1. Desde 2016 algunos abogados, no todos, están obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes ante la UIF-Perú (art. 3.29 de Ley N° 29038, incorp. por el D. Leg. 1249 y modif. por el D. Leg. N° 1372), un deber que deben ejercer bajo la exigencias de la Resolución SBS Nº 789-2018 (art. 4 de la disposición complementaria final).
2. Sin embargo, la reciente Evaluación de Riegos de Lavado de Activos en el sector de abogados y contables revela el nivel casi nulo de cumplimiento de estas obligaciones. Ante la UIF sólo existen 33 abogados o firmas registradas como SO, y sólo 1 en algún Colegio de Abogados.
3. El estudio revela que estos sectores enfrentan un alto riesgo de ser utilizados en esquemas ilícitos por la naturaleza de sus actividades. Aunque el nivel de vulnerabilidad es medio, la combinación con un alto nivel de amenaza genera un riesgo significativo. Muestra de ello es que de 2014 a 2024 se enviaron 9.573 ROS que involucran abogados y/o contadores, el 6.6% del total de ROS. Dichos reportes implican la suma total de USD 36.093 millones, el 12.8% del monto total referido en los todos los ROS. Los delitos precedentes más reportados incluyen corrupción, delitos tributarios y minería ilegal.
4. La falta de medidas de control robustas y el acceso limitado a información sobre beneficiarios finales agravan la exposición de estos sectores al riesgo de lavado de activos. Además, la baja supervisión y el escaso cumplimiento normativo refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.
5. El informe recomienda mejorar la regulación, fortalecer las sanciones, aumentar la capacitación y optimizar el acceso a información relevante para una debida diligencia más efectiva. La implementación de un enfoque basado en riesgos es clave para mitigar estos peligros y proteger la integridad del sistema financiero y empresarial en el país.
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