La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) ingresaron, el último viernes 4, una denuncia administrativa ético-profesional contra cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la «imposición» de Patricia Benavides Vargas como Fiscal de la Nación.
Los integrantes de la JNJ comprendidos en la denuncia son Gino Augusto Tomás Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De La Puente Parodi, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval.
A ellos se les atribuye el requerir a la Fiscalía de la Nación que reponga a Benavides Vargas en el máximo cargo de esta institución, así como solicitar al comandante general de la Policía el «uso de la fuerza pública» para esta reposición. Asimismo, se indican las siguientes faltas de transparencia:
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- No publicar la sesión en la que un integrante de la JNJ presenta y sustenta la propuesta de decisión en el caso.
- No publicar la sesión en que se votó la decisión.
- Declarar en reserva la sesión del 9 de junio en que se debatió y produjo la votación, cuando no hay justificación para que sea declarada como tal.
- Ocultar información sobre la sesión del 9 de junio en que se debatió y produjo la votación, a la Secretaria General, a quien no se convocó.
- Tener incompleta el acta sobre la sesión del 9 de junio, al contener solo los acuerdos y nada sobre lo acontecido en la misma.
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Con relación a estas presuntas acciones, las organizaciones advierten la vulneración del Código de Ética del Abogado, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Reglamento del Pleno de la JNJ y la Constitución Política. En esa línea, la CNDDHH y el IDL solicitan que los miembros de la JNJ denunciados sean expulsados de forma definitiva del CAL.
