La Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra la presidente Dina Boluarte, por las muertes ocurridas en las protestas sociales entre diciembre del 2022 y enero del 2023, ante el Congreso de la República.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento ya había rechazado una denuncia previa también formulada por el Ministerio Público, en el marco del mismo caso, contra la dignataria. La decisión se adoptó el jueves 18 de julio.
El recurso desestimado, sin embargo, albergaba los delitos de genocidio —imputación actualmente archivada en la investigación— homicidio calificado y lesiones graves. Esta vez, la denuncia constitucional vigente contempla los dos últimos cargos citados y adiciona el delito de lesiones leves.
Los exfuncionarios Pedro Angulo y Alberto Otárola, en su condición de presidentes del Consejo de Ministros; así como Jorge Luis Chávez Cresta y Otárola Peñaranda, como entonces ministros de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, como extitulares del Ministerio del Interior, también fueron comprendidos en el caso.
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Fiscalía archiva imputación
Tal como informó el premier Gustavo Adrianzén, la Fiscalía archivó el delito de genocidio en la investigación contra la mandataria y dejó, en cambio, las imputaciones mencionadas.
Al respecto, la institución ratificó que «se ha expedido disposición fiscal de archivo» por dicho cargo y precisó que la investigación está referida a las manifestaciones suscitadas entre el 7 de diciembre del 2022 y el nueve de febrero del 2023.
Las protestas se desarrollaron en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad:
De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
El Ministerio Público también comunicó que existen 303 carpetas fiscales, en los distritos fiscales respectivos, en las que se investiga a 824 personas por los presuntos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones #en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos».
