La Cumbre de los Presidentes Amazónicos prometía plantear compromisos y dividir responsabilidades, entre los 8 países firmantes del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), sobre el futuro del bioma amazónico. Sin embargo, sus resultados no han sido del todo alentadores, debido a que no se han generado compromisos y estrategias claras para contrarrestar la crisis ecológica de la mano con los pueblos amazónicos.
Previamente a los días pactados para la reunión de los presidentes, en el marco de los Diálogos Amazónicos, las organizaciones de sociedad civil propusieron acciones necesarias para proteger los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas, campesinos; así como revertir la situación de degradación ambiental y la aceleración del cambio climático.
En ese contexto, uno de los temas fundamentales es el reconocimiento de los territorios y tierras como condición fundamental para el avance de otros procesos como el abandono de combustibles fósiles aunado a una transición justa, feminista, democrática y comunitaria; así como repensar la conectividad, y fortalecer la economía indígena para mejorar la calidad de vida de los pueblos amazónicos tanto en zonas rurales como urbanas.
No hay intenciones para la promoción de la transición energética justa, feminista y comunitaria
Uno de los temas claves para la sociedad civil ha sido la reducción y abandono de nuevas prospecciones y exploraciones petroleras, debido a los irreversibles impactos socioambientales. En ese sentido, en la Declaratoria de la Cumbre de los Pueblos se solicitó cumplir con el compromiso de aportar 100,000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para la transición energética socio-ecológica; sin embargo, la Declaración de la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica no menciona acciones para reducir o reemplazar los combustibles fósiles, siendo la gran decepción de esta Cumbre, debido a las expectativas que había generado.
La transición energética no se limita a la electrificación
Actualmente existen brechas de acceso a la energía, principalmente en zonas rurales. Las acciones para reducir esa brecha deben tener una mirada integral para que la energía mejore la calidad de vida, atienda las necesidades locales, teniendo en cuenta las dinámicas comunitarias. La Declaración se enfoca en profundizar las iniciativas existentes para integrar y fortalecer los sistemas eléctricos para localidades aisladas, así como identificar nuevos proyectos de energía eléctrica y nuevos modelos de energía limpia. Esta mirada debe incluir el enfoque de derechos humanos, los impactos diferenciados, y los impactos que ya están generando las nuevas energías. El cambio no es solo por la fuente de energía sino también por los paradigmas.
Aún es necesaria una mirada de la conectividad con coherencia con el contexto actual
La Declaración menciona la incorporación de estándares de sostenibilidad en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura, así como sus impactos ambientales, sociales y económicos, en armonía con la conservación de los ecosistemas, consultando y debido respetando los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y tradicionales, desde la etapa de planificación, de conformidad con la legislación nacional respectiva. Sin embargo, aún no incluye los riesgos climáticos en las zonas de intervención y con ello, focalizar las zonas más vulnerables que requieran una intervención temprana o medidas de adaptación al clima, para reducir impactos en las poblaciones y de deforestación asociados a proyectos de infraestructura (BID, 2019; CAF, 2020; DAR, 2023)
La falta de reconocimiento de la diversidad de pueblos amazónicos y del contexto de los defensores ambientales e indígenas
Si bien es cierto la Declaración reconoce los derechos indígenas, así como derechos colectivos como la consulta previa como parte del marco general; no se mencionan a los quilombolas, campesinos, ribereños, quienes también se están viendo afectados en su vida, integridad, por los impactos ambientales y la defensa de sus territorios. Menos aún menciona la necesidad de la ratificación del Acuerdo de Escazú como un acuerdo internacional para la defensa del ambiente y los derechos.
La economía indígena como cambio de paradigma al modo de producción y consumo a gran escala
La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) presentó diferentes iniciativas económicas que tienen como objetivo el respeto de los ciclos de la naturaleza y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Tomando en cuenta esta línea, la Declaración estableció la promoción de un modelo de desarrollo económico justo y ético basados en la biodiversidad, la ciencia, los conocimientos ancestrales y tradicionales; así como un programa de cadenas productivas. Es importante que se proponga transformar los modos de producción de manera que no desgasten la tierra, sus recursos y genere impactos a los derechos humanos.
Todos estos pedidos fueron desarrollados por organizaciones de sociedad civil de los 8 países de la cuenca amazónica, por lo que reunió un gran potencial en conocimientos, experiencias y soluciones. Por ello, un evento de esta magnitud debió desarrollar propuestas de estrategias regionales teniendo en cuenta procesos más amplios con sociedad civil y poblaciones amazónicas para poder generar acciones nacionales que permitan soluciones reales y rápidas. En ese sentido, es necesario crear más condiciones para el consenso con todas las diversidades comunitarias y problemas reales de la Amazonía.
