El Estado Peruano deberá pagar un monto económico similar al de un “alquiler” si se comprueba que los bienes o inmuebles a los que aplicó la extinción de dominio no tienen origen ilegal, así lo afirmó el juez supremo Manuel Luján Túpez en entrevista con LP Pasión por el Derecho.
“Esta persona tendrá derecho a cobrar el alquiler al Estado por el tiempo que la usó, y es así como está reglado en la ley”, aseveró Luján.
La extinción de dominio es usada por los fiscales para obtener un bien o inmueble que fue empleado para fines ilícitos, en su mayoría por organizaciones vinculadas al crimen organizado, narcotráfico y delincuencia común.
En ocasiones, cuando el juez de primera instancia ordena que el bien se extinga, es decir, pase a manos del Estado, aunque el caso se halla apelado, los funcionarios gestionan para ocupar el bien y convertirlo en una dependencia fiscal, policial o alguna entidad estatal.
Pero qué ocurre cuando en segunda instancia se ordena que el bien (casa, vehículo, etc) nunca tuvo un origen ilícito: el Estado peruano deberá pagar lo equivalente a lo que hubiese costado el alquiler del bien, explicó el juez supremo Manuel Luján Túpez, quien además es el coordinar del Subsistema de Extinción de Dominio del Poder Judicial.
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El proyecto de ley ante el Congreso
El juez supremo dio estas declaraciones en medio de la polémica generada por un proyecto de ley que ha abierto el debate sobre la extinción de dominio.
La iniciativa parlamentaria, promovida por la bancada de Fuerza Popular, plantea que la extinción de dominio no aplique para delitos como corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos medioambientales.
Además, uno de los puntos más polémicos del proyecto recae en que solo se podrá aplicar la figura de la extinción de dominio cuando exista una sentencia firme contra los propietarios del bien o inmueble en cuestión.
En otro momento, el juez supremo Luján Túpez defendió la Ley de Extinción de Dominio al considerar que ha sido pieza clave para luchar contras las organizaciones criminales en los últimos años.
“Vivimos en un Estado en que la delincuencia y la criminalidad han llevado a un orillado a arrodillarse incluso a las fuerzas que han estado para defenderse, que el Estado constitucional de derecho necesita otras herramientas como extinción de dominio para hacer frente a ello” indicó.
¿Qué opinan otras autoridades?
Recientemente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, exhortó al Parlamento a archivar este proyecto de Ley que, según dice, afectaría seriamente al sistema de justicia peruano y, además, favorecería a la delincuencia y al crimen organizado.
Incluso, mencionó que bienes e inmuebles incautados a expresidentes con procesos de investigación, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o Pedro Pablo Kuczynski, se verían perjudicados y, posiblemente, regresarían a manos de sus dueños.
