La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad dispuso promover una investigación preliminar contra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, por la presunta comisión del delito de colusión o negociación incompatible en agravio del Estado.
Además del ex candidato presidencial, la investigación involucra a los funcionarios Miguel Ángel Arturo Urbina Correa (gerente regional de imagen institucional) y Jobvito Elder Flores Mariños (gerente regional de administración).
La medida, difundida por Epicentro, se adopta tras la denuncia presentada por el ciudadano Javier Arturo Carrión Ojeda, quien acusa a los investigados de direccionar contrataciones por un monto total superior a los S/2 millones en campañas de publicidad regional y nacional, presuntamente con fines políticos y con recursos del Gobierno Regional de La Libertad.
Según la disposición fiscal emitida el 30 de abril de 2025, la investigación, declarada como compleja, tendrá una duración de 120 días. Durante ese periodo, se recabarán declaraciones de los investigados y de al menos 14 testigos, entre ellos funcionarios del gobierno regional y representantes de empresas contratistas, como Macronorte EIRL, Radio La Exitosa, La República, Grupo RPP; entre otras.
Una parte de la denuncia señala que los fondos se habrían destinado a medios de comunicación que guardan presuntos vínculos con el partido político Alianza para el Progreso, liderado por Acuña, con el objetivo de favorecer su imagen de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El documento fiscal describe que:
Los denunciados […] presuntamente se habrían coludido entre ellos, para lapidar los recursos del Estado, y en forma específica del Gobierno Regional de La Libertad. […] Se estaría utilizando con fines políticos, primero con alcance regional y ahora nacional.
En cumplimiento del artículo 384 del Código Penal, el Ministerio Público evaluará si los hechos constituyen colusión agravada y si existió perjuicio patrimonial para el Estado. De ser hallados responsables, los investigados podrían afrontar penas de hasta 15 años de prisión.
