Tres años después del quiebre constitucional ocurrido en su Gobierno, el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo asume el papel de acusado en un juicio oral por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La audiencia, iniciada el 4 de marzo, continuó el martes 22 de abril.
No enfrenta a la justicia solo. Lo acompañan su ex primera ministra Betssy Chávez —hoy en prisión preventiva—; y el exjefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), también expremier, Aníbal Torres.
Se suman a ellos el exministro Willy Huerta Olivas (Interior) y los exoficiales de la Policía Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez. Este último actualmente en Suiza.
El proceso está a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, quien ha programado las sesiones para los días martes, jueves y viernes. El colegiado está presidido por el juez supremo José Neyra Flores e integrado por los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez (directora de debates).
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El último martes 1 de abril, se conoció que la fiscal Galinka Meza, quien investigó y presentó la acusación en este proceso, renunció al Ministerio Público el 20 de marzo último. Por ello, tras oficializarse su salida a través del Diario El Peruano, asumió la sustentación de la acusación el fiscal adjunto supremo Jaime Alcides Velarde Rodríguez.
Las diligencias se realizarán de forma presencial, hasta nuevo aviso, en el penal de Barbadillo (Ate) en el que permanece recluido el exdignatario con dos órdenes de prisión preventiva.
Durante la etapa de investigación fueron admitidas 65 pruebas documentales y la declaración de más de 69 testigos, pericias forenses y grafotécnicas, entre otros. Además, participarán tres peritos, admitidos para la Fiscalía y los acusados, así como 16 objetos de convención probatoria y 75 documentos probatorios de todas las partes.
| Acusado | Cargo | Delitos imputados | Solicitud de pena |
| José Pedro Castillo Terrones | presidente de la república y jefe supremo de las FF. AA. y la PNP | rebelión (coautor), abuso de autoridad (autor), grave perturbación de la tranquilidad pública | 34 años de cárcel, inhabilitación de tres años y seis meses, reparación civil de S/65 419,038.53 a pagarse de forma solidaria |
| Betssy Betzabet Chávez Chino | premier y congresista | rebelión (coautora) | 25 años de cárcel, inhabilitación de dos años y seis meses, reparación civil de S/64 419,038.53 a pagarse de forma solidaria |
| Aníbal Torres Vásquez | jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) | rebelión (coautor) | 15 años de cárcel, inhabilitación de dos años y seis meses, reparación civil de S/64 419,038.53 a pagarse de forma solidaria |
| Willy Arturo Huerta Olivas | ministro del Interior | rebelión (coautor) | 25 años de cárcel, inhabilitación de dos años y seis meses, reparación civil de S/64 419,038.53 a pagarse de forma solidaria |
| Manuel Lozada Morales | jefe de la Región Policial Lima | rebelión (coautor) | 25 años de cárcel, inhabilitación de dos años y seis meses, reparación civil de S/64 419,038.53 a pagarse de forma solidaria |
| Justo Venero Mellado | jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales | rebelión (coautor) | 25 años de cárcel, inhabilitación de dos años y seis meses, reparación civil de S/64 419,038.53 a pagarse de forma solidaria |
| Eder Antonio Infanzón Gómez | oficial de la Unidad de Servicios Especiales | rebelión (coautor) | 25 años de cárcel, inhabilitación de dos años y seis meses, reparación civil de S/64 419,038.53 a pagarse de forma solidaria |
Expresidente aseguró que «juicio es una pantomima»
En la primera audiencia, suscitada el martes 5 de marzo, el exmandatario informó que ha subrogado a su abogado. Además, rechazó aceptar un letrado de la defensa pública. «Este juicio es una pantomima», puntualizó. Sin embargo, el colegiado resolvió asignarle al defensor público Edgar Callahualpa Quispe.
En otro momento, Castillo reiteró lo expresado a través de un pronunciamiento, emitido a través de sus redes sociales minutos antes del inicio del juicio oral, en el que asegura que la jueza Norma Carbajal, directora de debates, «adelantó opinión confirmando mi detención preliminar:
[…] Afirmó que el alzamiento en armas no requiere violencia física, sino que puede consistir en una violencia psíquica, el mismo argumento de los fiscales, procuradores y jueces que hasta aquí ilegalmente me trajeron.
Ante la reticencia del acusado para continuar con la audiencia, quien aseguró ser «el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso de diciembre del 2022, intervino el presidente del colegiado, José Neyra Flores:
Ningún imputado en el Perú puede hacer lo que desee, todos estamos sujetos a reglas. Hay un marco de la imputación de la Fiscalía, no estamos haciendo un juicio político. […] Si usted tiene un concepto, es su concepto, señor. […] Las intervenciones no pueden ser políticas, señor Castillo.
Por otro lado, la sala declaró reo contumaz al acusado Eder Antonio Infanzón Gómez, quien no se encuentra presente en la audiencia y reside en Suiza. Tras la presentación de la fiscal Galinka Meza, de la defensa del exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM, Aníbal Torres, ejercida por Duberlí Rodríguez.
En la citada audiencia, presentan sus alegatos de inicio las defensas del exministro Willy Huerta, el general PNP Manuel Lozada, la expremier Betssy Chávez, el expresidente Pedro Castillo y otros.
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Defensor público renuncia a patrocinio de Pedro Castillo
El martes 11 de marzo, la sala reconoció a los defensores públicos Ricardo Jhonny Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente como abogados del expresidente Pedro Castillo.
El defensor público Callahualpa Quispe renunció a la representación legal del exmandatario por falta de «cordialidad» y «respeto» a su persona. También destacó la ausencia de colaboración de parte del acusado, quien le atribuyó haberlo grabado mientras conferenciaban.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó del inicio de un proceso disciplinario contra el exmandatario luego que este, a través de un comunicado, anunciara una huelga de hambre.
Pedro Castillo fue trasladado de emergencia
En la audiencia previa, el INPE informó a través de un informe que el expresidente fue evacuado de emergencia, al Hospital II Vitarte, tras sufrir una descompensación y deshidratación. Los representantes del Ministerio Público, a su vez, señaló que un médico legista evaluó al exdignatario y concluyó que se encuentra estable y sin signos de deshidratación.
Luego que la sala denegara los pedidos de la defensa de Castillo Terrones y otros para suspender la audiencia, declaró el general PNP Manuel Lozada. El colegiado continuó, posteriormente, con la declaración de testigo Vicente Álvarez Moreno.
A través un escrito dirigido al INPE, un médico reportó que el expresidente había cesado su huelga de hambre, tras sufrir una descompensación, y se encontraba siguiendo una dieta blanda.
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