La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla obtuvo la detención preliminar de Carlos Sánchez y John Amia, ciudadanos colombianos investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional. Ambos habrían realizado estudios topográficos sin autorización en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa, región Loreto.
La intervención fue ejecutada por veinte efectivos de la Policía Nacional en el puerto de Santa Rosa. Según el parte policial, los detenidos realizaban mediciones con GPS satelital y manifestaron trabajar para una constructora en su país.
En conferencia de prensa, el abogado de los investigados, Carlos Araujo, señaló que la decisión judicial fue contraria a lo esperado por la defensa. Argumentó que el Ministerio Público «no motivó de acuerdo a ley» la solicitud de ampliación y que no existía especial dificultad ni «obstaculización» en el proceso, debido a que sus defendidos colaboraron desde el inicio con documentos y declaraciones.
Araujo precisó que la ampliación de detención se dispuso únicamente para la lectura de los celulares y la revisión de la información extraída del equipo GPS incautado. Indicó que fue la propia defensa técnica quien solicitó voluntariamente estas diligencias para demostrar que «no existe coordinación previa» ni actos vinculados al delito investigado.
El abogado agregó que interpondrán recurso de apelación contra la medida, el cual será sustentado por escrito. Explicó que la permanencia de sus patrocinados en la sede policial de Santa Rosa o su traslado dependerá de la decisión del Ministerio.
Durante su declaración, Carlos Sánchez pidió disculpas al país, afirmando que desconocía la necesidad de autorización para realizar estudios topográficos en territorio peruano. Según Araujo, su patrocinado señaló que la empresa para la que trabajaba asumió que contaban con el permiso correspondiente y que el trabajo estaba relacionado con un proyecto en un muelle en Leticia (Colombia).
Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró en la red social X que «la detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal» y la calificó como un «secuestro». El mandatario añadió que, según la posición de su país, la isla «no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro».
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Asimismo, días antes, se difundió un polémico video del precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero, integrante del Pacto Histórico. En las imágenes, se le observa izando la bandera de Colombia en la isla Chinería y afirmando que Santa Rosa es «territorio colombiano».
La diputada colombiana Yenica Acosta Infante rechazó la acción de Quintero en la isla y pidió disculpas al Perú por lo sucedido. Señaló que «siempre lo hacemos en un espíritu de hermandad» al referirse al trato hacia los símbolos nacionales.
