Mientras que la población viene sufriendo los impactos del cambio climático luego del ciclón Yaku y ahora con el Fenómeno El Niño, no solo vemos que las autoridades están poco preparadas para enfrentarlos, sino que se persiste en aprobar leyes que contribuyen a acelerar el cambio climático.
Un ejemplo de ello es la solicitud de reconsideración al Pleno del Congreso para reabrir en estos días la votación de la autógrafa de los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315, que propone modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre; autógrafa que ya había sido rechazada con 51 votos en contra el jueves pasado, y observada por el Ejecutivo en el 2022.
Esta propuesta legislativa ha causado revuelo, entre otras causas, porque propone introducir “áreas de exclusión para fines agropecuarios” en las cuales no se realizaría una clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, quitando así el filtro para identificar si un área debería ser tratada como tierra forestal o agrícola.
Ello podría agudizar problemas como las invasiones de territorios, tráfico de tierras y conflictos sociales vinculados al territorio y a la superposición con tierras de comunidades en proceso de titulación, vulnerando su derecho al territorio. Además, quitar estos filtros podría beneficiar a sectores que hayan incumplido previamente con los requisitos exigidos en la Ley Forestal para el cambio de uso de la tierra en la Amazonía, debilitando la protección de los bosques y la gestión ambiental, y promoviendo la deforestación legal.
Asimismo, aunque la Comisión Agraria del Congreso argumenta que es necesario brindar apoyo a los agricultores que han deforestado los bosques en los que se asientan, lo cual es un problema social que requiere atención; la solución propuesta no resolvería este problema, sino que podría empeorarlo. Esto se debe a que promover la deforestación para impulsar la agricultura en la Amazonía no es una práctica sostenible, como lo evidencian las lecciones aprendidas del cambio climático.
Por estas razones, la autógrafa ha sido observada reiteradamente desde los pueblos indígenas, sociedad civil, y el Ejecutivo a través del MINAM, MIDAGRI, SERFOR y la Defensoría del Pueblo. Cabe mencionar que en esa misma línea de riesgo se encuentra el Proyecto de Ley 3912/2022, que recoge el contenido de la autógrafa señalada, y que está aún en revisión de las comisiones de Descentralización y Agraria del Congreso.
Hay que anotar también que contradictoriamente -y en la misma semana-, por un lado se ha suscrito la Declaración de Pucallpa para promover el valor de los bosques y frenar la deforestación (ello desde el Ejecutivo, los integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica y los Embajadores de Alemania, Noruega, Reino Unido y los Estados Unidos); mientras que desde el Legislativo se viene insistiendo con esta norma.
Se debe reforzar el compromiso del Perú frente al cambio climático con un claro soporte a la lucha contra la deforestación, pues es la principal fuente a nivel nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, cuya reducción es parte de compromisos internacionales y acuerdos suscritos por nuestro país, como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+, suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania; el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Estrategia de Crecimiento Verde, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); el TLC de Perú con la Unión Europea; y el TLC de Perú con Estados Unidos.
Por ello, no se pueden promover normas que impulsen la deforestación y el incumplimiento de estos compromisos climáticos, sino generar políticas integrales, donde todos los actores se vean beneficiados en el marco de un desarrollo sostenible.
