La Fiscalía de la Nación emitió un nuevo pronunciamiento sobre el dictamen que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, y faculta a la Policía Nacional a liderar las investigaciones preliminares.
El pronunciamiento, encabezado por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, contó con la participación de los fiscales supremos, los presidentes de los Distritos Fiscales, coordinadores de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales, y los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales de todo el país.
La institución ya había anunciado que presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), respecto de algunos decretos legislativos expedidos por el Poder Ejecutivo, la misma que se encuentra próxima a una audiencia para su decisión final.
En este contexto, Villena Campana solicitó a la presidenta de la república, Dina Boluarte, «que en el ejercicio de sus prerrogativas, proceda con pleno respeto a la Constitución Política del Perú y observe el proyecto de ley que atenta contra la separación de poderes, el acceso a la justicia, el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos».
Pronunciamiento de Fiscales Supremos, Presidentes de los Distritos Fiscales, Coordinadores de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales, Presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales de todo el país
Buenas tardes ciudadanos de toda la república. Los fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y de los Fiscales Provinciales, coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas y de los Equipos Especiales del Ministerio Público, en representación de todos sus integrantes a nivel nacional, reunidos en la fecha para analizar y evaluar el impacto del proyecto de Iey que modifica el Código Procesal Penal; en el marco de un Estado Constitucional de Derecho:
1. ALERTAMOS que el proyecto de Iey modifica y limita las funciones constitucionales de los fiscales, afectando el derecho a un debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las personas que acuden al sistema de justicia, al desconocer el rol de conducción de la investigación del delito desde su inicio, que el artículo 159 de la Constitución Política del Perú le reconoce al Ministerio Público.
2. AFIRMAMOS que estas reformas legislativas son manifiestamente inconstitucionales,alpretendertrasladaralaPolicíaNacionaldelPerú,que depende del Poder Ejecutivo, la conducción de la investigación del delito desde su inicio, incluidas aquellas investigaciones vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios del más alto nivel y poder público, afectando su objetividad, con el consecuente riesgo de impunidad.
3. INVOCAMOS a los poderes del Estado, los organismos públicos constitucionalmente autónomos y a los Colegios de Abogados del Perú, a pronunciarse sobre las referidas iniciativas legislativas por ser claramente inconstitucionales.
4. SOLICITAMOS a la señora presidenta de la República que, en el ejercicio de sus prerrogativas, proceda con pleno respeto a la Constitución Política del Perú y observe el proyecto de ley que atenta contra la separación de poderes, el acceso a la justicia, el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos, a quienes el Ministerio Público se debe, en defensa de la democracia, la legalidad y la sociedad en su conjunto.
