La Contraloría General de la República informó que cumplió con su labor de verificación patrimonial y socioeconómica en el marco del Concurso Público de Méritos 2024 para la Junta Nacional de Justicia. Precisó que su evaluación se limitó a revisar la Declaración Jurada de Intereses Preventiva, verificando información en registros oficiales como Reniec, Sunarp y Sunat. Sin embargo, aclaró que no tiene competencia para acceder a antecedentes judiciales o investigaciones fiscales, ya que esa información es responsabilidad de otras entidades.
Asimismo, la Contraloría reafirmó que actuó dentro de sus competencias legales, con el objetivo de garantizar la transparencia y detectar posibles conflictos de interés en el proceso de selección. Indicó que cualquier cuestionamiento sobre antecedentes judiciales del postulante Rafael Ruiz Hidalgo debe ser resuelto por las entidades correspondientes, reiterando su compromiso con el control gubernamental y la lucha contra la corrupción.
SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SR. RAFAEL RUIZ HIDALGO
1. La Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, informa a la opinión pública que ha cumplido con su labor de verificación en el marco del Concurso Público de Méritos 2024 para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), conforme a lo establecido en la Ley N° 30916, Ley N° 31227 y Ley N° 27785.
2. En este proceso, la Contraloría realizó la evaluación patrimonial y socioeconómica de los postulantes a través de la Declaración Jurada de Intereses Preventiva (DJI), dentro del período de cinco (5) años previos a la postulación, verificando la información consignada en fuentes de acceso público y bases de datos oficiales como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el Registro Nacional de Proveedores (RNP), entre otros.
3. Es importante precisar que, conforme al marco legal vigente, la Declaración Jurada de Intereses Preventiva no contempla información sobre antecedentes judiciales ni investigaciones fiscales, por lo que la Contraloría no tiene competencia ni acceso a registros del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Estas bases de datos son administradas por las entidades correspondientes y su acceso se encuentra regulado por normativas de carácter reservado.
4. La evaluación realizada por la Contraloría tuvo como objetivo identificar posibles conflictos de interés vinculados al ámbito patrimonial, familiar, laboral, económico y financiero del postulante, garantizando la transparencia del proceso de selección. No es responsabilidad de la Contraloría la omisión o inexactitud en la información proporcionada por el postulante ni aspectos que excedan el ámbito de verificación establecido en la normativa aplicable.
5. En cumplimiento de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, la Contraloría reafirma que ha actuado con estricto apego a la legalidad, dentro de las competencias que la Ley le confiere. Cualquier cuestionamiento sobre antecedentes judiciales o fiscales del Sr. Rafael Manuel Ruiz Hidalgo debe ser atendido por las entidades competentes.
6. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el control gubernamental y la lucha contra la corrupción, garantizando que nuestras evaluaciones se realizan con rigor técnico y en el marco normativo que rige nuestra labor.
Lima, 12 de marzo de 2025
