El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la tutela de derechos que presentó la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, por una presunta «vulneración a su derecho a la legalidad procesal penal».
La disposición fiscal, que rechaza la parlamentaria, ordena incluirla en la investigación preliminar que se le sigue a Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, por el presunto delito de organización criminal y otros.
La medida también incluye a otros 13 legisladores y al prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Chirinos Venegas sostiene que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, está incurriendo en una infracción constitucional al «delegar funciones» a una fiscal de menor rango —refiriéndose a Delia Espinoza— por el caso de Benavides Vargas.
Para la parlamentaria, Espinoza Valenzuela no puede investigarla porque su cargo se ampara en el artículo 99 de la Constitución. Este establece que solo el titular del Ministerio Público puede realizar dichas diligencias.
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Argumentos del fallo
Ante lo solicitado, el juez Juan Carlos Checkley precisó que Juan Carlos Villena, como fiscal de la Nación, no puede llevar el caso de Patricia Benavides por tener la condición de testigo en la investigación.
En ese sentido, respalda la delegación de la carpeta a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela. Otro testigo que forma parte de las diligencias preliminares es el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, tercer integrante de la Junta de Fiscales Supremos.
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Por otro lado, Checkley Soria también sostuvo que se está respetando la defensa del investigado en una resolución emitida el 29 de abril:
Por lo que, en garantía de imparcialidad y defensa de una investigación respetuosa del derecho a un debido proceso, resulta manifiestamente imposible que cualquiera de ellos pueda asumir la conducción de esta investigación ,resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado y asumido por la fiscal suprema titular Espinoza Valenzuela (única fiscal suprema titular restante).
