El Ministerio Público presentó acusación contra el expresidente Francisco Sagasti y solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión por el presunto delito de abuso de autoridad, en el marco del caso vinculado al pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en el año 2020.
La imputación fue formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Según lo informado por su defensa legal a Infobae, el requerimiento fiscal fue elaborado por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, debido a que la fiscal suprema Zoraida Ávalos se apartó del caso.
En la misma acusación se incluye a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice, para quienes el Ministerio Público solicita 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Además, la Procuraduría General del Estado ha requerido el pago de una reparación civil ascendente a 400 mil soles por el presunto daño ocasionado al Estado.
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Este jueves 26 se realiza la audiencia de control de acusación ante el juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley. En esta etapa, el magistrado evaluará si el caso cumple con los requisitos para avanzar a juicio oral o si corresponde su archivo, además de resolver los pedidos formulados por las defensas.
El proceso tiene su origen en una denuncia constitucional impulsada desde el Congreso, en la que se atribuye a los investigados haber incurrido en abuso de autoridad al designar a César Cervantes como comandante general de la PNP y disponer el pase al retiro de tres tenientes generales y dieciséis generales.
Según los cuestionamientos planteados, Cervantes ocupaba el puesto 18 en el escalafón policial al momento de su nombramiento. Conforme a la normativa vigente de la institución, su designación implicaba el retiro inmediato de los oficiales que lo precedían en la línea de carrera.
Cabe precisar que, en el desarrollo del caso, el Poder Judicial declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por el exministro Rubén Vargas, lo que determinó el archivo del proceso en su contra. Esta decisión se sustenta en la evaluación de si los hechos imputados encajan dentro del tipo penal atribuido por la Fiscalía.
