Afortunado lector, es hora de leer un libro de derecho comparado, este volumen pertenece a la serie de «Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral», que ya va en el número 25, y está dedicado a los «Derechos políticos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Avances y desafíos» escrito por José Aylwin Oyarzún, y es editado por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014 (México). Lea, a continuación, la presentación y finalmente, podrá descargar el texto en su integridad.
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PRESENTACIÓN
En las últimas décadas ha cobrado creciente interés el análisis de los derechos políticos de los pueblos indígenas, específicamente en América Latina, en donde la población originaria se estima en 50 millones de habitantes aproximadamente, agrupados en 600 pueblos autóctonos.
El estudio que se presenta parte de una introducción en la que se sintetizan los aspectos relevantes de la denominada emergencia indígena, la cual se refiere al proceso de toma de conciencia de los pueblos indígenas de cara a su estado ancestral de marginación, lo que ha originado que se manifiesten abiertamente por la reivindicación de sus derechos, como individuos y como colectividad. Así, en los países donde la población indígena representa grupos minoritarios, se ha producido un fenómeno que pugna por establecer principios de autonomía con la finalidad de proteger sus intereses jurídico políticos; en los casos en donde dicha población representa una mayoría, la demanda consiste en llevar a cabo reformas políticas nacionales de carácter incluyente mediante procesos que se conocen como movimientos político-étnicos.
Esta lucha por acceder a formas institucionales de democratización presenta dos escenarios vinculados estrechamente: el ámbito propio de cada nación y el del contexto internacional, este último destacado por la tendencia garantista de protección a los pueblos indígenas y la vigencia plena de los derechos humanos. En esta parte de su investigación, el autor hace una relación detallada de diversos documentos suscritos internacionalmente, así como reformas constitucionales y legales de algunos países de la región en donde destaca una nueva concepción política, la del Estado pluricultural, en el entendido de que esa visión no implica la vulneración de la unidad nacional, pero sí el reconocimiento del derecho consuetudinario que ha devenido en la aceptación de la ciudadanía diferenciada o multicultural, que cuestiona severamente el concepto tradicional de Estado nación. Al respecto, destaca el hecho de que las constituciones de 2008 en Ecuador y de 2009 en Bolivia emanaron de congresos constituyentes que contaron con representantes de sus respectivos pueblos indígenas.
En este tenor, sobresale el trabajo jurisdiccional y jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo seno ya se habla de un corpus iuris de carácter indígena que se integra con los derechos humanos aplicables específicamente a los pueblos autóctonos del continente, estatus que se fortalece al incluir los estados comprometidos, en sus respectivas legislaciones, tales disposiciones convencionales elevándolas al bloque de constitucionalidad de aplicación efectiva y con criterio interpretativo pro homine.
Posteriormente, el estudio se encamina a reflexionar en torno al desarrollo jurídico y a la implementación de los derechos políticos de los pueblos indígenas en lo referente a su relación con el Estado y en lo que toca al ejercicio de la autonomía que se otorga a las comunidades indígenas. En tal virtud, y por razones de concretización, se hace referencia solamente a los aspectos de participación y representación política en instituciones electivas y al ejercicio de la autonomía de que se invisten estas comunidades respecto de sus propios asuntos internos. En tales temas se indican los avances y retrocesos que se han manifestado para lograr su eficiencia. Se analiza únicamente la realidad imperante en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y México; sobresale la afirmación expresada por la Corte Constitucional de Colombia de que los pueblos indígenas en ese país se encuentran en grave riesgo de ser exterminados física y culturalmente, entre otras causas, por la destrucción y el desplazamiento migratorio resultantes de las actividades de la guerrilla y del narcotráfico.
En cuanto al tema del establecimiento y ejercicio de la autonomía de las comunidades indígenas, el estudio que se presenta se refiere en concreto a los casos de:
1) Panamá, en donde se han creado de manera incipiente las llamadas comarcas indígenas, gobernadas por un Congreso propio y un gobernador o intendente nombrado por el Ejecutivo, y en donde conviven, de manera tensa, las autoridadesoficiales y las nombradas internamente por tales comarcas, que frecuentemente son intervenidas por las decisiones del gobierno nacional, debido al interés que éste tiene en manejar directamente los recursos naturales.
2) Nicaragua, cuyo sistema autonómico se ubica en la costa atlántica y se ha caracterizado por varios factores, incluyendo la falta de coordinación entre las autoridades nacionales y las comunitarias, y el hecho de que la población indígena total del país no se ha integrado en las comunidades autónomas porque en el fondo subyace el temor del gobierno al movimiento opositor que representan tales agrupaciones.
3) Bolivia, país que elevó a rango de ley el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas emitida por la Organización de las Naciones Unidas y que actualmente ha establecido la figura de municipios autóctonos indígena originario campesinos, así como la de circunscripción electoral indígena, a pesar de lo cual no se ha logrado un pleno ejercicio autonómico debido a la necesaria intervención de los partidos políticos que cubren espacios de poder que todavía no han sido accesibles para los indígenas.
4) Colombia, que ha reconocido la autonomía de estos pueblos, no sólo en los ámbitos jurídico y político, sino también en el jurisdiccional, incluso con el respaldo de la Corte Constitucional, aunque tampoco ha logrado establecerse en la práctica un régimen eficiente de autonomía.
5) Ecuador, que ha implementado las llamadas circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, que de alguna manera han sido producto de negociaciones resultantes de un levantamiento indígena.
6) México, en donde un total de 803 de los 2,428 municipios del país son considerados indígenas y precisamente es en el municipio, como institución arraigada históricamente, en donde se encuentra el espacio idóneo para el desarrollo de la concepción comunitaria indígena. En esta opción sobresale el estado de Oaxaca, al que el autor le presta particular atención y apunta algunos aspectos limitantes para la democratización de las comunidades, como la intervención fáctica de los partidos políticos y la discriminación que sufren las mujeres en sus propios grupos comunitarios, entre otros.
En las consideraciones finales, se realiza una síntesis comparativa de la información aportada y se indican las razones por las cuales estados como Argentina, Brasil, Paraguay e incluso Guatemala han permanecido un tanto ajenos al tema de las autonomías, y la situación específica de Chile, en donde la población indígena no cuenta con representación política en ninguna de las Cámaras de su Congreso nacional.
Presentar una reseña de la situación jurídico política de los pueblos de varias naciones de América Latina es de suma utilidad, pero constituye un análisis de tal envergadura que necesariamente requiere ser realizado por profesionales expertos, como es el caso del autor de este estudio, José Aylwin Oyarzún.
De esta manera, se garantiza la solidez del contenido de este trabajo, por lo que seguramente su lectura aportará información valiosa y nuevas inquietudes a los interesados en el desarrollo político de los pueblos indígenas de América.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
