El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha liberado para todos los lectores de la red el primer Boletín Anticorrupción y Justicia Penal de este año que puede descargarlo en su integridad al final de la presentación a cargo de Rafael Chanjan Documet.

PRESENTACIÓN

Tras un año desde la última edición, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) pone a disposición del público el Boletín Anticorrupción y Justicia Penal, una publicación trimestral que aporta información valiosa y necesaria en materia de lucha contra la corrupción.

En el Perú, existe una profunda necesidad de contar con un espacio académico especializado que condense estudios jurídicos. El Boletín Anticorrupción y Justicia Penal genera dicho espacio y lo ofrece como herramienta en el control y prevención de la corrupción.

El objetivo principal del Boletín es generar conocimiento, reflexión y debate sobre diversos temas de interés de la sociedad civil y, especialmente, de los/as operadores/as de justicia y académicos/as en general. Dado nuestro escenario político y los graves casos de corrupción que se han denunciado en los últimos meses, la presente edición cuenta con tres investigaciones de suma relevancia académica que abordan distintos temas controvertidos en torno a la persecución y sanción penal de casos de corrupción y lavado de activos.

El primer artículo académico, escrito por el Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, Jacinto Pérez, muestra la discusión doctrinal y jurisprudencial que ha surgido en España en torno a la sanción del lavado de activos en casos de autolavado (o autoblanqueo). Como bien reconoce este au­tor, en España, ha quedado claro para la jurisprudencia penal actual que el autolavado también debe ser penalizado. El tema del delito de lavado y autolavado cobra especial relevancia en nuestro país, dada la existencia de investigaciones penales importantes como la del financiamiento del partido político “Fuerza Popular”. Aquí, por ejemplo, se podría estar ante un caso de autolavado proveniente de un delito tributario cometido por la propia organización política en un eventual ocultamiento de información a la SUNAT respecto a los fondos recibidos ilegalmente de empresas como Odebrecht.

Asimismo, la investigadora del Idehpucp, Marité Bustamante, presenta una interesante investigación sobre las asociaciones público privadas (APP) y su vinculación con la corrupción. El trabajo realizado muestra cómo este instrumento contractual, de mucha utilidad para el desarrollo eficiente de obras públicas, se puede convertir en un vehículo óptimo para los actos de corrupción cuando se abusa de él. Casos actuales, como el de la carretera Interoceánica y la del Aeropuerto de Chinchero, demues­tran que diversas deficiencias normativas, la falta de trasparencia y una inadecuada fiscalización por parte de organismos autónomos han generado que se filtren actos de corrupción de naturaleza penal (colusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos derivados de actos de corrupción, etc.).

Esta entrega también presenta un análisis jurídico penal de uno de los delitos más recurrentes y graves de corrupción: el delito de negociación incompatible. Daniel Quispe, investigador del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se encarga de mostrar cómo este delito es frecuente en contextos de contratación pública (licitaciones, APP, etc.). La negociación incompatible constituye un ilícito, desde mi punto de vista, residual, en la medida en que la colusión desvalora y sanciona mejor todo el hecho de corrupción cuando se trata de un acuerdo ilícito entre Estado y contratista privado, que defrauda los intereses de aquel en un contexto de contratación pública. De todos modos, el delito de negociación incompatible cumple un rol importante para erradicar y prevenir el desempeño de la función pública interesada y parcializada en contextos de contratación pública que busca subrogar los intereses privados por encima de los intereses públicos.

Por último, cabe hacer una reflexión sobre la coyuntura política actual que se ha visto muy marcada por posibles actos de corrupción en torno a altas figuras del poder público como el anterior Presiden­te de la República, ministros de Estado y congresistas. Las revelaciones de los famosos “keikovideos” o “kenjivideos” denotan, una vez más, la compraventa de la función pública para favorecer intereses espurios que no atienden al bien común. Cuando se pensaba que, luego de lo vivido en la década de los 90´, la sociedad y actores políticos del país habían aprendido mínimamente de las lecciones deja­das por los hechos de alta corrupción de esa época y su respectiva persecución y sanción por parte del sistema de justica, fuimos testigos de lo contrario. La corrupción ha aprendido, se ha perfeccionado y ha buscado nuevos modus operandis para filtrarse en la dinámica funcionarial. Tal y como sucedió luego de la caída del régimen fujimorista a principios de este siglo, se hace imprescindible que el sistema de justicia se fortalezca y emprenda todas las acciones necesarias para investigar, procesar y sancionar eficazmente los actos graves de corrupción que se vienen conociendo día a día. Esto se hace imperioso, sobre todo, respecto de casos tan emblemáticos como los vinculados a la operación Lava Jato en la obtención y ejecución de grandes obras de infraestructura y el financiamiento ilícito de campañas y partidos políticos.

Rafael Chanjan Documet
Coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP

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