El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre la crisis institucional generada en el Ministerio Público tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ―la cual anuló la resolución de destitución de Patricia Benavides y dispuso su restitución como fiscal de la Nación―. En conferencia de prensa, Gutiérrez exhortó a la Junta de Fiscales Supremos a tomar una decisión y respetar el principio de legalidad.
Este lunes 16, Patricia Benavides acudió a la sede del Ministerio Público acompañada de sus abogados y de efectivos policiales vestidos de civil con el fin de reincorporarse al cargo. El ingreso no se concretó. Posteriormente, la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, calificó el hecho como un intento de «golpe a la democracia» y denunció presiones externas para su retiro.
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En este contexto, el defensor del Pueblo manifestó que corresponde a la Junta de Fiscales Supremos asumir una posición institucional. «Hoy debe reunirse y hoy deben dar una respuesta al país, y sea cual sea la decisión, la Defensoría la respaldará, la respetará y la ejecutará en todos sus términos», afirmó.
Durante su intervención, Gutiérrez también cuestionó el accionar de la JNJ en la destitución inicial de Benavides. El funcionario señaló lo siguiente:
La Junta Nacional de Justicia nunca debió destituir a un fiscal de la Nación. Me ratifico en una posición estrictamente constitucional, porque la Junta Nacional de Justicia no designa, nombra, evalúa y sanciona. Eso lo dice la Constitución y la misma Ley Orgánica. Ahí comienza el equívoco y ahí mismo también ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál es la figura reparativa?
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Asimismo, indicó que lo que se percibe externamente es una pugna por el poder que compromete la institucionalidad. «Es bochornoso ver cómo dos personas se disputan un cargo. No debe haber una disputa de poder, porque el pueblo es el primero que tiene que fortalecer una institución, pero no para que sea adueñada por uno u otro sector, sino para que se respete el principio de la legalidad», sostuvo.
Gutiérrez también rechazó la versión que vincula a Roger Armas Sánchez —quien acompañó a Benavides— con la Defensoría del Pueblo. «Eso no es verdad. No tiene vínculo como funcionario o trabajador de la Defensoría. Que no se especule», puntualizó.
El defensor negó que lo dispuesto por la JNJ implique una ruptura democrática, como sostuvo Espinoza, y reiteró que la Defensoría no tomará posición sobre los hechos mientras no exista una decisión formal del órgano competente: la Junta de Fiscales Supremos. «Abogamos en nuestra condición de mediación para que esta crisis pueda ser resuelta», declaró.
