¿Es factible la reparación por daño patrimonial en delitos de peligro abstracto? [Casación 997-2019, Lambayeque]

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Fundamentos destacados. Cuarto. Que si el daño no es solo patrimonial sino también moral, y tiene sus propias pautas de definición, no cabe erigir como regla que si el delito cometido es de peligro abstracto no puede existir daño patrimonial –aunque el daño moral puede afirmarse en tanto en cuanto también comprende el perjuicio social o institucional derivado de la mediatización del rol de una Municipalidad y de la consiguiente pérdida de confianza ciudadana en su funcionamiento y servicios–. Lo que se ha realizado, a propósito de las actividades delictivas de la asociación ilícita u organización criminal, importaron afectaciones concretas a diversos ámbitos de la Administración que es del caso precisar, diferenciar de los otros delitos cometidos, y atender al rol y conducta específica de la encausada Norma Esperanza Muro de Del Castillo.

∞ Lo expuesto podría configurar daños patrimoniales que no obstante no se han motivado en lo específico, por lo que ambas sentencias contienen una motivación incongruente o impertinente, censurable casacionalmente, que se presenta cuando se usa argumentos no concernientes respecto a las aserciones que deben ser justificadas, y en el sub-lite no se hizo referencia, ante un punto teórico incorrecto, a la prueba que podía referirse a los daños y contrastarla con lo que planteaba el Procurador Público, así como se atendió a un extremo no relevante como la naturaleza de peligro abstracto del delito juzgado.


Sumilla. Título: Determinación de la Reparación Civil.- 1. Existen diferencias entre delito y acto ilícito, entre responsabilidad penal y responsabilidad civil –la primera pertenece al Derecho penal y la segunda integra el Derecho civil, y también se diferencian en sus finalidades y el principio de garantía–. Además, los criterios de imputación son distintos, más allá de que el delito es, asimismo, un acto ilícito, pero sujeto a sus propias categorías y elementos. Cabe eso sí señalar, desde ya, que la responsabilidad penal es la responsabilidad por el hecho, mientras que la responsabilidad civil se rige por el daño causado, por tal motivo la sanción penal tiene un carácter público (el Estado es el único comprometido con sus finalidades), mientras en la sanción civil el interés radica directamente en el particular y en su libertad de disponer y ejercer sus derechos –en el presente caso el Estado actúa como particular afectado y en resguardo de sus intereses patrimoniales–.

2. Si el daño no es solo patrimonial sino también moral, y tiene sus propias pautas de definición, no cabe erigir como regla que si el delito cometido es de peligro abstracto no puede existir daño patrimonial –aunque el daño moral puede afirmarse en tanto en cuanto también comprende el perjuicio social o institucional derivado de la mediatización del rol de una Municipalidad y de la consiguiente pérdida de confianza ciudadana en su funcionamiento y servicios–. Lo que se ha realizado, a propósito de las actividades delictivas de la asociación ilícita u organización criminal, importó afectaciones concretas a diversos ámbitos de la administración es del caso precisarlas, diferenciarlas de los otros delitos cometidos, y atender el rol y conducta de la encausada. Todo ello podría configurar daños patrimoniales que no obstante no se han motivado en lo pertinente, por lo que ambas sentencias contienen una motivación incongruente o impertinente, que se presenta cuando se usa argumentos no concernientes respecto a las aserciones que deben ser justificadas.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO CASACIÓN N.° 997-2019, LAMBAYEQUE

PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, siete de abril de dos mil veintiuno

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por vulneración de la garantía de motivación interpuesto por el señor PROCURADOR PÚBLICO ANTICORRUPCIÓN contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treinta y tres, de trece de mayo de dos mil diecinueve, en cuanto confirmando la sentencia de primera instancia de fojas doscientos cuarenta y siete, de cuatro de enero de dos mil diecinueve, que condenó a Norma Esperanza del Muro de Del Castillo como autora del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo le impuso cien mil soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que las sentencias de mérito declararon probado que la organización criminal liderada por Roberto Torres Gonzales, alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, e integrada por diversas personas, cuyo funcionamiento se distribuía en tres sectores: (i) sector empresarial, (ii) sector técnico profesional y (iii) sector familiar, todos ellos constituidos por personal de confianza designado por el citado imputado Torres Gonzales entre los años dos mil siete y dos mil catorce, periodo en el que estuvo vigente su designación en el puesto de Alcalde Provincial de Chiclayo.

Era una organización destinada a la comisión de delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio, impropio, entre otros.

∞ En lo que respecta al sector familiar, la encausada Norma Esperanza Muro de Del Castillo integró la organización criminal por su condición de madre de la conviviente del alcalde, encausado Torres Gonzales. Fue designada en el cargo de Subgerente de Turismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sin reunir los requisitos exigidos, por lo que el aludido imputado adecuó el perfil de ese puesto a su experiencia profesional. Su función, compatible con los fines de la organización criminal que integró, era buscar profesionales que conformaran el equipo técnico, como fue el caso de Segundo Alcántara Chávez. Asimismo, le correspondió impulsar el direccionamiento de procesos de contratación, para lo cual captaba empresarios para el cobro de coimas o recompensas.

SEGUNDO. Que, respecto del trámite de la causa, se tiene lo siguiente:

1. La acusación de fojas una, de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, atribuyó a la encausada Norma Esperanza Muro de Del Castillo ser autora directa del delito de asociación ilícita para delinquir en su modalidad de agravada (hoy organización criminal), ilícito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal.

∞ Afirmó que la organización criminal liderada por Roberto Torres Gonzales estaba destinada a cometer delitos, y que la citada imputada cumplió los siguientes roles:

A. Buscar profesionales para que formen parte del equipo técnico de la organización criminal.

B. Impulsar el direccionamiento de proceso de contratación de personal y captar a los empresarios, con el pago de coimas.

C. Desplegar conductas de influencia en los funcionarios públicos.

D. Convertir o lavar dinero de origen ilícito pretendiendo darle un tamiz de legalidad.

∞ Como consecuencia de estos roles, tuvo injerencia sobre los funcionarios públicos y se benefició en los trámites administrativos respectivos, como es el caso de la gestión de permisos y autorización de líneas de transporte, así como, mediante favores, en la contratación de familiares directos.

∞ La encausada Muro de Del Castillo se integró a la organización criminal a partir de enero de dos mil siete, la que estuvo vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil catorce. Se le designó mediante la Resolución de Alcaldía N.º 061/2007 de veintidós de enero de dos mil siete en el puesto de Subgerente de Turismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Decreto de Alcaldía N.º 04-2006-GPCH/A, de doce de junio de dos mil seis, que exige título profesional en Turismo y Negocios Internacionales, experiencia profesional en conducción de personal, requisitos que no cumplía.

∞ En tal virtud, el fiscal consideró que como la citada encausada era delincuente primaria y, además abusó de su cargo, le correspondía una pena dentro del tercio intermedio, por lo que se solicitó cinco años de pena privativa de la libertad efectiva e inhabilitación por el mismo tiempo.

∞ Respecto a la reparación civil, como la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se constituyó en actor civil, solo en caso esta no presente propuesta de reparación civil se deberá tener presente la propuesta económica de diez millones de soles a favor del Estado.

2. La sentencia de primera instancia de fojas doscientos cuarenta y siete, de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Supra Provincial de Chiclayo de Ferreñafe, concluyó que la acusada Norma Esperanza Muro de Del Castillo es culpable de los hechos imputados y, conforme a los artículos 45–A y 46 del Código Penal, determinó la pena de acuerdo al sistema de tercios. Atendiendo a las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas (no posee antecedentes e hizo abuso de su cargo) ubicó la pena en el tercio intermedio, de cuatro a cinco años, por la que la condenó como autora del delito de asociación ilícita para delinquir, previsto en el artículo 317 del Código Penal, a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva.

∞ En cuanto a la reparación civil, conforme al artículo 93 del Código Penal, que comprende la restitución del bien o el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios, y teniendo en cuenta que se trata de una organización criminal enquistada dentro de un aparato estatal por el lapso de ocho años y, por tanto, se afectó la tranquilidad pública y se melló también la imagen del Estado, señaló en la parte considerativa de la sentencia por concepto de reparación civil la suma de doscientos mil soles. Sin embargo, en la parte resolutiva impuso la cantidad de cien mil soles.

3. La Procuraduría anticorrupción interpuso recurso de apelación de fojas cuatrocientos cinco, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en el extremo que fijó la reparación civil en cien mil soles con el propósito que la Sala Superior imponga la suma de un millón de soles. Anotó que existe incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva, dado que en el considerando 8.3 de la sentencia de primera instancia se considera el monto de doscientos mil soles para luego en la parte resolutiva disminuir el monto sin justificarlo. Asimismo, estimó que el monto otorgado es diminuto y no proporcional para el daño causado.

4. Mediante la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treinta y tres, de trece de mayo de dos mil diecinueve, se confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a NORMA ESPERANZA MURO DE DEL CASTILLO como autora del delito antes citado y ratificó la reparación civil impuesta. Solo la revocó en el extremo de la pena y, reduciéndola, la fijó en tres años y diez meses de pena privativa de libertad y tres años y diez meses de inhabilitación.

∞ En lo atinente a la reparación civil expuso que si bien no existe congruencia entre la parte considerativa y resolutiva en el monto de la reparación civil, pues en el fundamento 8.3 de la sentencia de primera instancia se indicó la suma de doscientos mil soles, mientras que en la parte resolutiva se consignó el monto de cien mil soles, es de advertir que en la diligencia de adelanto de fallo se consignó como reparación civil la suma de cien mil soles por dicho concepto. Entonces, frente a esta circunstancia y al hecho mismo de que la Procuraduría en ningún momento solicitó la aclaración correspondiente y los agravios por escrito tampoco estuvieron dirigidos a cuestionar la citada incongruencia, correspondía asumir que el monto establecido por reparación civil, esto es, la indemnización por daños y perjuicios ha de ser de cien mil soles, por lo que, insistió, los argumentos de la Procuraduría Pública carecen de trascendencia para invalidarla.

[Continúa…]

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