las mismas que se han presentado y los candidatos han tenido la oportunidad de absolverlas y la Comisión Especial resolver lo que correspondía, es por ello que el día de mañana se ha convocado a una reunión para resolver su situación jurídica y conocer si las últimas informaciones propaladas, fueron de conocimiento previamente de la Comisión Especial o de lo contrario se trata de información sobreviniente y posterior a la publicación del cuadro final de méritos del concurso público.
Al parecer la historia se repite, a lo que sucedió en el primer concurso público, cuando solamente accedió a tan importante cargo, un solo candidato y habiéndose señalado día y hora para su juramentación, en horas de la mañana circuló negativa información sobre la conducta e idoneidad del aspirante, lo que originó que la Comisión Especial suspendiera la juramentación y el propio candidato desistiera de continuar en carrera y en consecuencia se declaró nulo todo el concurso público, con las funestas consecuencias que ya conocemos.
Por tal razón, una de las reformas emprendidas por el presente gobierno, indudablemente ha sido la “ reforma política “ y adicionalmente a ello, también se precisó que se iniciaba la llamada “ reforma judicial “, la misma que estribaba en la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo problemas de los CNM audios y la convocatoria y constitución del nuevo organismo público, denominado:
Junta Nacional de Justicia, ente constitucionalmente autónomo que debe tener el colosal reto de limpiar la casa, para nombrar y seleccionar, ratificar, destituir y evaluar parcialmente a los señores jueces y fiscales de todo el país.
De acuerdo a la propia Ley Orgánica, la decisión de nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ha requerido el voto conforme a los dos tercios del número legal de los miembros de la Comisión Especial, es decir cinco miembros y para tal efecto, se deben dar a conocer los resultados, mediante resolución administrativa debidamente motivada, la misma que tiene carácter público y por ende debe ser publicada en el diario oficial El Peruano.
No debemos de perder de vista, que la Comisión Especial también ha elegido a siete miembros de la JNJ que tienen la calidad de suplentes, es decir frente a cualquier impedimento, muerte, causal sobreviniente, o no haber informado algún impedimento o por la comisión de delito doloso, pueden reemplazar a los titulares y estos miembros suplentes son:
– Thornberry Villarán, Guillermo Santiago
– Siles Vallejos, Abraham Santiago
– Roseel Medina, Mónica Roxana
– De la Puente Parodi, Jaime Pedro
– Tello Leyva, María del Carmen Dolores
– Calderón Castillo, Jorge Bayardo
– Rodriguez Mendoza, Jacinto Julio
De la misma forma, no hay que perder de vista, que en su oportunidad también existieron cuestionamientos, previos a la entrevista personal, sobre la conducta e idoneidad de algunos aspirantes a tan importante cargo público, pues se tomó conocimiento que cerca de más de una decena de postulantes a la Junta Nacional de Justicia, intentaron sin éxito ser jueces y fiscales titulares y que si bien no los descalificaba académica y moralmente, era una buena referencia, pues su trabajo profesional se desarrollaba dentro del sistema nacional de justicia y demostraba que estaban muy atentos en el desarrollo de una óptima impartición de justicia en el Perú.
También, se comenzó a cuestionar, mediante comentarios no menos importantes, que la Comisión Especial, debió insistir en invitar a “personalidades y notables” , “pesos pesados de la justicia” y que de alguna manera se encontraran fuera de cualquier cuestionamiento, apetito personal, venganza y figuración, sin embargo el proceso del concurso público de mérito ha llegado a su etapa final, con serios cuestionamientos a los candidatos ya declarados oficialmente aptos.
Dentro de este contexto, el nuevo marco normativo, establece las competencias, organización, conformación, requisitos y funciones de la nueva Junta Nacional de Justicia, que reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura y cuya función primordial será la del nombramiento y selección, sanción, destitución, evaluación parcial y ratificación de los señores jueces y fiscales de toda la República.
Esta norma aprobada, fue fruto del consenso de las diferentes tiendas políticas del disuelto Congreso de la República, a iniciativa del propio Presidente y además por la propia voluntad popular, reflejada en el referéndum para establecer la denominada “reforma judicial”.
Una de estas innovaciones, de la norma legal aprobada, fue la priorización de la meritocracia de los magistrados, independientemente de la diferencia de género, pues de lo que se trataba, es que los jueces y fiscales se les evalúen sus méritos académicos, independientemente de su condición de varón o mujer.
De la misma forma, una de las reformas establecidas al funcionamiento de la JNJ, de la potestad del nombramiento, destitución y ratificación, fue la de la evaluación parcial cada tres años y medio a los señores jueces y fiscales, el mismo que se viene cuestionando severamente, pues en la práctica constituiría una nueva ratificación en el cargo.
Otras de las innovaciones, fue la potestad de amonestar y suspender en el ejercicio del cargo hasta por 120 días a los jueces y fiscales supremos, cuando incurran en la comisión de una falta grave, respetando criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Asimismo, no debemos perder de vista, que una de las preocupación de la judicatura peruana, ha sido siempre el enfoque como se desarrollan las ratificaciones y la evaluación del desempeño, que ciertamente lesiona el principio constitucional de independencia judicial y además la calidad de la justicia al servicio al ciudadano, toda vez que la ratificación debilita la garantía de permanencia e inamovilidad de los jueces, sustento de independencia de su función.
Por lo pronto, ya tenemos oficialmente constituida a la nueva Junta Nacional de Justicia, con la juramentación de cinco miembros, cuya labor institucional será de vital importancia para consolidar el sistema nacional de justicia.
Una de las colosales tareas administrativas y judiciales, que emprenderá la nueva Junta Nacional de Justicia, será ordenar la casa, convocar a nuevo personal, elaboración de un nuevo reglamento de organización y funciones, un sistema integrado de justicia, un sistema informático de datos, así como también avocarse a revisar algunos casos de ratificación que han sido cuestionados, y también el estudio y probable anulación de algunos nombramiento de jueces y fiscales.
De la misma forma, una de las colosales tareas que tendrá la nueva Junta Nacional de Justicia, será la de revisar en un periodo de 18 meses todos los nombramientos, ratificaciones y ahora los centenares pedidos de destitución que ha solicitado la Oficina de Control de la Magistratura contra algunos magistrados, según lo ha dado a conocer el propio Presidente del Poder Judicial, Dr. José Luis Lecaros, el pasado 02 de enero, por ocasión de la apertura del año judicial.
No cabe duda, que también resolverán los concursos públicos de méritos que se quedaron a medio camino, así como la próxima tarea será disminuir la alta tasa de provisionalidad, convocando a un nuevo concurso de selección y nombramiento, así como ratificación con nuevos lineamientos institucionales.
3. A modo de conclusión
No cabe duda, que pese a las luces y sombras, el reto de la nueva Junta Nacional de Justicia, es muy alto, toda vez que la sociedad civil y el ciudadano de a pie, no cree en la justicia y la desconfianza se agudizó tras el escándalo de los denominados “CNM audios”, en la que se vieron implicados algunos de sus miembros, es por ello que hoy es el momento para recuperar la confianza en tan importante institución, que se encargará de seleccionar, nombrar y ratificar a los mejores jueces y fiscales del país y aquellos que no merecen continuar en el sistema de justicia, también tiene la atribución de destituirlos.. Se corre traslado.
[1] Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional, Phd en Ciencias Legales por la Atlantic International University, Doctor en Derecho y Educación, Magíster en Ciencias Penales, Licenciado en Ciencias de la Educación, Licenciado en Comunicación Social, Docente Universitario y de la Academia de la Magistratura.
[2] Fuente radio Programas del Perú, de fecha 06 de enero del 2020. Solo cinco de los siete miembros juramentarán en la JNJ.
