El Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior cumplir con la entrega de los planes operativos elaborados para el control de las protestas, ejecutados entre los años 2022 y 2023, en nueve regiones del país.
El martes 18 de junio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, evaluó las apelaciones presentadas por los procuradores públicos de estas instituciones.
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Ahora, a través de una resolución, el magistrado declaró infundadas las pretensiones de los organismos adscritos al Poder Ejecutivo. De acuerdo con el fallo emitido:
La investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido [en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves].
El Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública.
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En detalle
Los recursos se presentaron en el marco de la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Tanto la PCM como ambas carteras buscan revertir la resolución judicial emitida por el juez Juan Carlos Checkley, el 3 de octubre del año pasado, que autoriza brindar a la Fiscalía la información sobre los planes de operaciones —que ostentaban las etiquetas de «reservada y secreta»— que se usaron durante las protestas ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
La medida judicial ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional otorgar esta documentación. Sin embargo, el Ministerio del de Defensa sostenía que estos informes, «que se generan en los ámbitos referidos a la Seguridad y Defensa, son de carácter secreto».
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