El abogado Iván Paredes, defensor de Rafael Ruiz Hidalgo, reconoció que el miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue sentenciado por prevaricato. Sin embargo, afirmó que esta condena ―declarada suspendida en parte― fue condicional y que, ante el cumplimiento del plazo del plazo de prueba sin la comisión de nuevos delitos ni la infracción de reglas de conducta, se consideró no pronunciada.
«A diferencia de la prisión efectiva, la condena condicional se tiene por no pronunciada. O sea, nunca existió», alegó el letrado en una entrevista con Latina. Asimismo, señaló que el pago de la reparación civil no tenía «nada que ver» con la condena: «Es diferente, porque la condena puede prescribir, pero la acción civil no. La acción civil prescribe en 10 años. Si tu cometes un delito de hurto de 3 años, prescribe a los 4 años y medio, pero la acción civil prescribe después de 10 años».
Sumado a ello, negó la existencia de antecedentes producto de esta medida judicial ―de una pena de tres años y medio―, ya que no fue efectiva. «Legalmente se tiene por no pronunciada, nosotros estamos en un Estado de derecho», indicó.
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En esta misma línea de argumentos, afirmó que Ruiz Hidalgo no se encontraba en la obligación de informar de esta sentencia a la JNJ:
Si le preguntas a alguien que lo va a enfocar todo por la moral, está bien, pero la moral es diferente al derecho. El derecho dice claramente que él podía ser funcionario.
Asimismo, indicó que el actual integrante del organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir jueces «fue condenado injustamente». De acuerdo a su versión, el delito tuvo lugar el 26 de octubre de 2004 y contaba con una pena de cinco años, por lo que debía prescribir en siete años y medio. No obstante, el funcionario habría recibido la notificación de la condena en junio de 2012, pese a que la prescripción del delito se efectuó en abril del mismo año.
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De acuerdo a su argumento, el expediente se encontraba archivado hace 15 años y, al ser no pronunciado, nunca fue inscrito, por lo que no tenía que figurar dentro de los antecedentes judiciales de Ruiz Hidalgo. Paredes, además, atribuyó el desarchivamiento de la sentencia a una «persona interesada en causarle daño» al alto funcionario:
Alguien lo ha desarchivado, es lógico. Si yo te digo esta archivado, y tú me dices que aparece acá, es fácil de deducir. ¿Quién esta siendo perjudicado ahorita? Él [Ruiz Hidalgo] Lógicamente, por inferencia, el que desarchivó el expediente le ha querido causar daño a él o desprestigiar a la institución.