El Ministerio Público realizó, el 2 de octubre, una visita inopinada a las sedes de la Fiscalía Provinciales Corporativa Mixta de La Victoria y Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz. El ente comunicó que, al «verificar el excesivo retraso en la tramitación de determinadas investigaciones», decidió apartar a cinco fiscales y reportar a otros siete con la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo a la Resolución 2177-2024-MP-FN, la Fiscalía dio por concluido los nombramientos de Ana Amelia Tiravanti Martinez y Dante Pérez Díaz en sus cargos de fiscales adjuntos provinciales provisionales transitorios y sus designaciones en el despacho de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito fiscal de Lambayeque.
El documento indicó que los funcionarios no tuvieron «la diligencia debida en la tramitación de los casos a sus cargos». Un aspecto que denotaría «negligencia en el ejercicio de sus funciones» y que no se «condice con el perfil» del puesto que ocupaban.
Ambos fiscales serán desplazados, «en calidad de apoyo», a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria. A su vez, en el caso de Pérez Díaz, que posee un contratado a plazo indeterminado, retornará a desempeñar funciones como personal administrativo registrado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
Sin embargo, ellos no son los únicos fiscales que enfrentan cuestionamientos en este despacho. En un comunicado de la Fiscalía, publicado el 10 de octubre, también se indica el cese de los nombramientos de los fiscales adjuntos Antonio Armas Velásquez y Flor Díaz Bustamante.
En relación a esta última funcionaria, se reportó el 4 de octubre un plantón en la sede del Ministerio Público de La Victoria. Un grupo de familiares de Sergio Mendoza Alcántara, joven universitario muerto en un accidente de tránsito, se manifestaron y cuestionaron a Díaz Bustamante por la liberación de los transportistas investigados en el caso.
En el mismo sentido, dentro de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, fue concluido el nombramiento de Rocío Deza Huamán, fiscal adjunta provincial provisional.
JNJ deberá evaluar casos de ocho fiscales
Por otro lado, los fiscales provinciales Paul Quesquén Liza, Milagros Yancul Aguilar y Gina Lezcano Solano, así como el fiscal adjunto provincial David Hamilton Díaz Becerra, serán reportados al JNJ por «similares observaciones» y por la ausencia de control y supervisión de los fiscales a su cargo.
La institución comunicó derivará a la JNJ los casos de las fiscales provinciales Karim Ninaquispe Gil y Ana Zegarra Azula y de la fiscal adjunta provincial Janet Eneque Yauce por los mismos argumentos que a los anteriores funcionarios reportados.
Asimismo, el Ministerio Público también precisó en su comunicado que varios despachos fiscales vienen cumpliendo debidamente con sus labores, entre ellos la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo.
