Sumario: 1. Introducción, 2. La neutralidad administrativa y la politización de la gestión municipal, 3. Prestación de servicios y ejecución de proyectos como mecanismos de posicionamiento político, 4. Conclusiones.
1. Introducción
La gestión municipal, entendida como el ejercicio organizado y permanente de la función administrativa para satisfacer necesidades públicas mediante el uso racional de recursos humanos, financieros y técnicos, constituye uno de los pilares fundamentales del Estado moderno y descentralizado. Desde la doctrina de la administración pública, la gestión local no es un espacio neutro en términos políticos, pero sí está jurídicamente obligada a actuar con imparcialidad funcional, subordinando toda decisión al interés general y no a intereses electorales individuales. En este sentido, Max Weber (2014) advertía que la burocracia moderna se legitima precisamente por su carácter racional-legal, lo cual exige que el ejercicio del poder administrativo se encuentre separado de motivaciones personales o políticas coyunturales. [1]
No obstante, la doctrina contemporánea ha demostrado que esta separación entre política y administración conocida como la “politics administration dichotomy” se encuentra constantemente tensionada en los niveles subnacionales de gobierno. Svara (2015) sostiene que, si bien los funcionarios electos tienen un rol político innegable, la gestión administrativa pierde legitimidad cuando se instrumentaliza para reforzar liderazgos personales o construir capital político anticipado, pues ello transforma la función pública en un mecanismo de competencia electoral desigual. [2]
En el ámbito municipal, esta distorsión es especialmente grave, dado que la cercanía entre autoridad y ciudadanía facilita la utilización simbólica de obras, servicios y programas sociales como herramientas de posicionamiento político.
Desde una perspectiva crítica del derecho administrativo, Peters (2021) advierte que cuando la gestión pública se orienta prioritariamente a la visibilidad política y no a la eficiencia o legalidad administrativa, se produce una captura política de la administración, fenómeno que debilita la profesionalización del aparato estatal y erosiona la confianza institucional. En el nivel municipal, esta captura se manifiesta cuando decisiones administrativas como la priorización de proyectos, la comunicación institucional o la asignación de recursos responden más a cálculos electorales que a diagnósticos técnicos o necesidades objetivas de la población. La administración deja entonces de ser un instrumento del Estado para convertirse en una extensión de la campaña permanente del gobernante de turno. [3]
En consecuencia, desde la doctrina administrativa y constitucional, la gestión municipal se convierte en campaña política cuando se rompe el equilibrio entre la dimensión política del gobierno local y la función técnica de la administración, sustituyendo la lógica del servicio público por la lógica del rédito electoral. Este desliz no solo afecta la neutralidad institucional, sino que debilita el carácter republicano del gobierno local, al subordinar el interés general a la estrategia política personal, generando un uso patrimonialista del poder que la doctrina identifica como una de las principales amenazas a la calidad democrática en los gobiernos subnacionales.
2. La neutralidad administrativa y la politización de la gestión municipal
Como lo refiere Tafur Puerta (2022) que principio fundamental de la administración pública democrática es la neutralidad política de la función pública, entendida como la obligación de que las decisiones y actuaciones administrativas se orienten exclusivamente al interés general y no a fines electorales o partidarios. En el contexto peruano, varios autores han subrayado que la eficacia de la gestión pública local depende de su capacidad de actuar con imparcialidad y transparencia, sin que las autoridades electas utilicen la función municipal como plataforma para fortalecer su capital político personal. [4]
La doctrina especializada en gestión pública en el Perú citando a Alarcón Gutiérrez (2025) quien entiende que la neutralidad institucional es un componente esencial de la gobernanza local, dado que fortalece la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Cuando esta neutralidad se rompe, por ejemplo, mediante la promoción personalizada de autoridades en canales institucionales, o el uso de obras públicas como instrumentos de marketing político permanente, se produce una politización de la gestión municipal que desvirtúa los fines propios de la función administrativa y convierte la gestión pública en una campaña encubierta. [5]
Desde una perspectiva crítica, esta politización no solo vulnera los principios éticos y legales de la administración pública, sino que también erosiona la confianza ciudadana y la legitimidad institucional. Como señalan los estudios contemporáneos sobre gobernanza local en el Perú, la falta de neutralidad se asocia con prácticas de clientelismo, incentivos políticos por encima de prioridades técnicas y una competitividad desigual entre autoridades que buscan perpetuar su imagen más allá del mandato administrativo. En consecuencia, la gestión municipal se desplaza de una lógica de servicio público hacia una lógica de promoción política personal, poniendo en riesgo la eficacia institucional y la calidad de la democracia a nivel local.
3. Prestación de servicios y ejecución de proyectos como mecanismos de posicionamiento político
Según Pozo Enciso (2024) hace mención que la prestación de servicios públicos y la ejecución de proyectos de inversión son funciones centrales de la gestión municipal. En el Perú, la literatura académica en administración pública ha subrayado que la calidad y eficiencia de estos servicios dependen de criterios técnicos, planificación estratégica y una asignación racional de recursos que responda a las necesidades reales de la población. Sin embargo, cuando estas funciones se utilizan como herramientas de posicionamiento político, se vulnera el principio de imparcialidad administrativa. La ejecución de obras altamente visibles o de impacto mediático priorizadas por su potencial electoral y no por su necesidad objetiva refleja una gestión orientada a la publicidad política y no al bienestar colectivo. Esta lógica instrumental de la gestión pública conduce a decisiones estratégicas basadas en incentivos políticos más que en criterios técnicos o de equidad, con efectos perjudiciales sobre la asignación de recursos públicos y la sostenibilidad de los servicios municipales. [6]
4. Conclusiones
El análisis doctrinal permite afirmar que la utilización de la gestión municipal como plataforma de posicionamiento político constituye una desviación funcional de la administración pública, en la medida en que subordina el principio de neutralidad administrativa a intereses electorales particulares. Esta práctica no solo afecta la imparcialidad y eficiencia de la gestión local, sino que también debilita la confianza ciudadana y distorsiona la competencia democrática, especialmente en contextos preelectorales. Cuando la lógica del rédito político reemplaza a los criterios técnicos y al interés general, la administración municipal pierde su carácter institucional y se transforma en un instrumento de campaña encubierta, incompatible con los fundamentos del Estado constitucional y la gobernanza democrática.
Frente a este escenario, resulta indispensable fortalecer una cultura de gestión pública ética y profesional, que reafirme la separación funcional entre la conducción política y la ejecución administrativa, especialmente en el nivel municipal. Ello exige no solo un mayor control normativo y fiscalizador, sino también el desarrollo de capacidades técnicas, estándares claros de comunicación institucional y mecanismos de rendición de cuentas que limiten la personalización de la gestión. De este modo, la administración municipal puede consolidarse como un espacio de servicio público legítimo y transparente, evitando su instrumentalización política y contribuyendo a una democracia local más sólida, equitativa y orientada al interés ciudadano.
[1] Weber, M. (2014). Economía y sociedad (F. Rubio Llorente, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1922).
[2] Svara, J. H. (2015). The ethics primer for public administrators in government and nonprofit organizations (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
[3] Peters, B. G. (2021). The politics of bureaucracy (8th ed.). Routledge.
[4] Tafur-Puerta, J. (2022). The right of access to information, transparency of public management and open data in the local governments of Peru. Revista Científica de Sistemas e Informática
[5] Alarcón Gutiérrez, R. W. (2025). Participación ciudadana y gestión pública en el Perú: Una revisión sistemática (2020–2024). Impulso. Revista de Administración Pública, 5(1), 45–63.
[6] Pozo Enciso, R. S., Atuncar Deza, S. M., & Arbieto Mamani, O. (2024). Public management for local development: Perception from the administrative area of a municipality in Peru.
Sobre el autor: Franco Renato Moran Villegas es abogado por la Universidad Catolica de Trujillo “Benedicto XVI”. Conciliador y Arbitro extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Egredado del programa de maestria en Gestion Publica por la Universidad Cesar Vallejo. Vicepresidente de la Asociacion Juridica Lex Justa – Chiclayo -Miembro de la Junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana periodo 2025-2027.
