El fiscal José Domingo Pérez la semana pasada cursó una carta al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, solicitándole requiera la inhibición del juez supremo Aldo Figueroa Navarro, y del fiscal supremo Victor Rodríguez Monteza, del trámite de la casación presentada por Keiko Fujimori, a fin de revertir la orden de 36 meses de prisión preventiva que dictó el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
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“Alma fina”, ese fue el seudónimo del juez Aldo Figueroa, que le asignó un colaborador eficaz, luego de sindicarlo como parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El pasado 15 de agosto de 2018, la fiscal del Callao, Sandra Castro consignó esa misma declaración en el elaborado informe Informe 01-05-2018-MP-FN sobre «Los Cuellos Blancos del Puerto», al que Legis.pe tuvo acceso en exclusivo.
En su momento, el magistrado calificó de “absolutamente falsa, difamatoria y temeraria” la afirmación de un colaborador eficaz, citado en el informe.
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Casación de Keiko Fujimori
El 19 de enero pasado, la abogada Giuliana Loza presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para revertir la orden de 36 meses de prisión preventiva que pesa sobre su patrocinada, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Entre los integrantes de la Sala Penal Permanente que resolverá este recurso de casación figura el cuestionado juez Figueroa. Es más, Figueroa Navarro será el presidente de la sala cuando toque evaluar la casación, ante la inhibición del titular César San Martín.
Al juez Aldo Figueroa también se lo menciona en uno de los audios que protagonizan los exmagistrados Walter Ríos y César Hinostroza. En la grabación, se escucha a Ríos decirle a Hinostroza que había “puesto” de jueza a una abogada “recomendada” por Figueroa.
Sobre la posibilidad de inhibición de Figueroa, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, consideró como una “decisión personal” que el juez supremo Figueroa Navarro se inhiba de la evaluación del recurso de casación presentado por Keiko Fujimori para revertir la prisión preventiva que cumple desde noviembre del 2018.
“Es una acción muy personal del doctor Figueroa, él no está obligado a inhibirse, esa es su decisión personal”, afirmó a la prensa.
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Un fiscal cuestionado
Quien también está cuestionado sobre su imparcialidad es el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, a quien también mencionan los colaboradores eficaces como parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y que consigna el informe de Sandra Castro, fiscal del Callao.
Finalmente, en una entrevista a Cuarto Poder, el fiscal coordinador Vela Barba apuntó que sería oportuno la realización de una sentencia plenaria, a fin de que el caso Keiko Fujimori permita fijar criterios jurisprudenciales sobre la prisión preventiva, a la luz de los fallos discrepantes que se han emitido en los últimos tiempos. Si la fiscal de la Nación formalizara el pedido, y la Corte Suprema lo aceptara, el caso podría ser revisado por todos los jueces supremos penales, y se fijarían reglas que serían de observancia obligatoria en casos análogos. Según el profesor Luciano López Flores, con esta medida se “neutralizaría la participación interesada de fiscal Rodríguez Monteza y el juez Figueroa Navarro”.
