El año 2017 se ha caracterizado por un profundo afán de reformas a nivel legislativo, algo que ha derivado en interminables controversias políticas en el Congreso de la República. No podemos perder de vista que, en parte, esto ha sucedido por la composición actual del Parlamento, que, contrariamente a lo que sucedía en el pasado, está dominado por un sector de la oposición, que ostenta la mayoría absoluta, aunque es probable que esto, a estas alturas, ya no sea tan exacto –por acontecimientos políticos que no tiene sentido mencionar en este post–.
Baste decir que la correlación de fuerzas parlamentarias ha modificado la producción legislativa. Así por ejemplo, en este año se han publicado hasta cuatro leyes de reforma constitucional, hecho inusual, teniendo en cuenta el procedimiento agravado que dispone la Constitución (voto superior a dos tercios de congresistas en dos legislaturas consecutivas). En tiempos idos habría sido impensado alcanzar tan rápidamente ese consenso.
Sin duda, esta nueva realidad puede tener efectos no deseados, como la imposición de una bancada, que no necesita negociar con otras fuerzas para sacar adelante determinada norma, sino que impone su supremacía numérica. En esos vaivenes ha transitado el Parlamento este año, acusado de excesos y arbitrariedades, pese a lo cual, también ha dado a luz normas de innegable valía y de interesantes y fecundos debates.
A continuación les presentamos las 10 leyes más importantes de este 2017. Comenta si crees que falta alguna.
Leyes de reforma constitucional
1. Ley 30650, que establece la imprescriptibilidad en delitos de corrupción de funcionarios
El Pleno del Congreso el 17 de agosto, aprobó la Ley 30650, de reforma del artículo 41 de la Constitución, con el objeto de establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en casos graves de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. La norma fue publicada el 20 de agosto en el diario oficial El Peruano.
Cabe precisar que en el texto se establece la imprescriptibilidad de la acción penal solo en los supuestos más graves de corrupción, en el resto de casos la prescripción se duplica el plazo. Uno de los aspectos más débiles de esta norma es que no define qué debe entenderse por “supuestos más graves”. Corresponde, por tanto, la pronta modificación del Código Penal que desarrolle tal concepto normativo.
2. Ley 30558 que reforma plazos de detención policial (artículo 2, numeral 24, literal f)
El 9 de mayo se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 30558, a través de la cual se modificó el literal f, numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Esta reforma constitucional amplía el plazo de detención policial en casos de flagrancia de 24 a 48 horas, y establece un nuevo supuesto para el caso de detenciones, cuyo plazo máximo es de 15 días. Así, además de los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, la detención durará también hasta 15 días en delitos cometidos por organizaciones criminales. Por coherencia legislativa, el Congreso debió también modificar el Código Procesal Penal, que establece los plazos de detención.
3. Ley 30588, que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho fundamental
La Ley 30588, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de junio, incorpora al artículo 7-A a la Constitución Política, en donde se reconoce como derecho fundamental el acceso a las personas del agua potable.
La ley de reforma constitucional fue aprobada, por unanimidad en primera votación, por 94 votos a favor. Igualmente, en segunda votación, fue aprobada por 99 votos.
4. Ley 30651, que reconoce legitimación activa del Poder Judicial en procesos de inconstitucionalidad
La prerrogativa del Poder Judicial para interponer acciones de inconstitucionalidad, le fue arrebatada durante el debate para la promulgación de la Constitución de 1993. Por ello, el recuperar dicha facultad fue un gran anhelo de los magistrados judiciales durante muchos años, que veían limitada su actividad a la presentación de meras iniciativas legislativas.
La Ley 30651, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto del 2017, restituye a la Corte Suprema la potestad de interponer acciones de inconstitucionalidad. Con esta prerrogativa, la Corte podrá cuestionar las leyes que contravengan a la Carta fundamental. Esto se logró con la reforma constitucional del artículo 203 de la Constitución de 1993, que añade en el inciso 3 al presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad.
Leyes ordinarias
1. Ley 30681 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados
El 17 de noviembre, se publicó la Ley 30681, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, en un contexto de imperiosa urgencia para aquellos enfermos que encontraron en el tratamiento con marihuana, un eficaz paliativo para sus dolencias. La norma autoriza el uso, investigación, producción, importación y comercialización de la planta y sus derivados con fines medicinales.
Para ello, el Ministerio de Salud elaborará un registro de pacientes que requieren la medicina, certificados por médico tratante. Asimismo, se creará un registro de comercializadores, de instituciones investigadoras y laboratorios autorizados. Así también, se modifican los artículos 296-A, 299 y 300 del Código Penal para que no sea punible la posesión del cannabis, siempre que se cuente con la licencia respectiva para fines medicinales o la persona se encuentre debidamente registrada.
2. Ley 30688, que elimina a las organizaciones políticas regionales y municipales
Con 71 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones se aprobó la Ley 30688, que dispone la eliminación de las organizaciones políticas subnacionales. Es preciso resaltar que esta es una de las varias normas controversiales que no fue promulgada por el presidente de la República, sino por el presidente del Congreso de la República.
Lo que se conseguiría con esto, según la tesis de los proponentes, es fortalecer progresivamente a los partidos políticos de alcance nacional. Sin embargo, el nivel de descrédito político que ostentan es tal, que una norma esta naturaleza deja sin alternativas al electorado, que veía a los candidatos de movimientos independientes como una alternativa.
Los defensores de su promulgación aseguran que las organizaciones locales se utilizan solo como un medio para acceder a determinados cargos públicos. Asimismo, que las organizaciones políticas no se encuentran obligadas a cumplir con las normas sobre democracia interna. Sus detractores afirman que no se debió cambiar las reglas electorales ad portas del proceso regional y municipal 2018.
3. Ley 30644, que amplía supuestos para el uso de la fuerza policial (principio de proporcionalidad)
A través de esta Ley 30644, publicada el 17 de agosto, se amplían los supuestos que legitiman el uso de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. En observancia del artículo 108 de la Constitución, la norma legal fue promulgada por el presidente del Congreso de la República, ya que el presidente de la República no lo hizo en el plazo de quince días.
El parlamentario proponente, Octavio Salazar, explicaba en su exposición de motivos, que el principio de proporcionalidad regulado en el artículo 4, inciso c del Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza policial; no era apropiado porque tenía una lectura exegética limitativa a los fines constitucionales de la PNP. Asimismo, el congresista advirtió que el principio de proporcionalidad presentaba similitudes con el principio de igualdad, por lo que era necesario ampliar y detallar las situaciones en las que era posible el uso de la fuerza policial, reemplazando su redacción ambigua y limitada.
4. Ley 30628, que modifica el proceso de filiación de paternidad extramatrimonial
Respecto de la Ley 30628, publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de agosto, la profesora Beatríz Ramírez realizó un resumen en 6 puntos sobre sus alcances:
1) No se pagarán más los aranceles judiciales en estos procesos (40.50 soles).
2) No se pedirá más la defensa de abogada/o.
3) Se puede tomar ADN de familiares cuando el demandado no esté disponible.
4) Se regula expresamente que el demandado pueda allanarse a la demanda.
5) Se fija que si no se paga la prueba de ADN luego de la reprogramación, se declara la paternidad y no se deja el proceso en suspenso como se hacía en varios juzgados.
6) Si las mujeres pagan la prueba porque quieren disipar toda duda sobre la paternidad que los demandados no quieren asumir entonces tienen derecho a que les devuelvan el costo invertido.
5. Ley 30609, por la que se reducen beneficios penitenciarios para violadores y agresores de mujeres y niños
La Ley 30609, publicada el 19 de julio, impide que los sentenciados por el delito de violación sexual de menores de edad puedan acceder al beneficio penitenciario de reducción de pena. Asimismo, establece que los sentenciados por violación sexual, feminicidio, trata de personas, actos contra el pudor en menores, entre otros; no pueden solicitar el beneficio de la libertad condicional o de la semilibertad.
En ese sentido, también se revoca la posibilidad de redimir la pena con el célebre 2×1 (dos días de trabajo o educación, a cambio de un día de pena), en el caso de los siguientes delitos: lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violación sexual, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, violación de persona en incapacidad de resistencia, violación de persona bajo autoridad o vigilancia, actos contra el pudor en menores y violación seguida de muerte o lesión grave.
6. Ley 30610, que incorpora el artículo 316-A al Código Penal (delito de apología al terrorismo)
El 19 de julio se publicó la Ley 30610, que dispone sancionar la apología al terrorismo con condenas de cárcel de hasta 15 años. Según el fujimorista Octavio Salazar, esto con el fin de combatir el proselitismo de las organizaciones vinculadas al terrorismo de Sendero Luminoso. Pese a ello, hasta la fecha no se han registrado casos de personas sentencias por este delito, por lo que, probablemente, será parte del derecho penal simbólico.
La norma explica que “si la exaltación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información, la pena será no menor de ocho años ni mayor de quince años de cárcel”.
7. Ley 30556, que modifica el artículo 204 del Código Penal (formas agravadas de usurpación)
La Ley 30556, publicada el 2 de mayo, aprobó disposiciones de carácter extraordinario para la intervención del gobierno frente a los desastres provocados por el Niño Costero. Mediante esta norma se dispuso la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Otro de los aspectos saltantes de la norma es que, a través de su tercera disposición complementaria modificatoria, incorporó el numeral 11 al artículo 204 del Código Penal, que regula las formas agravadas del delito de usurpación.
Así pues, según esta modificatoria, comete usurpación agravada quien usurpa inmuebles en zonas declaradas de riesgo no mitigable.
Lea también: Los cinco errores más comunes en la redacción de las leyes
8. Ley 30647: Trabajadores del Congreso, BCR y SBS se quedan en el régimen laboral privado
La Ley 30647, publicada el 17 de agosto, precisa el régimen laboral de las tres entidades que fueron excluidas del alcance de la Ley 30057, denominada Ley Servir, a saber: los trabajadores del Congreso, del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), cuyo régimen comprende, conforme con la norma publicada, los beneficios laborales de la actividad privada.
Cabe recordar que la exclusión de los trabajadores de estos organismos de la Ley de Servicio Civil ha sido materia de amplia discusión por el Tribunal Constitucional, el que al resolver las diversas demandas que cuestionaban la constitucionalidad de la norma, declaró inconstitucional la exclusión de los trabajadores de esas instituciones, en razón de que, en el caso particular del Congreso «no tiene una progresión específica ni carácter especial que justifique el tratamiento diferenciado».
9. Ley 30689, que regula el financiamiento de las organizaciones políticas
Publicada el día 30 de noviembre, la Ley 30689 que ha modificó el Título VI de la Ley de Organizaciones Políticas, excluye a aquellas personas condenadas o con prisión preventiva por delitos de alta peligrosidad, la facultad de aportar en la campaña de un partido político e impide el financiamiento anónimo. Sin embargo, establece que las sanciones por estas infracciones solo sean multas y no la exclusión del proceso electoral, que sería lo más justo y conveniente.
Asimismo, elimina la rendición de cuentas que deberían realizar los partidos políticos ante la ONPE y señala esta se realice una sola vez, finalizando las elecciones. Por otro lado, permite que los candidatos asuman sus responsabilidades administrativas sin comprometer a sus partidos políticos, algo que resulta mínimamente cuestionable.
10. Ley 30661, por la que los bachilleres ya no podrán ser contratados como personal altamente calificado en el sector público
El Congreso se encargó de derogar un cambio implementado por el gobierno para que los bachilleres sin título profesional puedan acceder a cargos altamente calificados en las entidades del Poder Ejecutivo. De esta forma, la Ley 30661 derogó el artículo 4 del Decreto Legislativo 1337, emitido en enero de este año.
El Decreto señalaba que los trabajadores que podían acceder a estos cargos debían acreditar, por lo menos, 10 años de experiencia. Con la publicación el 29 de setiembre de la Ley 30661, se mantendrá la anterior norma de contratación de personal altamente calificado, que señala que el trabajador debe contar con el título de licenciatura y/o grado de maestría.
Bonus
1. Ley 30673, que modifica cronograma electoral de comicios
Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de octubre, la Ley 30673 establece que el padrón se cierre 350 días antes de la fecha de las elecciones. Recordemos que, hasta antes de su publicación, el registro electoral cerraba 120 días antes de un proceso de sufragio. El objetivo de la norma es evitar el voto golondrino.
Por otro lado, señala que los partidos políticos que deseen participar en las elecciones regionales y municipales, deben contar con inscripción vigente hasta el 7 de enero del 2018. Del mismo modo, las alianzas electorales que deseen acreditar su unión, deben contar con inscripción, como máximo, 210 días antes de la fecha de la elección.
Esta ley tampoco fue promulgada por el presidente de la República, sino por el presidente del Congreso.
2. Ley 30686, que deroga pase a retiro por renovación de cuadros excepcional de la PNP
El 28 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó la Ley 30686, que deroga parcialmente el artículo 1 del Decreto Legislativo 1242, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional. A su vez, restituye la vigencia del artículo 87 del DL 1149, que refiere a la renovación de cuadros de manera excepcional.
En sumas cuentas, dispone que la designación de nuevo director general de la PNP, produzca automáticamente el pase a retiro de los oficiales generales de mayor antigüedad, por renovación excepcional de efectivos.
