El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas políticas, avanza con el pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, que planteó el pago de una reparación civil que supera los S/1000 millones en favor del Estado. El requerimiento se formula dentro del proceso que la exburgomaestre afronta junto a otros 20 acusados y 16 empresas vinculadas.
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De acuerdo con información de El Comercio, la defensa del Estado presentó su solicitud en la tercera audiencia del juicio oral ante el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. El procurador Carlos Fernández solicitó una reparación civil de $286 millones y S/24 millones, equivalentes a casi S/1000 millones, la cual se aplicará solo si el tribunal determina responsabilidad civil en los hechos. Según el medio, la Procuraduría ya gestionó embargos por S/140 millones a los procesados, incluidos bienes de Villarán, con el fin de asegurar el eventual pago.
La cifra total proviene de trece pretensiones económicas relacionadas con los cinco delitos imputados por la Fiscalía. En el caso de asociación ilícita para delinquir, se solicitó el pago de $11,2 millones a Villarán, a 19 coacusados y a 16 empresas, entre ellas Odebrecht, OAS, Línea Amarilla (Limex) y Rutas de Lima. El mayor monto, sin embargo, corresponde al presunto delito de colusión en los proyectos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur.
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Por el proyecto Rutas de Lima, ligado a Odebrecht y al financiamiento de la campaña del No a la revocatoria, la Procuraduría pidió $181 millones, además de un daño extrapatrimonial de $45 millones por afectar la «identidad institucional del Estado». En ese mismo caso, también se solicitó S/6.7 millones por el presunto aporte a la campaña de reelección de Villarán en 2014.
En relación con OAS y su presunta contribución a la campaña contra la revocatoria, se planteó una reparación civil de $6 millones, monto que duplica el valor de los aportes ilícitos atribuidos. Finalmente, por el caso Vía Expresa Sur, asociado a Graña y Montero, se requirió $19,6 millones.
Asimismo, las pretensiones por lavado de activos ascienden a $ 22.5 millones, considerando los aportes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero a las campañas de 2013 y 2014. A ello se suman los pedidos por falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, calculados en más de S/17 millones. En total, las trece pretensiones de la Procuraduría ad hoc superan los $286 millones y S/23 millones, lo que equivale a más de S/1000 millones, que serán exigibles solo en caso de sentencia condenatoria.
Mira la intervención del procurador en el juicio oral a Susana Villarán aquí:
