La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) impuso una medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo por tres meses contra la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur. La funcionaria desempeñaba labores en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y es investigada en el Expediente de Control 202000500-2024-417-0.
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En un comunicado oficial, la ANC informó que la medida fue adoptada por la Dirección de Procedimiento Disciplinario. Sobre el estado de ejecución, la entidad precisó lo siguiente:
Esta medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal, conforme a la naturaleza de la medida cautelar impuesta, de acuerdo a ley.
De manera paralela, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria, dispuso la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de Peralta Santur. La resolución judicial también dejó sin efecto el oficio dirigido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que autorizaba su excarcelación.
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El juez Checkley ordenó cursar los oficios respectivos a la Policía Nacional, al Registro de Requisitorias del Poder Judicial, a INTERPOL y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de la orden de captura.
El pasado 29 de octubre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Checkley Soria, dispuso la libertad de la suspendida fiscal vía revisión de oficio de los 18 meses de prisión preventiva impuestos en su contra.
La medida, sin embargo, prohibía a Peralta Santur comunicarse con otros investigados, así como con personas que hayan declarado o tengan que declarar como testigos del caso. Asimismo, fijó una caución de S/10 000, que debía abonar a los tres días de notificarse la resolución.
Corte Suprema ordenó prisión preventiva en diciembre de 2024
En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia revocó el mandato de comparecencia con restricciones que pesaba sobre Elizabeth Peralta Santur, fiscal suspendida e investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, e impuso una medida de prisión preventiva por 18 meses.
Durante la apelación, la Sala Penal Permanente no alcanzó un acuerdo: tres magistrados votaron por mantener la comparecencia y dos por dictar prisión preventiva. Ante la falta de consenso, fue convocado el juez supremo Saúl Peña Farfán, quien finalmente se pronunció a favor de la medida restrictiva.
Días después, el juez Gustavo Álvarez Trujillo actuó como dirimente y respaldó el pedido del Ministerio Público, logrando los cuatro votos necesarios para disponer la detención preventiva de la entonces fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos. La investigación incluyó presuntas conexiones entre Peralta, el exconductor Andrés Hurtado y el empresario Javier Miu Lei, vinculadas a entregas de dinero y devolución de lingotes de oro.
