[Actualizado 8/2/2020]
“Cuando vivir es contrario a la dignidad humana”, con esta reflexión se dio inicio a la conferencia de prensa de la Defensoría del Pueblo en defensa del caso Ana Estrada.
Desde hace unos meses atrás el órgano autónomo decidió embanderar la lucha de Ana, una valiente mujer que tiene 43 años y hace 30 vive postrada a una cama por la polimiositis, enfermedad degenerativa que ataca los músculos de todo su cuerpo.
La institución realizó la conferencia para dar a conocer los fundamentos de hecho y derecho de la ya presentada demanda de amparo que fue dirigida contra el Ministerio de Salud y de Justicia.
En ese sentido, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, manifestó que: “el derecho a morir en condiciones dignas surge, nace y se fundamenta en el derecho a la dignidad, que es el principio y fin de todo el catálogo de derechos fundamentales que están en el ordenamiento jurídico y desde luego en nuestra Constitución”.
Sobre los fundamentos de derecho puntualizó que la demanda pretende que se inaplique el artículo 112 del Código Penal, que criminaliza y sanciona a quien ayude a morir a un enfermo incurable que lo solicita de manera expresa y consciente.
En su intervención, el defensor señaló no ser posible que en el epílogo de la vida los ciudadanos no tengamos la libertad para decidir sobre ella. Asimismo, que la demanda no es un alegato ni promoción a la muerte, mucho menos a la eutanasia, sino más bien a la vida, a vivirla con dignidad, una lucha más por la libertad. Agregó que el fin de la demanda es proteger, respetar, y garantizar los derechos fundamentales de Ana Estrada.
Gutiérrez también acotó que el derecho de la dignidad se concilia con los tratados internacionales que el Estado peruano ha celebrado, que proscribe los tratos crueles e inhumanos y las torturas, y que forman parte de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, por lo tanto, también forma parte de los derechos constitucionales.
Este derecho también nace de la autonomía de la voluntad, esa libertad que tenemos todas las personas para escribir nuestra historia de vida, más aún en el último capítulo de nuestra existencia, y en condiciones como las de la demandante. La suma de estos derechos da origen al derecho fundamental de morir en condiciones dignas.
Por su parte, el abogado Percy Castillo, también parte del equipo de defensa señaló: “La dignidad es el principio que funda la razón del Estado, lo que está consagrado en el artículo 1 y 3 de nuestra Constitución (derechos innominados), el Estado se debe al respeto de nuestra dignidad”.
“Por medio de esta demanda lo que esperamos es que el Estado construya la fórmula para que Ana encuentre el respeto a su dignidad. Lo que estamos tratando por medio del Poder Judicial es viabilizar la construcción de la fórmula, el medio, camino donde el Estado responda a esta demanda y Ana no se sienta desprotegida”.
Josefina Miroquesada, abogada de la Defensoría, se dirigió a todo el público aclarando que “Ana no está buscando cualquier muerte; sino, una muerte en condiciones dignas, esto implica que solo ella tiene la decisión de decidir cómo, cuándo y dónde cesar con su vida, cuando, para criterio de ella, esta resulte incompatible con su idea de dignidad”.
Además, Miroquesada relató que al día de hoy el colaborar a morir a una persona que atraviesa una enfermedad incurable está penado hasta con tres años de cárcel, lo que se califica como delito de homicidio piadoso. “Ana no quiere que nadie sea perseguido penalmente por realizar este acto”, recalcó.
“Se tiene como pretensión en la demanda que no se apliquen los efectos jurídicos del supuesto eutanásico, se cree medidas para que el Estado garantice el acompañamiento técnico en salud y psicología para el paciente y la familia, se establezca determinadas medidas para asegurar que la voluntad sea expresa, consistente, informada y regulada” agregó.
Seguidamente, Ana Estrada tomó la palabra con duro esfuerzo. Contó haber descansado días antes y así tapar su tráquea para que le salga voz y ser escuchada: “Hace 30 años tengo esta enfermedad degenerativa, cada día es un suplicio para mí, no puedo hacer sola las actividades más privadas que realiza cualquier persona, como las de ir al baño, por ejemplo, pido que respeten mi decisión”.
“Esa frase que tanto se usa de estar muerta en vida es real. Mientras no tenga el poder de mi libertad seguiré viviendo presa en un cuerpo que se está deteriorando a cada minuto y que me atará a mi cama las 24 horas al respirador y empezaran las úlceras en la piel que se profundizan hasta que se logran ver los huesos. Solo el comienzo de muchas infecciones y más medios invasivos, no moriré, ese infierno será eterno. Mi mente estará lúcida para vivir cada dolor en una cama de hospital sola y queriendo morir”, narró sobre su decisión.
En caso se desestime la demanda planteada, se podría apelar la resolución para que la sala civil resuelva. Si esta negara la demanda, es posible recurrir a través de un recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional.
Cabe agregar que Ana lleva más de cuatro años averiguando sobre su derecho a morir de manera digna, no quiere hacerlo de forma clandestina, ni que se culpe por ella a nadie, ha tratado de ahorrar fallidamente para ir a Suiza donde la eutanasia sí es legal.
Descargue en PDF la demanda de amparo
Conferencia de prensa
Hoy viernes 7 de febrero, la Defensoría del Pueblo dará a conocer sobre el amparo que se presentó con la finalidad de que el Estado peruano reconozca el derecho a tener acceso a una muerte digna en condiciones dignas para Ana Estrada Ugarte. El defensor informará sobre el compromiso que ha asumido la institución. La conferencia se llevará a cabo a las 11:00 a.m. en su local, ubicado en Cercado de Lima.
Ana Estrada, fue diagnosticada con polimiositis a los 12 años y seis años después comenzó a hacer uso de una silla de ruedas, debido a que sus músculos ya habían perdido fuerza. A pesar de estas dificultades, logró graduarse como psicóloga de la PUCP y trabajar.
En noviembre del 2019, la Defensoría del Pueblo decidió asumir su caso ante los tribunales nacionales para que se respete, así como garantice, ‘‘la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como ocurre en este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana’’.
[Nota original 21.11.2019]
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se reunió con la ciudadana Ana Estrada, quien busca que el Estado le reconozca su derecho a la muerte en condiciones dignas. Ella padece de polimiositis, una enfermedad crónica y degenerativa que deteriora progresivamente sus capacidades motoras paralizándole casi todos los músculos del cuerpo. Ello la mantiene en cama solo cuatro horas y puede estar en una silla de ruedas.
La solicitud de Ana Estrada no tiene precedentes en el Perú. Es la primera vez que se pide al Estado peruano que se respete la voluntad de quien decide el momento en el que pondrá fin a su vida, por ser una enfermedad irreversible que le genera graves sufrimientos y otras secuelas.
Lea también: Corte Constitucional desarrolla el derecho fundamental a morir dignamente (eutanasia)
Gutiérrez explicó que la Defensoría del Pueblo en su rol de garante y promotor de los derechos fundamentales, asumirá su caso ante los tribunales nacionales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como es este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana.
El Defensor del Pueblo explicó que, en el Perú, no hay un marco normativo que permita al Estado garantizar el acceso al derecho a la muerte en condiciones dignas frente a casos como el de Ana Estrada, y que el Código Penal sanciona como delito el homicidio piadoso que supone el acto de “matar, por piedad, a un enfermo incurable que solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores”.
Lea también: La voluntad anticipada como decisión de muerte digna, por Wuilliam Rey Medina
Precisó que ya el Tribunal Constitucional ha reconocido y desarrollado derechos fundamentales íntimamente vinculados con el derecho a la muerte en condiciones dignas. Entre ellos el derecho a la dignidad, a la integridad, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad. Una interpretación en favor de la persona hace inevitable concluir que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar el derecho de las personas aquejadas de dolencias y sufrimientos por una enfermedad degenerativa e irreversible, de acceder a la muerte en condiciones dignas.
Gutiérrez, agregó que, tratados internacionales establecen obligaciones al Estado peruano de respetar, proteger y garantizar los mencionados derechos, e igualmente, regulan el de no ser sometido a tortura ni sufrir tratos crueles e inhumanos.
Ana Estrada padece esta enfermedad progresiva desde que tenía 12 años. Aun así, pudo estudiar Psicología y trabajar hasta que esta condición le quitó esas posibilidades y hoy apenas puede moverse. Desde hace algunos meses, se ha convertido en activista de su propia causa, y desde su blog titulado “Ana Busca La Muerte Digna” escribe, con el dedo índice, sobre la necesidad de crear consciencia respecto al derecho que reclama.
Lima, 21 de noviembre de 2020
Fuente: Defensoría del Pueblo
