Los abogados argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto cuestionaron el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, iniciado el martes 4 de marzo, y lo calificaron como una «pantomima».
A través de una columna de opinión, escrita para el medio argentino Página 12, ambos letrados aseguraron que la «legalidad peruana se rompió cuando Castillo fue preso» sin una «vacancia legal»:
Se ha iniciado en Perú una pantomima de juicio contra el presidente constitucional Pedro Castillo. La legalidad peruana se rompió cuando Castillo fue preso (sin retiro de inmunidad, sin vacancia legal, sin proceso, sin moción, sin votos) y usurpó su función su vicepresidenta, traicionando el mandato popular y ordenando una represión indiscriminada que costó la vida a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños.
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Asimismo, respaldaron que el exmandatario haya rechazado contar con un abogado, tanto privado como de la defensa pública, pese a que el presidente de la sala, José Neyra, negó este pedido:
Castillo se presenta ante este escenario sin abogados, es decir, que eligió correctamente el camino de no prestarse a la pantomima. Asume lo que se llama un ‘proceso de ruptura’, cuando no vale la pena defenderse ante supuestos jueces que ya tienen decidida la condena.
[…]
Castillo no necesita abogados en esta parodia, su presencia no haría más que legitimar una escenificación para darle la apariencia de un juicio. Pero tampoco se puede ignorar que sus abogados y ex abogados fueron sometidos a aprietes llamados reglajes en Perú. Guillermo Olivera tuvo que irse del país; otro abogado denunció la presencia de un automóvil que lo seguía permanentemente; Benji Espinoza acaba de denunciar que robaron en su oficina, llevándose su computadora personal. Parece que el régimen de facto de la señora Boluarte teme que en medio de la teatralización judicial alguien invoque el derecho.
Zaffaroni y Croxatto: Pedro Castillo sigue «siendo presidente»
Por otro lado, remarcaron que Castillo Terrones «llega ante sus condenadores siendo presidente según la Constitución»:
Todos sus condenadores saben –porque a diferencia de Castillo cursaron la carrera de Derecho- que cuando se quiere intentar la comisión de un delito con un medio absurdamente ineficaz (matar con rezos, por ejemplo), eso se llama tentativa inidónea y su código dice explícitamente que no debe ser penada, aunque aleguen el absurdo argumento de que en otra circunstancia eso hubiese sido peligroso: no hay acción humana, por inocente que sea, que en circunstancias diferentes no sea peligrosa (la práctica de tiro al blanco, por ejemplo). Las conductas no se juzgan por eso en cualquier otra circunstancia, sino en las precisas circunstancias en que sucedieron.
También saben que constitucionalmente Castillo es el presidente. No lo ignoran, algunos incluso serán profesores en alguna universidad, no sé si sus alumnos les creerán cuando hablan de derecho.
Posteriormente, señalaron que si bien el exmandatario es «acusado de una tentativa de rebelión, [este es un] delito que el código penal define como alzarse en armas»:
Su rebelión consistió en pronunciar un discurso, cuando se sabía que nadie habría de levantar un arma y, por cierto, la única arma que se levantó fue la de su propia custodia para detenerlo […]. Nunca le retiraron la inmunidad.
[…] Los jueces que hoy pretenden condenar sin pruebas a un presidente constitucional, que en todo caso debiera ser repuesto y juzgado (en un juicio político, no penal) conforme a derecho. Hasta ahora eso (que es lo básico para vacar a un presidente, y lo primero que pide la constitución) no sucedió.