“La justicia que tarda no es justicia”. Con estas palabras la abogada penalista Giulliana Loza Avalos denunció públicamente que los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de Huánuco le programaron a su cliente una audiencia de apelación de prolongación de prisión preventiva nada menos que para el 8 de abril de 2025.
Esto implicaría —dice la letrada— que, a pesar de que el plazo de la prisión preventiva es de nueve meses, su cliente tendrá que esperar seis meses privado de su libertad para que su pedido recién sea atendido.
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Así las cosas, la letrada, a través de su cuenta de Facebook, adujo que esta situación viola el artículo 278.2 del Código Procesal Penal que señala que “la Sala Penal se pronunciará dentro de las 72 horas de recibido el expediente”.
Este retraso desproporcionado —añade Loza Avalos—, “no solo infringe la normativa interna, sino que también atenta contra derechos fundamentales consagrados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e instrumentos internacionales”.
