Implicancias de la migración venezolana: Reflexiones jurídicas respecto a la criminalidad

Sumilla: 1. Introducción, 2. Metodología, 3. Resultados, 3.1. Respecto a los factores que vinculan la inmigración ilegal con la inseguridad ciudadana, 3.2. En cuanto a la relación entre inmigración ilegal y crimen organizado, 3.3. Respecto a la efectividad de las estrategias implementadas para el control migratorio y la prevención del crimen organizado, 4. Discusión, 4.1. Respecto a los factores que vinculan la inmigración ilegal con la inseguridad ciudadana, 4.2. En cuanto a la relación entre inmigración ilegal y crimen organizado, 4.3. Respecto a la efectividad de las estrategias implementadas para el control migratorio y la prevención del crimen organizado, 5. Conclusiones, 6. Referencias.

 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Implicancias de la migración venezolana: Reflexiones jurídicas respecto a la criminalidad.

Escobar Davan, Xiomara Nayeli
Villar Sánchez, Marian Rebeca

ASESOR:
Mg. Núñez Pesantes, José Luis. (0009-0000-3872-7537)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Derecho Penal y Procesal Penal, Sistema de Penas, Causa y Forma del Fenómeno Criminal.

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz

RESUMEN

La investigación se alinea con el ODS 16, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, para ello se seleccionaron diez artículos relevantes para abordar tres objetivos específicos: explorar la relación entre la migración venezolana y la inseguridad, examinar la vinculación entre migración y delitos, y evaluar el impacto de las políticas de control migratorio en la seguridad pública. Este estudio se presenta como una revisión literaria de enfoque cualitativo, centrada en recopilar y analizar información de artículos indexados en bases de datos como Scopus, Scielo y Web of Science, publicados entre 2019 y 2024. Teniendo como objetivo del estudio; determinar las implicancias de la migración venezolana en la inseguridad ciudadana. Los resultados muestran que la migración masiva e irregular exacerba tensiones sociales y económicas, alimentando la percepción de inseguridad. Además, las políticas restrictivas no solo fallan en reducir la criminalidad, sino que también aumentan la vulnerabilidad de los migrantes. En conclusión, se sugiere la necesidad de políticas integrales que combinen la seguridad con la inclusión social, favoreciendo la integración de los migrantes para mitigar los riesgos asociados con la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.

Palabras clave: Migración, seguridad ciudadana, políticas migratorias, criminalidad, política criminal.

1. INTRODUCCIÓN

El tema de la migración fue considerada un fenómeno que siempre había estado presente en la vida humana. Desde tiempos antiguos, las personas se vieron obligadas a abandonar su lugar de origen y trasladarse a otros destinos en busca de alimentos, vivienda y ropa. Además, los conflictos políticos y sociales, como masacres, guerras y persecuciones, así como los desastres naturales, también actuaron como factores determinantes en las decisiones migratorias de diversas poblaciones (Gutierrez et al., 2020).

Sin embargo, en la actualidad en distintos países se observa que la migración de extranjeros aumenta y junto a eso también las estadísticas de crimen, tal como en el 2019 en España, se obtuvieron datos de dos mil quinientos treinta y tres arrestos vinculados a abusos sexuales donde el treinta y cuatro porcientos estaban relacionado a ciudadanos extranjeros, así también en el delito de robo se registró diesi ochomil doscientos cincuenta y tres detenidos donde el veintiocho porcientos involucran a personas extranjeras (Fuentes, 2023).

Así mismo, el Perú pasa actualmente por una situación parecida, esto debido a que muchos extranjeros, sobre todo de nacionalidad venezolana, abandonaron su país de origen debido a crisis económicas, siendo el Perú el principal destino debido a su gran cantidad de oportunidades laborarles.

Esto se ve reflejado en las estadísticas de migrantes, sobre todo venezolanos, que cerca de medio millón de venezolanos cruzaron la frontera de manera irregular, en 2019 se contabilizó dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro quejas contra estos individuos, lo que contribuyó al aumento de la criminalidad en el país debido a la participación de estos ciudadanos irregulares extranjeros (Tanchiva, 2022)

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el 2020 se contabilizó la cantidad de reos de nacionalidad venezolana alcanzó treinta y cinco porcientos, asimismo los reos de nacionalidad colombiana representaron unos veintiséis porcientos. En 2019 los colombianos lideraron entre los extranjeros, con un treinta y dos porcientos, seguidos por los venezolanos, quienes constituían el trece porcientos. Finalmente, en 2018, el veintinueve porcientos de la población penitenciaria extranjera estaba integrada por colombianos, mientras que los venezolanos representaron el quince porcientos. Representando un aumento en los índices de criminalidad a un cincuenta y cuatro porcientos en el 2020 (INPE, 2021)

En otro aspecto, la seguridad ciudadana representa una estrategia de Estado que está enfocada a reforzar y actualizar los sistemas requeridos para asegurar derechos fundamentales, principalmente el derecho a vivir sin violencia. Esto incluye la reducción de criminalidad, el resguardo de víctimas y la mejora en el bienestar de todos los residentes de una sociedad (Pazmay, 2021).

Asimismo, en el Perú, las noticias nacionales indican el aumento de reclamos por parte de los ciudadanos por el aumento exponencial de la criminalidad, al mismo tiempo que se denuncian poca empatía acompañada de un accionar pobre por parte de encargado de mantener la seguridad ciudadana, eso se ve reflejado en el noventa y seis por ciento de los ciudadanos presente sensación de inseguridad relacionada con la criminalidad (INEI, 2019).

De este modo, en el Perú la situación de la seguridad ciudadana ha experimentado alteraciones negativas significativas en las últimas dos décadas. No obstante, la llegada de migrantes venezolanos ha intensificado este problema, especialmente porque al inicio no se requerían pasaportes ni verificaciones de Interpol. Como resultado, muchos de estos inmigrantes traían antecedentes penales desde su nación y, al establecerse en Perú, se unieron a delincuentes locales, formando grupos criminales que han contribuido a un ambiente de alta inseguridad (Ponce, 2020).

Frente a eso, el presente artículo de investigación plantea la pregunta: ¿De qué manera la migración venezolana ha influido en la inseguridad ciudadana en la provincia de Chepén durante el año 2023?

Es por esto que se establece como objetivo general determinar las implicancias de la migración venezolana en la inseguridad ciudadana. Así mismo, como objetivos específicos: 1) Identificar los factores que vinculan la inmigración ilegal con la inseguridad ciudadana, 2) Evaluar la relación entre inmigración ilegal y crimen organizado, 3) Revisar la efectividad de las estrategias implementadas para el control migratorio y la prevención del crimen organizado.

Como justificación social, la migración venezolana hacia el Perú ha sido un fenómeno que ha incrementado en los últimos años. Este fenómeno ha modificado la estructura demográfica local, lo que deriva en tensiones sociales debido a la percepción de competencia por empleos, servicios y recursos limitados. En distintas comunidades la llegada masiva de migrantes ha generado sensación de inseguridad especialmente cuando algunos migrantes se ven forzados a participar en economías informales o incluso en actividades delictivas por la falta de oportunidades (Betancourt, 2020).

Junto a ello, un análisis realizado en Colombia, Ecuador y Perú reveló que siete de cada diez encuestados en esos países vinculan la criminalidad con la llegada de venezolanos. En concreto, el setenta y tres porcientos de los participantes en Colombia el sesenta y ocho porcientos en Ecuador y el setenta por ciento en Perú opinan que la inmigración incrementa la delincuencia y la sensación de inseguridad (Rivero, 2019).

Por ello, desde una perspectiva social, es necesario abordar estos efectos para evitar la estigmatización de los migrantes venezolanos. Al investigar como la migración ha influido en la inseguridad ciudadana, se puede identificar la verdadera naturaleza de los problemas, lo que permitirá diseñar políticas que promuevan la inclusión y fortalezcan la cohesión social, reduciendo las percepciones de amenaza (Betancourt, 2020).

Como justificación económica, tenemos en cuenta que, la gran migración de venezolanos ha provocado una lucha por puestos de trabajo en la economía informal, lo que puede intensificar las tensiones entre las comunidades y aumentar la sensación de inseguridad. La existencia de trabajos informales, caracterizados por bajos salarios y condiciones inadecuadas, puede llevar a algunos migrantes a participar en actividades ilegales para sobrevivir, lo que a su vez eleva los índices de criminalidad. Además, la actividad de organizaciones criminales transnacionales que se aprovechan de la situación migratoria para aumentar su influencia representa un riesgo adicional para la seguridad de la ciudadanía (Ardila et al., 2021).

Por otro lado, desde una justificación legal, la situación política en Venezuela, caracterizada por la falta de estabilidad institucional, la opresión y la violencia, ha provocado un gran flujo de personas hacia naciones vecinas, como Colombia. Esta migración, en lugar de ser un evento aislado, ha influido de manera directa y notable en la seguridad de las naciones que acogen a estos migrantes. La grave crisis política en el país, resaltada por la violación del Estado de derecho, la represión y el clima de inseguridad, ha llevado a millones de venezolanos a dejar su tierra en busca de refugio y mejores oportunidades. Este fenómeno ha planteado múltiples retos para los países que reciben a los migrantes, siendo el impacto en la seguridad ciudadana uno de los más relevantes (Torres y Naranjo, 2019).

Una de las teorías de migración tomadas en cuenta indica que, las disparidades en los ingresos, las oportunidades laborales y las condiciones de vida entre los países generan incentivos para que las personas se desplacen en busca de un mejor futuro. Factores como los subsidios, las regulaciones laborales y los incentivos fiscales pueden influir significativamente en las decisiones migratorias de las personas (Gómez, 2010).

Se sugiere que la decisión migratoria es un proceso colectivo que se lleva a cabo dentro de la familia, priorizando el bienestar del grupo. Este enfoque resalta la importancia de diversificar los ingresos familiares, donde algunos miembros se quedan en su lugar de residencia trabajando, mientras otros emigran a diferentes países para mitigar las incertidumbres económicas que pueden surgir de crisis en su nación de origen. De este modo, se evidencia la influencia de factores sociales y económicos en la elección de migrar, así como las posibles divergencias que pueden aparecer entre los integrantes de cada familia (Navarro et al., 2016).

En otra perspectiva, se analiza el movimiento migratorio de individuos, reconociendo que estos fenómenos son resultado de las profundas desigualdades estructurales entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Esto implica que los propietarios de grandes corporaciones extranjeras ingresan a naciones empobrecidas con el objetivo de incrementar sus ganancias (Osorio, 2015).

Asimismo, en otro aspecto, la crisis humanitaria en Venezuela, caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, ha generado un éxodo masivo de su población. Esta situación se ha visto agravada por la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, lo que ha llevado a un deterioro significativo de las condiciones de vida y ha obligado a millones de venezolanos a buscar refugio en otros países. La falta de acceso a servicios de salud, la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria son factores determinantes que han impulsado esta migración, convirtiendo a la crisis venezolana en una de las mayores crisis humanitarias de la región (Human, 2016).

2. METODOLOGÍA

El presente estudio se estructura como una revisión literaria de carácter teórico, orientada a recopilar y sintetizar información de diversas investigaciones (Ñaupas et al., 2018). En lugar de utilizar técnicas estadísticas para integrar los efectos de los estudios, se implementaron métodos explícitos para localizar, seleccionar y evaluar críticamente la investigación pertinente (Ato et al., 2013).

La metodología adoptada es de enfoque cualitativo, centrada en comprender y abordar el fenómeno o problema central del interés del estudio. Este enfoque busca responder a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos establecidos en este trabajo (Hernández et al., 2018).

Así mismo, los artículos serán recopilados de bases de datos indexadas como Scopus, Scielo y Web of Science, además, se encontrarán entre los años 2019 al 2024, para esta investigación se buscarán artículos en idiomas español, inglés y portugües.

Se inició la búsqueda, con setenta y tres artículos, se filtran aquellos encontrados en las bases de datos Scopus, Scielo y Web of Science quedando veinticinco, se hace el filtro de artículos publicados entre el 2019 y 2024, quedando una base de datos de 10 artículos.

En lo que respecta a la dimensión ética de la investigación científica, es fundamental preservar la autenticidad y la integridad de los estudios. Los científicos deben adherirse a principios éticos fundamentales, como la búsqueda de la verdad y la prevención de prácticas inapropiadas, tales como la manipulación de datos, el plagio y la distorsión de resultados (Inguillay et al., 2020). La falta de ética en la investigación puede tener consecuencias significativas, como la disminución de la credibilidad en la investigación y la reputación de los investigadores, lo que socava la confianza del público en la ciencia y puede tener repercusiones perjudiciales en las decisiones que afectan la salud pública y el medio ambiente (Rosales, 2022).

Asimismo, es esencial mantener la integridad académica al citar correctamente a los autores en los que se fundamenta el trabajo y obtener las aprobaciones necesarias para utilizar instrumentos. La transparencia y la honestidad, destacadas por Concytec (2018), deben servir de brújula para los investigadores en su proceso de indagación. En este contexto, la investigación se basa en los principios éticos de beneficencia y no maleficencia. La beneficencia se manifiesta en la creación de algún tipo de beneficio a través del estudio, ya sea en términos prácticos o metodológicos, contribuyendo al progreso del conocimiento en el área de estudio. La no maleficencia, por su parte, implica evitar causar cualquier daño o efecto negativo en la población estudiada. Esto incluye evitar acciones que puedan omitir información relevante o falsificar evidencia primaria, asegurando en todo momento el rigor científico y la integridad de la investigación (CONCYTEC, 2019).

3. RESULTADOS

La presente investigación consistió en una revisión literaria enfocada en el análisis de diez artículos de investigación obtenidos de bases de datos indexadas, con el propósito de examinar las implicancias de la migración venezolana en la seguridad ciudadana. La selección de los artículos se realizó considerando su relevancia para los objetivos específicos planteados, lo que permitió un abordaje integral de los factores sociales, económicos y legales que vinculan la migración con los problemas de seguridad, así como su relación con el incremento de ciertos delitos y la efectividad de las políticas de control migratorio en los países receptores.

Es importante resaltar que la movilidad de personas a través de diferentes regiones ha sido un componente constante en la historia de la humanidad y esto no solo ha sido clave para la dispersión humana en distintos puntos del planeta, sino que también continúa siendo relevante hoy en día, ya que como se mencionó anteriormente, van en busca de mejores oportunidades y, consecuentemente, una calidad de vida superior, sin  embargo, como consecuencia de ello, se ha notado un aumento en la migración internacional en varios países, lo que ha llevado a un incremento en las tasas de criminalidad asociadas (Bances y Cotrina, 2023)

3.1. Respecto a los factores que vinculan la inmigración ilegal con la inseguridad ciudadana

Para abordar el primer objetivo específico, Gangi (2023) sostiene que los cambios en las dinámicas migratorias han sido impulsados por la crisis humanitaria en Venezuela, lo cual ha afectado la gobernabilidad y facilitado la consolidación de actividades económicas irregulares en la frontera colombo-venezolana. Estos factores han conducido a una disminución de la presencia estatal y han fomentado la aparición de grupos irregulares, que agravan la inseguridad y la conflictividad social en la región. Del mismo modo, Gissi et al. (2020) argumentan que la migración masiva ha intensificado las tensiones sociales, incrementando la presión sobre los servicios públicos y generando una percepción de competencia laboral con la población local. La falta de políticas efectivas para integrar a los migrantes ha llevado a que muchos permanezcan en condiciones de vulnerabilidad, lo cual, a su vez, incrementa los riesgos de problemas de seguridad en las áreas receptoras.

En contraste, Linares (2021) analiza el caso de Argentina, donde las políticas migratorias bajo el gobierno de Mauricio Macri han adoptado un enfoque selectivo, ofreciendo facilidades a los migrantes venezolanos para cubrir vacantes laborales en sectores específicos debido a su calificación profesional. Sin embargo, estas políticas también han estado acompañadas de restricciones generales en el acceso migratorio a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que asocia la migración con delitos graves como el narcotráfico. Este contexto ha generado un clima de criminalización de los migrantes, potenciando la percepción de que representan una amenaza para la seguridad. Por otro lado, Niño et al. (2020) se centran en Ecuador, donde identifican la aporofobia como un factor social clave. Según los autores, la pobreza en que se encuentran muchos migrantes venezolanos alimenta la discriminación y la percepción de que son responsables del aumento de la inseguridad y la delincuencia. Esta percepción negativa se agrava con la participación de los migrantes en trabajos informales, debido a la falta de oportunidades laborales regulares, lo que a su vez contribuye a políticas migratorias más restrictivas, como el Decreto 826 que exige visa humanitaria a los venezolanos para ingresar al país, limitando su movilidad y posibilidades de regularización.

Ardila et al. (2021) identifican múltiples factores sociales y económicos que afectan la seguridad en la frontera colombo-venezolana, donde la cercanía geográfica y la crisis venezolana han generado dinámicas delictivas en las trochas fronterizas. En estos pasos ilegales, grupos armados y vandálicos controlan el tráfico y, en ocasiones, obligan a los migrantes a participar en actividades ilícitas para asegurar su paso. Además, estos grupos fomentan el incremento de la xenofobia en ciudades como Cúcuta, donde los migrantes son percibidos como un problema de seguridad. En un contexto similar, Ordoñez y Ramírez (2019) mencionan que existe una construcción mediática y política que asocia la migración venezolana con amenazas a la salud y seguridad pública. Esta percepción se alimenta de discursos y noticias que presentan a los migrantes venezolanos como un peligro potencial para la nación, vinculándolos con desórdenes y riesgos sanitarios, lo que impacta en las políticas de seguridad y en la actitud de la población receptora.

Torres y Naranjo (2019) abordan factores importantes que vinculan la migración venezolana con ciertos problemas de seguridad, enfatizando que la crisis económica, política y social en Venezuela ha obligado a muchos ciudadanos a migrar hacia otros países en busca de estabilidad. Según los autores, la inseguridad en Venezuela, caracterizada por altos niveles de delincuencia organizada, secuestros y extorsiones, ha creado un contexto en el cual muchos migrantes buscan mejores condiciones de vida en el extranjero, incluyendo Ecuador. No obstante, los autores advierten que la migración masiva también genera tensiones en el empleo y en otros recursos sociales, lo que podría derivar en actos ilícitos por parte de algunos grupos marginados.

Por otro lado, Vega (2022) añade una perspectiva sobre la criminalización del migrante como un fenómeno clave en la seguridad ciudadana. Según el autor, los migrantes venezolanos son percibidos como una amenaza por parte de la sociedad receptora, lo que genera una construcción identitaria negativa. Esta percepción se traduce en discursos xenófobos en redes sociales y en la exclusión de los migrantes de ciertos derechos, como el acceso a la salud, reforzando un ciclo de vulnerabilidad y percepción de inseguridad.

3.2. En cuanto a la relación entre inmigración ilegal y crimen organizado

En relación con el segundo objetivo, Gangi (2023) argumenta que la migración irregular ha facilitado la proliferación de actividades ilegales, como el tráfico de personas y el contrabando, especialmente en zonas fronterizas. La falta de identificación y regulación de los migrantes dificulta su integración en la sociedad y su sometimiento a las leyes locales, lo que contribuye a la percepción de un aumento en ciertos delitos. Gissi et al. (2020) refieren que las políticas de control migratorio en países como Ecuador han adoptado enfoques cada vez más restrictivos en respuesta a la percepción de que la migración venezolana está vinculada a un incremento en delitos graves, tales como feminicidios y otros crímenes violentos. Sin embargo, señalan que no existe evidencia concluyente de que la migración cause directamente un aumento en los niveles de criminalidad.

De manera complementaria, Niño et al. (2020) exponen que, en países como Colombia, Perú y Ecuador, un alto porcentaje de la población asocia la migración venezolana con el aumento de la delincuencia. En Ecuador, el 67.9 % de la población considera que la inmigración ha incrementado los niveles de crimen, mientras que en Colombia es el 73.5 % y en Perú el 70 %. Estas percepciones se ven alimentadas por actos delictivos cometidos por una minoría de migrantes, lo que intensifica los estereotipos negativos y el rechazo social. Por su parte, Betancourt (2020) indica que, en el caso venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro ha protegido a grupos criminales y terroristas, lo que ha facilitado la expansión del crimen organizado en la región. Este fenómeno convierte a los migrantes venezolanos en una variable de riesgo para la seguridad en los países receptores, ya que existe la posibilidad de infiltración de elementos criminales en las oleadas migratorias.

Ardila et al. (2021) mencionan que el aumento de actividades delictivas en la frontera colombo-venezolana es un escenario probable, dada la situación económica deteriorada y la falta de oportunidades para los migrantes, lo cual ha llevado a algunos a involucrarse en actividades ilícitas controladas por grupos criminales. Rojas-Miliano et al. (2021) aportan que la inestabilidad política y la inseguridad en Venezuela han sido factores que han obligado a millones de venezolanos a migrar, lo cual incrementa la presión sobre los servicios de salud y el sistema de seguridad de los países receptores, generando una sobrecarga en las instituciones locales y, en algunos casos, contribuyendo al aumento de actividades delictivas.

Torres y Naranjo (2019), aunque no mencionan directamente un aumento en los delitos, sugieren que la migración masiva ha generado un ambiente de inseguridad, en gran parte relacionado con la situación de crisis y violencia en Venezuela, lo que, en algunos casos, ha influido en el incremento de situaciones delictivas en los países receptores. Vega (2022) hace hincapié en cómo el migrante venezolano es frecuentemente criminalizado en los discursos públicos y en redes sociales, lo que contribuye a la percepción de un aumento en delitos, aunque no se establece una relación directa entre la migración y el incremento real de la criminalidad.

3.3. Respecto a la efectividad de las estrategias implementadas para el control migratorio y la prevención del crimen organizado

Para el tercer objetivo, Gissi et al. (2020) mencionan que las políticas migratorias han evolucionado hacia enfoques securitistas que incluyen militarización y restricciones en el acceso a visas, con la intención de mejorar la seguridad y controlar el flujo migratorio. No obstante, estas medidas han generado barreras significativas que dificultan la regularización de los migrantes y, en algunos casos, han incrementado su vulnerabilidad. Gangi (2023) resalta la falta de cooperación regional y la incapacidad para establecer políticas transfronterizas efectivas, lo cual ha permitido que el flujo migratorio sea explotado por grupos irregulares. Esto evidencia la necesidad de políticas integrales que no solo se enfoquen en la seguridad, sino también en la integración social de los migrantes.

En Argentina, Linares (2021) destaca que el Decreto N° 70/2017 permitió la deportación express de migrantes que cometían delitos, reflejando una política de control migratorio estricta. Sin embargo, a pesar de su enfoque restrictivo, no se ha demostrado que estas políticas hayan sido efectivas en la reducción del crimen, ya que la criminalización de los migrantes tiende a incrementar las tensiones sociales sin necesariamente disminuir la delincuencia. Niño et al. (2020) agregan que, en Ecuador, el Decreto 826 ha aumentado las restricciones para los migrantes al exigir una visa humanitaria, lo cual ha generado vulnerabilidades adicionales al dejar a muchos en situación irregular.

La investigación de Betancourt (2020) sostiene que las políticas de control migratorio en la región han sido insuficientes para frenar la expansión de redes criminales que operan con el apoyo del régimen venezolano. Ordoñez y Ramírez (2019) destacan que políticas como el Permiso Especial de Permanencia en Colombia han regulado la situación de los migrantes, pero también han generado segmentación social, dejando a muchos en condiciones de irregularidad y aumentando su exposición a actividades criminales.

Finalmente, Vega (2022) indica que los migrantes venezolanos enfrentan barreras para acceder a servicios básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad y genera tensiones que afectan tanto a la comunidad migrante como a la sociedad receptora, con posibles repercusiones sobre la seguridad y el orden público. Torres y Naranjo (2019) concluyen que, aunque las políticas migratorias han permitido un saldo migratorio positivo en favor de los venezolanos en Ecuador, no se ha profundizado lo suficiente en el impacto que estas medidas han tenido en la prevención del crimen y el mantenimiento del orden público.

4. DISCUSIÓN

4.1. Respecto a los factores que vinculan la inmigración ilegal con la inseguridad ciudadana

El primer objetivo buscó explorar los elementos que relacionan la migración venezolana con la inseguridad, abarcando aspectos sociales, económicos y legales. Los hallazgos evidenciaron que la migración masiva, especialmente cuando ocurre de forma irregular, tiende a exacerbar problemas sociales existentes, creando tensiones en los servicios públicos y aumentando la percepción de inseguridad entre la población local. Gangi (2023) destaca que la crisis en Venezuela ha afectado la gobernabilidad, facilitando la expansión de actividades económicas irregulares y la aparición de grupos armados en la frontera colombo-venezolana, lo que incrementa la inseguridad en esas áreas. Similarmente, Gissi et al. (2020) indican que la presión sobre los servicios públicos y la competencia por empleos en la economía informal contribuyen a la percepción de que los migrantes son responsables de los problemas de seguridad.

Por otro lado, Linares (2021) muestra un enfoque diferente en Argentina, donde a pesar de facilitar la entrada de migrantes venezolanos para cubrir vacantes laborales, se implementaron políticas restrictivas bajo el Decreto N° 70/2017, vinculando la migración con delitos graves y generando un ambiente de criminalización. En contraste, Niño et al. (2020) abordan el caso de Ecuador, señalando que la aporofobia y la falta de integración contribuyen a la discriminación y a la percepción negativa hacia los migrantes, lo que se ve reflejado en políticas más restrictivas como el Decreto 826.

El fenómeno migratorio en el contexto venezolano se asocia con una serie de factores sociales y económicos que inciden directamente en la percepción de inseguridad en los países receptores. Según Navarro et al. (2016), la migración es una estrategia familiar para diversificar los ingresos y reducir los riesgos económicos derivados de la crisis en el país de origen. Sin embargo, esta estrategia se ve afectada cuando las condiciones en los países receptores no permiten la integración adecuada de los migrantes. La falta de acceso a trabajos formales y la participación en economías informales, como se observa en el caso de Ecuador con la aporofobia y la percepción negativa hacia los migrantes (Niño et al., 2020), contribuyen a la asociación de la migración con problemas de seguridad. Estos resultados revelan que la percepción de inseguridad vinculada a la migración no siempre se basa en datos objetivos, sino que es alimentada por prejuicios sociales y discursos políticos. Según Betancourt (2020), la llegada de migrantes puede percibirse como una amenaza debido a la competencia en el mercado laboral y la inserción en economías informales.

Esto nos sugiere que las dificultades de integración refuerzan los ciclos de vulnerabilidad, ya que los migrantes no pueden mitigar las incertidumbres económicas de manera efectiva, lo que genera tensiones y aumenta la percepción de competencia por los recursos locales, esto coincide con la teoría de la inseguridad percibida, donde la presencia de “otros” se asocia con un potencial peligro, exacerbando las tensiones sociales (Covington y Taylor, 1991). En este contexto, la falta de políticas de integración agrava la situación, creando un ciclo de vulnerabilidad y exclusión que incrementa los riesgos para la seguridad ciudadana y perpetúa la sensación de inseguridad.

4.2. En cuanto a la relación entre inmigración ilegal y crimen organizado.

El segundo objetivo se enfocó en examinar si existe una relación entre la migración venezolana y el aumento de delitos específicos. Gangi (2023) sostiene que la migración irregular facilita actividades ilegales como el tráfico de personas y el contrabando, especialmente en zonas fronterizas con poca regulación. Gissi et al. (2020) refieren que las políticas restrictivas en países como Ecuador responden a la percepción de que la migración está vinculada a delitos graves; sin embargo, también señalan que no existe evidencia concluyente que demuestre que la migración sea la causa directa del aumento en la criminalidad.

Niño et al. (2020) aportan datos que reflejan cómo la percepción de criminalidad asociada a los migrantes venezolanos es alta en países como Colombia, Perú y Ecuador, donde la mayoría de los encuestados considera que la inmigración ha incrementado la delincuencia. Esto se ve alimentado por estereotipos y actos delictivos aislados cometidos por una minoría de migrantes. Betancourt (2020), por su parte, argumenta que la protección del régimen de Nicolás Maduro a grupos criminales en Venezuela ha permitido la expansión del crimen organizado, lo que convierte a los migrantes en un factor de riesgo para la seguridad de los países receptores.

El análisis de la migración como respuesta a las desigualdades estructurales entre países desarrollados y en vías de desarrollo, como menciona Osorio (2015), proporciona un marco para entender la relación entre migración y delitos en el contexto venezolano. La crisis humanitaria ha impulsado a millones de venezolanos a salir de su país en busca de mejores condiciones de vida (Human, 2016). Sin embargo, la falta de oportunidades en los países receptores, combinada con políticas migratorias restrictivas, puede llevar a algunos migrantes a involucrarse en actividades ilegales para sobrevivir. Teóricamente, la relación entre migración y delincuencia es compleja y depende de múltiples factores, como la inclusión social, las políticas migratorias y las oportunidades económicas en los países receptores. La teoría de la criminalización del migrante sugiere que la asociación entre migración y criminalidad es en gran medida una construcción social, reforzada por discursos públicos y medios de comunicación que alimentan la xenofobia y el rechazo.

Esto es evidente en los resultados que señalan la participación en actividades delictivas en zonas fronterizas con poca regulación (Gangi, 2023) y la percepción social que asocia la migración con un aumento en la criminalidad (Niño et al., 2020). Además, las políticas restrictivas que dificultan la regularización de los migrantes pueden aumentar la participación en actividades delictivas, ya que los migrantes en situación irregular no tienen acceso a empleos formales y servicios básicos. El enfoque teórico refuerza que la migración no es en sí misma la causa del aumento de delitos, sino que es el contexto socioeconómico y las políticas restrictivas las que potencian las situaciones de riesgo.

4.3. Respecto a la efectividad de las estrategias implementadas para el control migratorio y la prevención del crimen organizado

El tercer objetivo evaluó las estrategias implementadas para el control migratorio y su impacto en la seguridad pública. Gissi et al. (2020) mencionan que muchas políticas migratorias han adoptado enfoques securitistas, incluyendo la militarización y restricciones en el acceso a visas, buscando controlar el flujo migratorio y reducir la criminalidad. Sin embargo, estas medidas también han generado barreras para la regularización de los migrantes, lo que, en algunos casos, ha incrementado su vulnerabilidad. Por otro lado, Gangi (2023) enfatiza que la falta de cooperación regional ha permitido que el flujo migratorio sea explotado por grupos irregulares, lo que pone de manifiesto la necesidad de adoptar políticas integrales que combinen seguridad y estrategias de integración social.

En Argentina, Linares (2021) analiza la implementación del Decreto N° 70/2017, que permite la deportación express de migrantes que cometen delitos, aunque no se ha demostrado su efectividad en reducir la criminalidad. Similarmente, Niño et al. (2020) destacan cómo el Decreto 826 en Ecuador ha incrementado las restricciones para los migrantes, lo que ha resultado en una mayor exposición a actividades informales y al crimen debido a la falta de oportunidades de regularización.

Desde la perspectiva teórica, las políticas de control migratorio que se centran en enfoques securitistas tienden a fallar en abordar las causas subyacentes de la migración y los riesgos asociados. La crisis en Venezuela ha generado un éxodo masivo debido a la incapacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales (Human, 2016), lo que deja a los migrantes en una situación de alta vulnerabilidad. Las políticas restrictivas, como el Decreto 826 en Ecuador o el Decreto N° 70/2017 en Argentina, incrementan la irregularidad migratoria y las barreras para la integración, lo que a su vez eleva el riesgo de que los migrantes se involucren en actividades delictivas para subsistir.

El análisis teórico sugiere que estas políticas, al enfocarse exclusivamente en la seguridad, generan efectos adversos al crear barreras que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes, limitando su acceso a derechos básicos y reforzando la percepción de inseguridad. En este contexto, la teoría de la gobernanza migratoria aboga por enfoques más equilibrados que consideren tanto la seguridad pública como la inclusión social.

Según Osorio (2015) y Navarro et al. (2016), las políticas efectivas deben no solo controlar el flujo migratorio, sino también facilitar la integración y mejorar las condiciones de vida de los migrantes, proporcionando caminos claros hacia la regularización. Esto permitiría reducir la marginalización de los migrantes y, con ello, disminuir los factores de riesgo asociados con la delincuencia, mejorando así la seguridad ciudadana en los países receptores.

5. CONCLUSIONES

En cuanto al primer objetivo específico, se concluye que la migración venezolana ha mostrado una relación compleja con el aumento de problemas de seguridad en los países receptores, influida por factores sociales, económicos, así como legales que generan tensiones. La llegada masiva e irregular de migrantes tiende a agravar problemas preexistentes, como la sobrecarga de servicios públicos y la competencia por recursos laborales. Por ello es importante considerar datos objetivos que expliquen la relación entre migración y criminalidad, evitando conclusiones basadas solo en percepciones sociales o discursos políticos, que no siempre reflejan toda la realidad del fenómeno migratorio.

Con respecto al segundo objetivo específico, se concluye que la relación entre la migración venezolana y el incremento de ciertos delitos es compleja además de multifactorial. Aunque existen estudios que sugieren una posible correlación entre la inmigración y el aumento de algunos delitos en países como Colombia, Perú y Ecuador, los resultados no son concluyentes, más aún varían según el contexto local así también en las dinámicas sociales. Es necesario reconocer que las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades laborales y las barreras para la regularización pueden aumentar el riesgo de participación en actividades delictivas en algunos casos, aunque no sean las únicas explicaciones. La realidad es más matizada, dependiendo de una combinación de factores locales, políticas migratorias y condiciones estructurales en los países de destino.

Finalmente, en cuanto al tercer objetivo específico se concluye que, las políticas de control migratorio que han adoptado enfoques securitistas, centradas en la restricción y la militarización, han demostrado ser insuficientes para abordar de manera efectiva los riesgos asociados con la migración venezolana. Estas políticas, lejos de resolver la situación, tienden a aumentar la irregularidad acompañada de la exclusión de los migrantes, elevando su vulnerabilidad, facilitando la explotación por grupos criminales. Se hace evidente la necesidad de adoptar enfoques más integrales que combinen seguridad con inclusión social, proporcionando vías para la regularización e integración que mitiguen los factores de riesgo asociados con la delincuencia y mejoren la seguridad pública en los países receptores.

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