Fundamento destacado: 96. En relación con el requisito de legalidad y las facultades policiales para la detención de personas, la Corte entiende pertinente recordar que un incorrecto actuar de fuerzas policiales representa “una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal”. Es preciso, entonces, que las regulaciones que determinen facultades de los funcionarios policiales relacionadas con la prevención e investigación de delitos incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten detenciones arbitrarias o contrarias a mandatos constitucionales. Las detenciones que ocurren sin flagrancia u orden judicial deben ser excepcionales, por lo que las facultades policiales para ello que estén legalmente establecidas deben ser entendidas en forma restrictiva. Asimismo, a fin de salvaguardar la excepcionalidad y estricta legalidad de una detención efectuada por la policía sin orden judicial, resulta necesario que exista la obligación legal de que los funcionarios intervinientes dejen asentadas las razones o motivos que, en aplicación de las causales que establezca la ley, habrían justificado una detención.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO GONZÁLEZ Y OTROS VS. VENEZUELA
SENTENCIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Fondo y Reparaciones)
En el Caso González y otros Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Elizabeth Odio Benito, Presidenta;
L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;
Eduardo Vio Grossi, Juez;
Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y
Ricardo Pérez Manrique, Juez;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:
I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El caso sometido a la Corte. – El 8 de agosto de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Olimpiades González y otros” contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante también “el Estado” o “Venezuela”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se relaciona con las detenciones ilegales y arbitrarias de Olimpiades González, María Angélica González, Belkis Mirelis González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza González y Luis Guillermo González, miembros de una familia indígena Wayuú, en noviembre de 1998 y enero de 1999, por parte de agentes estatales. La Comisión advirtió que no se acreditó que las detenciones se realizaran por orden judicial o flagrancia en la comisión de un delito. Determinó, además, que dichas personas fueron sometidas a una detención preventiva conforme al artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal entonces vigente, disposición que no exigía la existencia de fines procesales para dictar esa medida.
La Comisión consideró que la aplicación de dicha norma constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, en violación tanto del derecho a la libertad personal como al principio de presunción de inocencia. Finalmente, determinó que el Estado es responsable por no prevenir la muerte de Olimpiades González, quien fue víctima de un homicidio en diciembre de 2006, así como por la falta de investigación de ese hecho en un plazo razonable. Por todo lo expuesto, sostuvo que se perpetraron violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial
[Continúa…]
